En la provincia constan fusilamientos de 1936 a 1955, con enterramientos en más de la mitad de los pueblos
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En la provincia de Málaga hay documentadas 76 fosas comunes repartidas por 54 localidades. Eso, sin contar con las del antiguo cementerio de San Rafael, en la capital, la mayor fosa común de toda España y una de las más grandes de Europa. En total, se contabilizan 7.639 fusilados. La víctima más joven que está documentada tenía 15 años y era de Antequera; la de más edad tenía 72, vecino de Alfarnatejo. Solo en San Rafael se han documentado 4.471 ejecutados, de los cuales se recuperaron los restos de 2.840 en las las exhumaciones llevadas a cabo entre 2006 y 2009.
Las ejecuciones en la provincia constan desde 1936 a 1955, aunque la represión fue especialmente cruel en el 1937, después de que las tropas franquistas tomaran Málaga. Ese año, “las sacas son diarias desde la antigua prisión provincial al cementerio de San Rafael”, explica la historiadora Raquel Zugasti, que refiere que en 1938 todavía eran “entre dos y tres semanales” y que a partir de 1939 desciende el número pero sigue habiendo “una constancia”. Es lo que llama “el terror caliente”, una violencia que con el tiempo se burocratizó y que consistía en “matar al que no piense como nosotros”. Con esta premisa, la realidad muestra que hay enterramientos clandestinos con fusilados en más de la mitad de los pueblos malagueños, con la excepción de la comarca de la Axarquía, donde según la historiadora, las militares que llegaron –de tropas italianas– “preferían detener, trasladar y ejecutar en los municipios más grandes, como Vélez-Málaga”.
Así, el listado completo de fosas comunes en Málaga muestra enterramientos en Antequera (458 víctimas), Coín (220), Ronda (400), Vélez-Málaga (228), Campillos (150), Teba (125), Álora (196), Alcaucín (1), Alfarnate (18), Alfarnatejo (5), Alhaurín el Grande (22), Almogía (11), Alozaina (30), Archidona (98), Ardales (38), Arriate (6), Benaoján (4), Bobadilla (9), El Burgo (37), Cañete la Real (36), Cártama (108), Cartaojal (5), Casarabonela (105), Casares (49), Colmenar (16), Cortes de la Frontera (14), Cuevas Bajas (19), Cuevas de San Marcos (30), Estepona (110), Fuengirola (28), Fuente de Piedra (11), Gaucín (44), Guaro (33), Humilladero (5), Jimera de Líbar (8), Marbella (78), Mollina (18), Montejaque (5), Ojén (3), Periana (8), Pizarra (20), Riogordo (12), Sierra de Yeguas (34), Tolox (10), Torremolinos (10), Torrox (16), Valle de Abdalajís (22), Villanueva de Algaidas (35), Villanueva de la Concepción (17), Villanueva de Tapia (29), Villanueva del Cauche (15), Vllanueva del Rosario (45), Villanueva del Trabuco (77) y Yunquera (38).
Zugasti, que participó en la elaboración de este mapa, publicado por la Junta de Andalucía en 2010, apunta que la mayoría de enterramientos se encuentra en los cementerios, pero que hay documentados algunos en cunetas o en descampados y que muchos de estos han desaparecido porque, con el paso de los años se ha construido –como en Fuengirola–. Muchas fosas se han abierto ya, como la de San Rafael, Alfarnatejo, Teba, Cañete la Real, Coín, Ronda o Campillos, donde se trabaja actualmente; otras han sido señalizadas y en otros municipios, como Álora, siguen la búsqueda en el patio de armas del castillo –donde antes estaba el camposanto– porque las primeras excavaciones no dieron resultado.
"El mundo alrededor de las fosas"
Más allá de las cifras, Rafael Molina, presidente de la Asociación Contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, habla del “mundo alrededor de las fosas”, esas historias familiares que han estado “silenciadas” durante demasiados años. “Es de las condenas más crueles que hay”, dice, al tiempo que subraya que “la ignorancia de dónde están los restos de tu familiar es un sufrimiento que queda y que se trasmite”.
Todas esas emociones salen durante las exhumaciones. “Son momentos inenarrables”, asegura Molina, que participó como voluntario en las de San Rafael y en otras tantas en la provincia. Relata cientos de experiencias, como la vivida en Alfarnatejo: “Encontrar unos restos y poderle a un hombre este es tu padre, y ver a ese señor con 80 años, que había estado un mes sentado en una piedra esperando a ver si lo encontraba, arrodillarse y recoger él con sus manos los huesos de su padre que perdió cuando era un niño...”. Otro día cuenta que estando en el muro de San Rafael donde todavía se ven los impactos de bala, una mujer mayor se le acercó con una foto en la mano en la que estaba ella, de niña, con su madre: “Me dijo que esa foto la tenía colgada su padre con un imperdible a la chaqueta cuando lo fusilaron”.
Andrés Fernández, el arqueólogo que dirigió las exhumaciones en San Rafael, recuerda que fueron unos trabajos difíciles porque todavía no se había aprobado la primera Ley de Memoria Histórica y no existía un protocolo. De aquellos tres años guarda “estampas agridulces” de familiares que “estaban haciendo el duelo que no habían tenido nunca”, al tiempo que narraban sus historias de vida: “Hijos que no conocieron a sus padres o que recuerdan llegar a casa y ver cómo se lo llevaban”. O personas que se acercaban al cementerio sin saber si su antepasado podría estar allí y descubrir su nombre en el listado.
Los fusilados solían ser hombres, jóvenes, afiliados a sindicatos o simpatizantes de la República, pero también gente de derechas que no era afín al golpe. Solo del 3% al 5% de las personas ejecutadas eran mujeres, aunque en Campillos el número de mujeres supera el 20% del total de los cuerpos recuperados, un hallazgo que ha sorprendido a los arqueólogos. En general, a ellas se les reservaba “otro tipo de represión”, según dice la historiadora Zugasti, que comenta que “se les negaba el pensamiento libre femenino”. Eran rapadas, se les obligaba a beber aceite de ricino y se les paseaba en esas condiciones por el pueblo, “era una forma de humillación pública, de dejarlas permanentemente marcadas”.
Todas estas vivencias son “la verdadera memoria histórica”, según el presidente de la Asociación Contra el Silencio y el Olvido, entre cuyos objetivos está divulgar la memoria histórica de la provincia, muy ligada al antiguo cementerio de San Rafael y a la llamada Desbandá, el bombardeo de civiles que huían por la carretera de Almería en 1937.
Molina cuenta que en sus charlas no omite las muertes que hubo en la época republicana, durante los primeros meses de la Guerra Civil, cuando “se mató a 1.052 personas de manera injusta”, pero también explica que fueron “crímenes coyunturales” y “no achacables a las autoridades republicanas, que no mandaron que se hicieran”. “Fueron milicianos incontrolados que no fueron al frente a luchar y que se quedaron aquí, yendo a buscar a señoritos y a gente que iba a misa”, describe.
Lo que hubo después “fue una represión que estatal, en la que el que se convierte en asesino es el Estado y que duró hasta 1955”, año en el que está datado el último fusilamiento en el cementerio de San Rafael. “Acusaron de rebelión a los que fueron fieles al régimen legalmente establecido –la República– y eso se penaba con la muerte”, explica Molina, que pone el ejemplo de una sentencia por la que un hombre, que era albañil y que había ayudado a cavar trincheras, fue fusilado por “aportar su pericia al bando rebelde”.
“Cuando la gente dice que somos buscadores de huesos. Mire, no. Cuando uno vive en su casa el sufrimiento que ha visto en su padre o en su abuelo, de no saber dónde está su antecesor, dónde lo enterraron, por qué lo mataron y que no se pueda hablar de él. Todo eso es una condena que pesa en el tiempo”, subraya. Por eso, defiende que de lo que se trata es de “intentar reparar ese dolor y recuperar la memoria de esas personas que injustamente fueron silenciadas”. “Es cierto que en el otro lado también hubo gente que murió, pero tuvieron su reconocimiento. Los que fusilaron en Málaga en la época republicana están enterrados en la Catedral”, dice Molina.
Una pirámide para recordar a los 4.471 fusilados en San Rafael
En el caso del cementerio de San Rafael, para contribuir a esa reparación se levantó una pirámide funeraria como monumento en memoria de las víctimas de la represión franquista. En ella se grabaron los nombres de las 4.471 víctimas allí documentadas y se depositaron los 2.840 cuerpos recuperados de la fosa, en cajas individuales.
Queda pendiente la identificación genética de los restos mediante el ADN, porque ninguna de las cajas tiene nombres y apellidos. Durante las excavaciones se tomaron muestras de algunos cadáveres y de familiares, las muestras se enviaron a la Universidad de Granada, pero el cotejo no es fácil. Molina alude a las dificultades por el mal estado de los cuerpos y la pérdida de familiares directos reduce las posibilidades de encontrar coincidencias genéticas. Al respecto, el arqueólogo considera que hay que ser “realistas” porque han pasado 90 años.
Al respecto, lamentan que la memoria democrática no se haya podido materializar hasta tan tarde, teniendo en cuenta que se han cumplido ahora 50 años de la muerte de Franco, un día que Molina, que cuando entonces tenía 19 años, recuerda como “de alegría” para la gran mayoría de los españoles. “Era la esperanza del cambio, la ilusión de volver a una libertad que se había perdido durante muchísimos años y que hubo generaciones, como la mía, que no conocieron”, relata.
Señala que hubo que pagar un peaje, pero que aún así, “a martillazos y con muchas concesiones” se consiguió sacar adelante la democracia. Esa misma que hoy en día, aunque en su opinión sea estable, “está en un momento muy peligroso” por el avance de la extrema derecha que “con la cultura del meme sabe ganarse a mucha gente”. “Podemos entrar en una involución”, advierte. Sobre ese “negacionismo”, la historiadora Raquel Zugasti sostiene que “nuestra historia nos define como sociedad y negarla no quiere decir que no nos afecte”.
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