Una respuesta a través del Portal de Transparencia detalla que todas las reparaciones, como los brazos de la cruz o la portada de la basílica, las paga también el Estado, así como los salarios, en lo que se invierte un millón de euros al año
Los monjes reciben 340.000 euros directos por transferencia anual: el Tribunal de Cuentas alertó en 2013 de que no había siquiera un presupuesto ni una fiscalización seria de este dinero público
El Gobierno ha pagado en un año 72.033 euros en combustible para la orden benedictina, 5.778 para libros, casi 10.000 euros en gastos de culto, otros 10.000 en vestuario y 8.441 euros en excursiones organizadas por los religiosos
El dictador Francisco Franco tuvo un sueño: construir un gran conjunto monumental para celebrar su triunfo tras el golpe de estado. Esa magnífica obra constaría de abadía de monjes, hospedería, escolanía de niños cantores, una explanada rodeada de árboles, una iglesia y la cruz más grande del cristianismo. Ese coloso para conmemorar su "cruzada", como la denominó en el decreto de creación del Valle de los Caídos de 1940, lo levantó durante su dictadura y la sigue pagando el Estado 78 años después de su creación. Patrimonio nacional corre con los gastos de mantenimiento, de personal y subvenciona todo tipo de actividad religiosa allí. Incluso paga las facturas para la manutención y actividad religiosa de los monjes.
Todos los edificios del Valle son de Patrimonio Nacional: bienes públicos que no pagan impuestos. Para gestionar esta construcción franquista se creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos en 1957, cuya beneficiaria es la abadía de monjes benedictinos. Es una fundación privada de carácter religioso que recibe todos los años una subvención directa del Estado de 340.000 euros para cumplir su fines: "Rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional", dirigir una escolanía de niños cantores, recoger el pensamiento de pontífices, mantener el culto "con todo el esplendor que la Iglesia recomienda"... Además de esta transferencia directa, Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, corre con todos los gastos. Desde reparar una cornisa, gestionar la venta de entradas, cuidar la hospedería o financiar el vestuario y los hábitos de los religiosos.
¿En qué se gastan los monjes esos 340.000 euros anuales? La opacidad ha rodeado siempre esta cifra. De hecho, el Tribunal de Cuentas hizo en 2013 un duro informeen el que afeaba a Patrimonio el descontrol en el gasto de este dinero público y en el que evidencia que "no se elabora un presupuesto de ingresos y gastos ni se rinden cuentas de su ejecución (...). De esta subvención no se ha rendido nunca cuenta justificativa", sentencia. Además de alertar de algunos errores en las cotizaciones, concluye que se incumple la Ley General de Subvenciones por la falta de control público.
También alerta de que, hasta ese año, la transferencia de los 340.000 euros se hacía directamente a la abadía de monjes, en lugar de hacerla a la fundación religiosa que gestiona el Valle, una medida que Patrimonio asumió a partir de 2016, aunque los destinatarios finales siguen siendo los benedictinos. En 2017, el Gobierno sí aprobó un informe de fiscalización de las cuentas, según relata en una respuesta a eldiario.es a través del portal de transparencia, pero sin aportar el mismo. eldiario.es lo ha solicitado a Patrimonio, que confirma que no lo va a hacer público.
La única referencia de en qué gastan los monjes ese dinero está en el propio informe del Tribunal de Cuentas de 2013: La mayor partida va a cotizaciones (más de 100.000 euros), la alimentación (84.676 euros), seguida de combustible gasóleo y botellas de GLP (72.033). Las excursiones organizadas por los religiosos se llevaron 8.441 euros y el vestuario, más de 10.000 euros. En libros, los monjes de la abadía gastaron 5.778 euros públicos, ya que entre sus fines está mantener una biblioteca especializada "en materia religiosa y católico-social", según el decreto de creación de la fundación.
Los gastos derivados del culto y las misas también corre a cuenta del Estado: 9.659 euros. Se financia también con impuestos la factura de teléfono, en el que la orden benedictina que cuida del Valle empleó 12.778 euros en 2013. Más allá de estos datos, es un misterio qué ha pasado en los años anteriores o posteriores y cómo ha sido el reparto de gastos, porque Patrimonio no los aporta.
Entonces, ¿qué pagan los monjes o la Iglesia? Fuentes eclesiásticas confirman que nada y, preguntada oficialmente la abadía, no responde. Los monjes no tienen salario porque han hecho voto de pobreza, de modo que ese gasto no es imputable. Si su manutención, el personal del Valle y el mantenimiento de las instalaciones corren a cuenta del Estado, no quedaría ningún gasto importante al que hacer frente, según confirman a eldiario.es expertos en materia contable.
Además de los 340.000 euros anuales para los fines religiosos de la fundación y sus monjes (ahora viven allí 24 más tres acólitos), el Estado pone el dinero para reparaciones del Valle de los Caídos, que tiene serios problemas de humedad y desprendimientos. Según los gastos e inversiones remitidos por el portal de transparencia, se emplean unos 250.000 euros públicos anuales de media: desde el mantenimiento del funicular (más de 100.000 euros en tres años), conservación de las estructuras de los brazos de la cruz (22.000 euros), reparación de cornisas de la Abadía (11.610 euros), de las carpinterías de la escolanía (45.000 euros) o la enfermería para los monjes (45.000 euros). En salarios de personal, según datos facilitados por Patrimonio, se emplean en torno a un millón de euros al año (de los 1,2 millones de 2014 a los 1,02 de 2017). Esto no contempla a los monjes, sino el personal de servicios dedicado al Valle.
Pero, además de financiado por el Estado, el monumento franquista dio pérdidas el año pasado. Los gastos son superiores a los ingresos que obtuvo Patrimonio por la venta de entradas (1,3 millones anuales) y otros ingresos patrimoniales. Según los datos oficiales, 2017 dejó un déficit de 425.583,33 euros, unas pérdidas que financia también el sistema público.
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