"Seguid en la pelea y derribad el muro de impunidad que nos rodea”
Centenares de personas acudieron en Madrid al acto de apoyo a la querella contra los crímenes del franquismo. Niños robados, presos políticos, gays represaliados, ‘topos’ y maquis entre las víctimas a recordar.
“En España hay cientos de represores vivos que pueden ser juzgados”. El abogado argentino Carlos Slepoy, uno de los promotores de la querella contra los crímenes del franquismo interpuesta en Buenos Aires en abril de 2010, abría de este modo el acto celebrado el sábado por la red AQUA para recabar apoyos ciudadanos y colaborar con la investigación de los tribunales argentinos. A la entrada del mismo se pedían firmas –cualquier persona puede apoyar la querella y aportar información- y ayudas económicas para sufragar el coste de tener que solicitar justicia a miles de kilómetros.
Slepoy subrayó las contradicciones del sistema judicial español: “El mismo Tribunal Supremo que dictó sentencia contra Scilingo [responsable durante la última dictadura militar argentina] determina que delitos similares ocurridos en España no pueden ser investigados”. Y añadió que en su país, las leyes de obediencia debida y punto final “no evitaron la persecución a los torturadores”, en respuesta a quienes defienden la ley de amnistía de 1977, principal escollo en la investigación judicial de los delitos del franquismo. “Venimos de lejos, pero si para la memoria no cuenta el tiempo transcurrido, para la justicia no deben importar los kilómetros”, concluyó
Diferentes tipos de víctimas intervinieron ante los centenares de personas que llenaron parte del auditorio de Comisiones Obreras en Madrid, y cada una representó las diferentes formas de represión que, durante el franquismo, se aplicaron de forma indiscriminada. Fausto Canales, hijo de un republicano enterrado en el Valle de los Caídos contra la voluntad de su familia, pidió al auditorio seguir “en la pelea”. “No desfallezcáis; derribemos el muro de impunidad que nos rodea”, clamó.
En representación de las asociaciones de niños robados, Soledad Luque leyó un comunicado en el que este colectivo mostraba su preocupación por la eliminación de pruebas. “Sospechamos que ya se están destruyendo muchos documentos; a pesar de vivir en democracia, seguimos sintiéndonos víctimas”, lamentó.
La historiadora y profesora Mirta Nuñez denunció la supresión de subvenciones a la memoria histórica que ha llevado a cabo el Partido Popular en sus últimos presupuestos. “Quedan muchos temas pendientes, como el del Valle de los Caídos o las miles de exhumaciones que necesitan pruebas de ADN”.
El colectivo de ex presos políticos recordó, a través de Manuel Blanco Chivite, uno de los últimos condenados a muerte, que “los nombres de los ministros que firmaron las sentencias de muerte de los últimos ejecutados, en 1975, y de los militares que formaron los consejos de guerra están incluidos en la querella”. Por su parte, las hermanas de Salvador Puig Antich, el joven anarquista ejecutado a garrote vil en 1974, intervinieron para explicar el periplo judicial en el que llevan desde la muerte de su hermano.
Los testimonios grabados de Víctor Galán, condenado en campos de trabajos forzados, Juan Iruzubieta, que vivió escondido en su casa varios años, y Antonio Martínez, enlace de la guerrilla antifranquista en León, trajeron otros relatos de víctimas narrados en primera persona. Jaime Pastor, profesor de la UNED e hijo de exiliados, recordó la lucha en la clandestinidad. “Hasta el último día de la dictadura hubo gente que se vio obligada a exiliarse”, añadió.
La denuncia referente a las incautaciones de bienes a familias republicanas llegó con el relato de Manuel de Cos (1920), quien vivió en la intemperie durante 40 días después de que les arrebataran su vivienda. “Nos echaron a la calle con mi madre y mis seis hermanas, la menor tenía dos meses”. “Tengo muy vivos mis recuerdos”, advirtió.
El artista plástico Javi Larrauri leyó un texto de Empar Pineda y Eduardo Mendicutti en defensa del colectivo de homosexuales represaliados y con un mensaje a favor del activismo:“Quienes no hemos vivido esa humillación, tenemos la obligación de que esos testimonios no se pierdan”.
Música represaliada
“Tiene el record de conciertos prohibidos”. Así anunciaron los conductores del acto –los actores Carlos Olaya y Fany Condado- a Elisa Serna. La cantautora dedicó ‘¿Qué quiere esta gente, que llaman de madrugada?’ al estudiante Enrique Ruano, muerto mientras permanecía bajo custodia de la policía franquista que lo había detenido días antes.
“La represión no sólo duró hasta la muerte del dictador”, recordó el cantaor flamenco Luis Farnox, quien recordó tras su actuación a Agustín Rueda, anarquista preso en la cárcel de Carabanchel que murió a consecuencia de una paliza el 13 de marzo de 1978.
La música de Suburbano, Ángel Petisme, Ismael Serrano y la joven cantautora Lucía Sócam, nieta de una de las 17 ‘rosas de Guillena’, pusieron fin al acto que recabó nuevas adhesiones a la investigación de los crímenes franquistas que sigue su curso en Buenos Aires.
“En España hay cientos de represores vivos que pueden ser juzgados”. El abogado argentino Carlos Slepoy, uno de los promotores de la querella contra los crímenes del franquismo interpuesta en Buenos Aires en abril de 2010, abría de este modo el acto celebrado el sábado por la red AQUA para recabar apoyos ciudadanos y colaborar con la investigación de los tribunales argentinos. A la entrada del mismo se pedían firmas –cualquier persona puede apoyar la querella y aportar información- y ayudas económicas para sufragar el coste de tener que solicitar justicia a miles de kilómetros.
Slepoy subrayó las contradicciones del sistema judicial español: “El mismo Tribunal Supremo que dictó sentencia contra Scilingo [responsable durante la última dictadura militar argentina] determina que delitos similares ocurridos en España no pueden ser investigados”. Y añadió que en su país, las leyes de obediencia debida y punto final “no evitaron la persecución a los torturadores”, en respuesta a quienes defienden la ley de amnistía de 1977, principal escollo en la investigación judicial de los delitos del franquismo. “Venimos de lejos, pero si para la memoria no cuenta el tiempo transcurrido, para la justicia no deben importar los kilómetros”, concluyó
Diferentes tipos de víctimas intervinieron ante los centenares de personas que llenaron parte del auditorio de Comisiones Obreras en Madrid, y cada una representó las diferentes formas de represión que, durante el franquismo, se aplicaron de forma indiscriminada. Fausto Canales, hijo de un republicano enterrado en el Valle de los Caídos contra la voluntad de su familia, pidió al auditorio seguir “en la pelea”. “No desfallezcáis; derribemos el muro de impunidad que nos rodea”, clamó.
En representación de las asociaciones de niños robados, Soledad Luque leyó un comunicado en el que este colectivo mostraba su preocupación por la eliminación de pruebas. “Sospechamos que ya se están destruyendo muchos documentos; a pesar de vivir en democracia, seguimos sintiéndonos víctimas”, lamentó.
La historiadora y profesora Mirta Nuñez denunció la supresión de subvenciones a la memoria histórica que ha llevado a cabo el Partido Popular en sus últimos presupuestos. “Quedan muchos temas pendientes, como el del Valle de los Caídos o las miles de exhumaciones que necesitan pruebas de ADN”.
El colectivo de ex presos políticos recordó, a través de Manuel Blanco Chivite, uno de los últimos condenados a muerte, que “los nombres de los ministros que firmaron las sentencias de muerte de los últimos ejecutados, en 1975, y de los militares que formaron los consejos de guerra están incluidos en la querella”. Por su parte, las hermanas de Salvador Puig Antich, el joven anarquista ejecutado a garrote vil en 1974, intervinieron para explicar el periplo judicial en el que llevan desde la muerte de su hermano.
Los testimonios grabados de Víctor Galán, condenado en campos de trabajos forzados, Juan Iruzubieta, que vivió escondido en su casa varios años, y Antonio Martínez, enlace de la guerrilla antifranquista en León, trajeron otros relatos de víctimas narrados en primera persona. Jaime Pastor, profesor de la UNED e hijo de exiliados, recordó la lucha en la clandestinidad. “Hasta el último día de la dictadura hubo gente que se vio obligada a exiliarse”, añadió.
La denuncia referente a las incautaciones de bienes a familias republicanas llegó con el relato de Manuel de Cos (1920), quien vivió en la intemperie durante 40 días después de que les arrebataran su vivienda. “Nos echaron a la calle con mi madre y mis seis hermanas, la menor tenía dos meses”. “Tengo muy vivos mis recuerdos”, advirtió.
El artista plástico Javi Larrauri leyó un texto de Empar Pineda y Eduardo Mendicutti en defensa del colectivo de homosexuales represaliados y con un mensaje a favor del activismo:“Quienes no hemos vivido esa humillación, tenemos la obligación de que esos testimonios no se pierdan”.
Música represaliada
“Tiene el record de conciertos prohibidos”. Así anunciaron los conductores del acto –los actores Carlos Olaya y Fany Condado- a Elisa Serna. La cantautora dedicó ‘¿Qué quiere esta gente, que llaman de madrugada?’ al estudiante Enrique Ruano, muerto mientras permanecía bajo custodia de la policía franquista que lo había detenido días antes.
“La represión no sólo duró hasta la muerte del dictador”, recordó el cantaor flamenco Luis Farnox, quien recordó tras su actuación a Agustín Rueda, anarquista preso en la cárcel de Carabanchel que murió a consecuencia de una paliza el 13 de marzo de 1978.
La música de Suburbano, Ángel Petisme, Ismael Serrano y la joven cantautora Lucía Sócam, nieta de una de las 17 ‘rosas de Guillena’, pusieron fin al acto que recabó nuevas adhesiones a la investigación de los crímenes franquistas que sigue su curso en Buenos Aires.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada