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San Fernando de Henares, 15 dic (EFE).- La Coordinadora X-24, que representa a la mayoría de asociaciones de víctimas de niños robados en España, ha reclamado hoy al Gobierno central participar en la gestión de la oficina que ayudará desde el próximo mes de enero en la labor de documentación de este tipo de casos.
En el acto de apertura del II Encuentro de la Coordinadora, que ha tenido lugar en la localidad de San Fernando de Henares, representantes de las veintidós asociaciones de la organización han denunciado la falta de información sobre el funcionamiento del nuevo servicio de atención a las víctimas.
"Queremos que la gestión de la oficina la realicen las asociaciones, que sean el filtro. Aunque la infraestructura sea del Gobierno, nosotros tendremos que estar supervisando y controlando todas las actuaciones", ha dicho la presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, Soledad Luque.
El vicepresidente del Colectivo Sin Identidad de Canarias, Francisco González Tena, ha reclamado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un mayor compromiso para esclarecer los 300.000 casos de niños robados que, según la Coordinadora, existen en España.
"Tenemos una carga testimonial y documental impresionante, y no vamos a regalar esos datos que nos han costado mucho trabajo y dolor reunirlos. Si el ministro quiere montar una oficina para recoger datos y después utilizarlos, le pido que antes negocie con las víctimas, y les dé la categoría de tales", ha dicho.
Las asociaciones han criticado la negativa del Gobierno central a atender su principal reivindicación, la tipificación de las denuncias como crímenes de lesa humanidad, lo que evitaría la prescripción de los delitos y la impunidad de los culpables, ha recalcado.
"En la circular que sacará próximamente la Fiscalía hay dos posibilidades: una prescripción transcurridos veinte años desde el nacimiento o pasados veinte años desde que se pone la denuncia por parte de la familia o el niño adoptado", ha dicho Luque.
La nueva oficina, que ayudará a las víctimas a localizar documentos administrativos para la investigación de los casos, se encontrará con el obstáculo del rechazo de la Iglesia católica a abrir sus archivos, según ha sostenido el colectivo.
"La Iglesia tiene la partida de nacimiento de todos los adoptados. Porque era a través de un cura o una monja como la gente contactaba para tener un bebé", ha asegurado la presidenta de SOS Bebés Robados en Euskadi, Flor Díaz Carrasco.
La Coordinadora defiende que los casos de 'niños robados', que empezaron a conocerse en España partir de 2008 -cuando algunos padres confesaron a sus hijos antes de morir que eran adoptados, son el resultado de "tramas de trata de personas" que actuaron entre los años cuarenta y los años noventa del siglo pasado.
"Si a tantas madres les arrebataron a sus hijos diciéndoles después del parto que habían muerto es porque existían tramas organizadas que podían sacar esto adelante: gente de hospitales, de la Iglesia, de los registros civiles, de los cementerios...", ha asegurado Luque.
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