Mientras que se conmemora el aniversario 50 de la muerte del dictador Francisco Franco, el Gobierno español dio un nuevo paso para un mejor entendimiento de la represión franquista: instará a la Abogacía del Estado a reclamar judicialmente el archivo del dictador, actualmente en manos de la fundación que lleva su nombre, con el objetivo de integrarlo en el dominio público.
El anuncio llega en un momento de reflexión histórica y debate político sobre la memoria democrática del país.
Memoria de la dictadura
Durante una entrevista concedida a TVE, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defendió que el archivo “pertenece a los españoles y a los investigadores”, subrayando que los documentos reflejan la actividad oficial de Franco como jefe del Estado entre 1939 y 1975 y, por tanto, deben considerarse patrimonio público.
El fondo documental consta de más de 27.600 documentos digitalizados: alrededor de 950 fechados en los años 1930, 8.500 en los 1940, 9.500 en los 1950, 5.700 en los 1960 y poco más de 1.000 en los años setenta cuando terminó la dictadura, además de unos 2.000 sin datación precisa.
El Ejecutivo realizó el pasado 4 de julio un informe técnico para determinar el carácter del archivo, concluyendo que todos los materiales proceden del ejercicio de funciones públicas. Con base en la Ley del Patrimonio Histórico Español, el Gobierno sostiene que estos documentos deben ser restituidos al Estado y conservados en un archivo público donde puedan ser consultados libremente.
Fundaciones franquistas
La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio de Cultura, que ya inició los trámites para solicitar la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco y otras cuatro entidades que promueven valores vinculados a la dictadura. En el caso de la Fundación Francisco Franco, el procedimiento se basa en que su actividad constituye “apología del régimen, desprecio y humillación a las víctimas”, lo que vulnera la Ley de Memoria Democrática. El proceso se encuentra actualmente en fase de alegaciones hasta el 24 de noviembre.
La dictadura franquista, instaurada tras la Guerra Civil (1936-1939) y prolongada durante 36 años, dejó profundas heridas en la sociedad española. Organizaciones de memoria histórica calculan que más de 140.000 personas fueron desaparecidas durante el régimen, especialmente en sus primeros años, acusadas de simpatizar con la República o sostener ideas contrarias al franquismo y a los valores católicos. Miles de ejecutados, torturados o detenidos permanecen en fosas comunes aún sin localizar o sin exhumar.
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