Don José Manuel Duräo Barroso.
Presidente de la Comisión Europea.
Los abajo firmantes, Familiares-Victimas de las Desapariciones Forzadas producidas durante la Dictadura del general Francisco Franco (1936-1975), nos dirigimos a esta Comisión para exponer las dificultades, obstáculos y desamparo que encaramos para resolver esta cuestión en el marco del Estado de Derecho que disfrutamos los españoles desde el fin de la Dictadura en 1975.
Conscientes de que la cuestión de las Desapariciones Forzadas fue un asunto solapado y silenciado durante el inicio de la Transición (1976-79) que vivió nuestro país, a pesar de este pacto de silencio institucional, las familias nunca renunciamos a nuestro derecho de que en algún momento se pudiera resolver esta cuestión. El hecho de que durante la década de los 80 y 90 algunas familias, de manera puntual, plantearan solicitud de exhumación de sus deudos así lo evidencian.
Esas solicitudes, en algunos casos, obtuvieron respuestas positivas. Después de sortear un sinfin de trabas administrativas, se realizaron sin apoyo judicial. Pero no es hasta el año 2000 que se produce la visibilidad generalizada, en toda la geografía del territorio de España, de la demanda de resolver la cuestión de las Desapariciones Forzadas.
Los motivos de la visibilidad significativa de esta cuestión viene precedida por varias razones:
- La apertura de los archivos militares de la guerra civil a los investigadores y la consiguiente publicación de los trabajos que sobre estos asuntos elaboraron y publicaron los investigadores-historiadores.
- El cambio generacional en el seno de las familias-victimas de Desapariciones y la valoración que las mismas hacemos del proceso de Transición Democrática de España, la percepción de que la democracia española estaba madura para enfrentar su trágico pasado, sustentada moralmente para dar satisfacción a esta cuestión de las Desapariciones Forzadas.
La realidad de los hechos, sin embargo, han desmentido nuestra ingenua percepción pues, una vez que este proceso de visibilidad de las Desapariciones Forzadas toma cuerpo, el Estado Español se ha negado a responder a nuestras demandas de resolver este asunto, sin importarle vulnerar su propio ordenamiento jurídico, el derecho internacional y los compromisos adquiridos al ratificar los tratados que consideran delito continuado e imprescriptible la cuestión de las Desapariciones Forzadas.
Amparado en una interpretación torticera de la Ley de Amnistía de 1977, nos responde que nuestras peticiones no sólo han prescrito sino que se concede una especie de impunidad, o que está habilitado para dar por sancionada la cuestión de las Desapariciones Forzadas.
Ante esta cerrazón, las familias han encontrado un amplio apoyo en la sociedad española y desde diversos ámbitos de la sociedad civil ha surgido una variedad de asociaciones llamadas de la “memoria” con el fin de apoyar, acompañar, a las familias y reclamar, junto con ellas, que esta herida tiene que cerrarse como signo de salud democrática y superación de nuestro trágico pasado.
Muchos de nosotros, cuando hemos dispuesto de información documentada, hemos iniciado procedimientos judiciales e informado al Fiscal General del Estado para que se inicien investigaciones sobre los Desaparecidos, con el resultado de que, en todos los casos, nos han contestado de que estos “supuestos hechos delictivos” han prescrito, valorando y amonestándonos por nuestra actuación como una voluntad de “abrir heridas” y “remover un conflicto civil”.
El hecho más significativo y doloroso de todo este proceder ha sido la temeridad de admitir la demanda de un llamado sindicato Manos Limpias, de conocida significación falangista, contra el Juez de la Audiencia Nacional, Don Baltasar Garzón por atender las denuncias de las familias, abrir y practicar diligencias para resolver el tema de los crímenes y desapariciones de la Dictadura, con el resultado de su procesamiento condenatorio por calificar estos hechos como Crímenes contra la Humanidad, Imprescriptibles y señalar la obligación del Reino de España de investigarlos y dar satisfacción y reparación a las familias.
Al daño y la impotencia que estos hechos nos han producido tenemos que añadir la resolución del Tribunal Superior de Justicia, en marzo de este año, de la imposibilidad de investigar esta cuestión en España.
También tenemos que señalar a esta Comisión la decepción que para todos nosotros ha supuesto la inadmisión de las pocas demandas que se han podido presentar en TEDH, en especial tenemos que señalar el caso nº 301441/09 por Desaparición promovido por la familia de Don Luis Dorado Luque, diputado socialista de la II Republica.
La decisión del TEDH en este caso, al considerar que la demanda le ha sido presentada demasiado tarde y que los hechos en los que se sustentan no entran en su jurisdicción temporal ha originado en la sociedad española un descrédito del TEDH y, a las familias de los desaparecidos, un desamparo toda vez que se nos niega el recurso efectivo para esclarecer el destino de nuestros familiares desaparecidos. Pero también constituyen una negativa en aplicar: “la necesidad de verificar que las garantías ofrecidas por el Convenio y los valores que lo inspiran sean protegidos de manera real y efectiva”.
La aplicación de este requisito a esta demanda aboga porque el caso caiga dentro de la jurisdicción temporal del TEDH, como parece entenderse del hecho que el propio tribunal aprecia una cierta complejidad jurídica al asunto al elevarlo para su lectura a la sala de siete jueces y que su inadmisibilidad no era tan evidente queda corroborado por el hecho que la decisión de la sala Tercera no es unánime, pues la misma se ha tomado por mayoría.
La respuesta estricta de los requisitos formales sin profundizar en las cuestiones que limitaron la acción e iniciativas de los demandantes son un mensaje equivocado por parte de este tribunal que parece atribuir la impunidad aún existente sobre estos crímenes en España a la “falta de diligencia” de las víctimas.
Nosotros pensábamos que Europa aborrecía los crímenes del fascismo y del nazismo y resulta que el TEDH, en el primer caso que analiza sobre el fascismo español, con la llave de los reglamentos nos cierra la puerta.
Tampoco podemos dejar de señalar la respuesta timorata que esta Comisión y el propio Parlamento Europeo han dado a la petición 1347/2011 presentada por Anselma Guillermina Gómez Angulo.
Por todo lo expuesto y acogiéndonos al derecho que como ciudadanos europeos nos otorga la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que con la entrada en vigor del tratado de Lisboa, el 1 de Diciembre de 2009, adquirió carácter vinculante, tenga presentada denuncia contra el Reino de España por incumplimiento de sus compromisos y deberes en el asunto aquí relatado y que están reconocidos como derechos fundamentales de la Unión Europea.
Solicitamos a esta Comisión, a su Presidente, que en función de sus
competencias de velar por el cumplimiento efectivo del Derecho en las
condiciones establecidas por los Tratados y de acuerdo con la jurisprudencia
del tribunal de Justicia de la UE que ha confirmado la obligación de la Unión
por velar por los Derechos Fundamentales se dirija formalmente al Estado
Español para advertirle la obligación que tiene de dar respuesta satisfactoria
a nuestras demandas e informarle que en caso contrario, los familiares de los
desaparecidos pedimos la aplicación del tratado de Ámsterdam articulo 6 párrafo
1º, que introduce la posibilidad de sancionar a aquellos Estados que incurren
en violaciones muy graves sistemáticas de los Derechos Humanos.
Es gracia que esperamos alcanzar de esta Comisión.
4 de diciembre de 2012
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
España
____________________
La campaña de denuncia ante la
Comisión Europea sigue abierta.
Asociación Memoria Histórica y
Justicia de Andalucía
Avd. Blas Infante 4, 8ª planta
41010 Sevilla
Avd. Blas Infante 4, 8ª planta
41010 Sevilla
www.memoriahistoricayjusticiaandalucia.es
www.todoslosnombres.org
Tlf. 659459554
www.todoslosnombres.org
Tlf. 659459554
________________
El pasado lunes 10 de
diciembre los familiares y victimas de la represión franquista presentamos en
la sede de la Comisión Europea en Madrid un escrito dirigido a su presidente,
José Manuel Duräo Barroso para denunciar “el desamparo jurídico y
político” al que estamos sometidas en España.
Esta campaña continúa vigente
y todas las víctimas pueden enviar su escrito basado o no en el modelo que
adjuntamos.
- Lo tendrán que presentar familiares de de desaparecidos y víctimas
- Hay que descargar el documento y rellenar con los datos personales y la firma de quien hace la reclamación
- Se puede enviar por correo con acuse de recibo o registrar en la Representación en España de la Comisión. Esta es la dirección, tanto por el correo como presencialmente:
Comisión
Europea. Paseo de la Castellana, 46. 28046 Madrid
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