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JUEVES, 27 DE DICIEMBRE DE 2012
Sostiene que quitar del medio al juez Garzón fue un “castigo ejemplarizante”, muy distinto a los procesos de memoria iniciados aquí en 2003.
entrevista a ariel jerez, politólogo de la universidad complutense de madrid
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| Ariel Jerez |
24 Diciembre 2012
Estuvo en Buenos Aires invitado por la investigadora Susana Sel, para participar en las jornadas “Derechos Humanos, Comunicación y Memorias en Acción”, coordinadas por la UBA, la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Gino Germani. Y, en medio de las ponencias, habló con Tiempo Argentino sobre la dictadura franquista, y la puerta que según él cerró definitivamente España cuando la Audiencia Nacional impidió que Baltasar Garzón investigara los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la Guerra Civil y perpetrados por el Estado. Hoy, la única causa abierta en el mundo sobre aquella dictadura, que arrastra 110 mil fusilados y 30 mil niños secuestrados por los falangistas, tramita en el juzgado argentino de la Dra. María Servini de Cubría.
“En mis clases de Sistema Político Español –comienza–, una de las cosas que permanentemente reclamo a mis alumnos es la necesidad de que tengan reflexión crítica sobre lo hecho por la llamada ‘transición’ política que, a mi juicio, es responsable de buena parte del problema actual. ¿Cómo es posible que treinta años después del franquismo, sigamos manejando el discurso de una transición ejemplar? Porque los gobiernos que llegaron luego de la dictadura no sólo taparon aquel período tan traumático y escondieron la memoria, sino que además provocaron la crisis actual, y cerraron las puertas para cualquier proyecto alternativo posible en el campo económico y social en general.”
–Da la impresión de que el problema español es doble. Por un lado, el Estado se niega a revisar el pasado, y, por otro, tampoco la sociedad demuestra mucho interés en hacerlo.
–Es verdad, pero yo analizaría las causas por lo que ocurre eso. Porque, de otra manera, nos quedaríamos con la respuesta simplista de decir “a la gente no le interesa saber sobre los crímenes de (Francisco) Franco porque ha pasado mucho tiempo”, y ya. En España no hubo un discurso público que estimulara a reflexionar sobre la dictadura. Lo que ancla estas cuestiones es la dimensión jurídica, y cuando esa dimensión no existe, el tema queda a merced de los vaivenes de la opinión pública. Y ahí es donde la derecha se maneja muy bien. Yo lo definiría como la estrategia del revisionismo negacionista, a través de medios de comunicación y figuras del Partido Popular, que viven negando los crímenes de lesa humanidad del franquismo. Este particular análisis revisionista ha logrado actualizar aquellas tesis impuestas por el sistema a lo largo de 40 años de dictadura, que equiparaban la violencia, como si el bando nacional y el republicano hubieran generado los mismos muertos. No son comparables las responsabilidades, a partir de la violencia indiscriminada ejercida por el Estado, y su profundo agravio hacia las víctimas que generó esa violencia. Los dictadores llegaron a instalar que la Guerra Civil no se produjo a partir del golpe de Franco, sino que fue motivada por la revolución de los mineros de Asturias de 1934. Otro discurso oficial fuerte fue imponer la idea de que la “verdadera democracia” nació de las entrañas del franquismo, gracias al desarrollismo económico de los años sesenta.
–¿Qué postura toman los medios de comunicación frente a ese discurso?
–De hegemonía total, y un ejemplo es el diario El País, supuesto gran referente del ámbito periodístico progresista. Ese sí que fue un periódico creado desde el interior del franquismo, con dos ministros franquistas entre sus fundadores. Y, sin embargo, pasó como modelo de progresismo no sólo para España, sino para América Latina. Como bien dice el profesor Vicenc Navarro, El País nunca se opuso al programa neoliberal, a la flexibilización del mercado de trabajo, o a la reducción del gasto público.
–La equiparación de responsabilidades se parece a lo que en Argentina se llamó “teoría de los dos demonios”.
–Es algo similar, y allí pivotó todo el discurso del franquismo desde 1964, momento a partir del cual la versión oficial de la Guerra Civil se suaviza, por llamarlo de alguna manera. Porque, históricamente, la victoria de los falangistas estuvo teñida de cruzada contra el marxismo y la masonería. Desde aquel año, en el marco de los 25 años de paz, la manera en que el poder optó por explicar lo que había ocurrido fue hablar de “guerra fraticida”, de “locura colectiva” en la que todos caímos y era preciso olvidar y dejar atrás. Sin embargo, las culpas también alcanzan a la izquierda, que tampoco desarrolló ni ayudó a generar ese pensamiento crítico del que hablábamos antes. Y no lo hizo a pesar de los treinta años de democracia, y de que el franquismo, a lo largo de cuatro décadas, educó bajo el miedo y la opresión a tres generaciones de españoles. El PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y el PC (Partido Comunista) fueron funcionales a eso, este último con el reparto de cargos al interior de las organizaciones de trabajadores y administraciones locales. Otro sector que se plegó a esa lógica fue el cultural. La academia se compró el discurso de la transición, de que era necesario olvidar todo. Ocurre en mi propia facultad. Los que pensamos distinto estamos presos de esa lectura.
–¿De qué manera actuaron los organismos de Derechos Humanos, si es que los hubo?
–Aclaremos una cosa: en España no ocurrió lo mismo que en Argentina, donde las entidades de la sociedad civil, y sobre todo los organismos, encabezados por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, vinieron peleando desde siempre por esclarecer crímenes de lesa humanidad. Sí existieron algunos conatos de eso, entre 1977 y 1980, donde llegaron a producirse exhumaciones de cuerpos víctimas de fusilamientos. Recuerdo que yo vivía en un pueblo, y en cierta oportunidad, se organizó un escrache en el que familiares de asesinados fueron a gritar a la casa del falangista autor de los crímenes. Pero se trataba de acciones por fuera de los partidos políticos, porque el PSOE y el PC ya habían pactado, y “todo el pescado estaba vendido”, como se dice. Esa gente no tenía ni recursos ni apoyo estatal, los movía la indignación y el sentido de justicia, simplemente. También en esos años se intentó crear un tribunal internacional simbólico que condenada aquellos crímenes, en el que participó Jean-Paul Sartre. La idea fue del PCML (Partido Comunista Marxista Leninista), pero cayó cuando en el ’78, ya en democracia, detuvieron a veinte de sus impulsores.
–En la década del ’90, en Argentina ocurrió algo similar con los Juicios por la Verdad. Audiencias testimoniales llevadas a cabo por fuera del ámbito judicial regular, pero que sirvieron de base para los procesos actuales en todo el país.
–Conozco el tema, y lo considero un precedente importantísimo, porque mucho del material que se trata hoy en los juicios de lesa humanidad argentinos provino de aquella iniciativa. España fue la otra cara, y vuelvo a la responsabilidad de la izquierda. Porque si hubiese actuado distinto, en términos de construcción de subjetividades hubiera sido posible envalentonar a la gente para que adoptara una identidad empoderada, después de años de ser víctima del franquismo. Esto no se hizo, y se aprovechó la cultura de la obediencia para poner a la gente en su sitio. Mirá, no se trata de mensurar el horror, pero la dictadura franquista fue realmente atroz. Además de los muertos en la guerra, tenemos 110 mil fusilados, 30 mil niños a los que les cambiaron su identidad, y un grado de adoctrinamiento y miedo que atravesó a tres generaciones. Ese adoctrinamiento hizo que los mismos descendientes de los asesinados o secuestrados por la falange no quisieran saber nada de su pasado. Y el colmo: hubo personas que llegaron a condenar el compromiso político de su familiar al enfrentar a la dictadura, culpando a sus padres o abuelos por la situación de sufrimiento que viven hoy.
–En un seminario europeo, el año pasado declaró sentir “sana envidia” por la política de memoria encarada aquí desde la aparición del kirchnerismo. Imagino que todavía lo piensa.
–Claro, porque la experiencia argentina demostró valentía y coraje cívico que arrancó con las Madres, pero después ocupó la esfera pública a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Con la irrupción hasta sorpresiva de Kirchner en 2003, el tema de la revisión del pasado, y la reparación de sus injusticias, constituyó un plan estratégico para recuperar no sólo una identidad perdida como sociedad, sino además una agenda abandonada. Y el estímulo funcionó, porque se generaron ganas de participar que fueron multiplicándose cada vez más. España cuenta con un grado de despolitización llamativo. Los indicadores sociales nos dan las peores tasas de afiliación a organizaciones, ONG, partidos políticos o sindicatos. Por debajo del diez por ciento de la población. En lugar del análisis del pasado, el disciplinamiento logró imponer la evasión, la fiesta, o lo que llamamos “la cultura del botellón”. Somos los reyes del turismo alcohólico de Europa, y debemos ser el país de mayor índice de juegos de azar después de Filipinas. La cultura de la fiesta fue la válvula de escape que eligió el franquismo para que la gente no pensara en otras cosas.
–¿La actitud de la justicia española, de abortar el intento de Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, cierra la posibilidad de cambiar esa realidad?
–Sí, porque el hecho de haberlo sacado de la Audiencia Nacional constituyó un castigo ejemplarizante, estratégico y a conciencia, del que participó el propio sector jurídico del PSOE con su vicepresidenta, María Fernández de la Vega. Un partido que llegó a votar la Ley de Memoria Histórica tarde, por compromiso, y que nunca la puso en práctica. Hoy, la última esperanza para las víctimas del franquismo es la causa que tramita en Argentina, porque allá, todas las puertas están cerradas. «
el estado de la investigación
“Es un compañero entrañable –dice Ariel Jerez–, que cuando notó que en España todos los caminos estaban cerrados, aquí vio un rinconcito abierto, y entró”. El docente se refiere a Emilio Silva, presidente de la española Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). La entidad trabaja desde hace una década en la recuperación de restos de ciudadanos muertos por el franquismo, y en los últimos meses se sumó a la querella que un grupo de familiares víctimas de la dictadura comenzaron en los tribunales argentinos. La causa, tramitada por la jueza federal María Servini de Cubría, se inició en abril de 2010 con la denuncia de Darío Rivas, cuyo padre fue fusilado por miembros de la Falange y enterrado en una fosa clandestina. En distintas tareas de exhumación de cuerpos, la ARMH dispuso un equipo de arqueólogos y antropólogos que consiguieron identificar decenas de ciudadanos españoles asesinados en medio del campo durante la Guerra Civil. E incluso desempolvar certificados de defunción que todavía se conservaban ocultos desde aquella época en dependencias policiales, donde como “motivo del fallecimiento” figuraba la frase “lucha contra el marxismo”.
Uno de esos casos fue el de Antonio Fernández, “Cesterín”, rematado de un disparo en 1936 en Villanueva de Valdueza. El cuerpo de Antonio permaneció enterrado en un paraje de ese lugar hasta octubre de 2011, cuando después de una investigación iniciada por Adriana, su nieta, la Asociación finalmente lo encontró.
“Dar con los restos de mi abuelo fue algo emocionante –dice Fernández a Tiempo Argentino–, pero este es un caso más entre miles. Por eso es clave que la causa en nuestro país continúe. El franquismo no sólo tapó miles de asesinatos, sino que además contribuyó a que en la actualidad, en España los poderes públicos boicotearan cualquier intento por saber la verdad”.
El de Adriana es uno de los 200 expedientes abiertos que componen la querella, donde se acaba de incorporar una carpeta con 5000 adhesiones para que el proceso se agilice. La denuncia es comandada desde Europa por los abogados Ana Messuti y Carlos Slepoy, y desde Argentina por los doctores Máximo Castex, David Baigún, Beinusz Szmukler y Ricardo Huñiz.
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