La ley de memoria democrática de Andalucía enfila su recta final con la previsión de que vea la luz en enero (pinche aquí para leer el anteproyecto). Lleva meses de retraso. La norma, impulsada por la vicepresidencia de Diego Valderas (IU), es uno de los símbolos que los socios del Gobierno de Susana Díaz quieren enarbolar en los próximos meses. El informe del Consejo Consultivo, paso previo a su aprobación definitiva por parte del Consejo del Gobierno, ya ha visto la luz “sin demasiados borrones”, según fuentes de la Junta. Contará con una memoria económica de 10 millones de euros para su despliegue en los próximos cinco años, avanza el Ejecutivo autonómico.
Con el apoyo de las principales asociaciones de víctimas de Andalucía, la Junta ha elaborado un proyecto no exento de polémica y que contará con el rechazo político previsible del Partido Popular. Ya ha habido fricciones con algunos ayuntamientos del PP. Entre las principales novedades se prevé un catálogo de sanciones para que en el plazo de doce meses desde su entrada en vigor se retiren todos los símbolos del franquismo en Andalucía. Inicialmente se preveían 18 meses pero la dilación en su aprobación ha llevado a la consejería de Valderas a acortar esos plazos. Las multas van desde los 150.000 a  los 200 euros. La mayor sanción multará la construcción sobre fosas comunes, que pasarán a ser consideradas como Bienes de Interés Cultural (BIC), por lo que deberán ser tratados como yacimientos arqueológicos. La negativa a retirar símbolos franquistas también será multada, penando tanto a los ayuntamientos como a las comunidades privadas de vecinos.
La Junta trabaja en un catálogo que señala los principales símbolos de la dictadura franquista que siguen en pie en Andalucía. La catalogación es complicada dada la profusión en pueblos y ciudades, admiten fuentes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Son “miles”, sostienen. Placas conmemorativas, plazas y calles con nombres de generales de Franco o altos cargos de la Iglesia vinculados a la represión fascista centran el catálogo. También será obligatorio la retirada de las placas que marcan, normalmente con el yugo y la flecha, las llamadas “casas baratas del franquismo”, construidas por la llamada obra sindical o el entonces Ministerio de Vivienda. Desde la Junta animan a los propietarios a desatornillar lo antes posible ese tipo de distintivos, que también podrán ser multados en caso de resistencia.
Varias personas se manifiestan por la memoria histórica en el día de la Comunidad andaluza (Efe)Varias personas se manifiestan por la memoria histórica en el día de la Comunidad andaluza (Efe)
Desde calles a colegios publicos
Ya la ley de memoria histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero obligaba a retirar todos estos símbolos, pero la falta de desarrollo reglamentario posterior y la falta de fondos públicos han convertido esa norma en papel mojado en la mayor parte de su articulado. No obstante, muchos ayuntamientos andaluces ya han aprobado mociones dirigidas a retirar estos símbolos. Uno de los episodios más relevantes en Andalucía lo protagonizó el consistorio de Granada, que finalmente el pasado verano y tras muchas reticencias y años de litigio retiró el monolito a Primo de Rivera por orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras una denuncia de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica. El ayuntamiento, del PP, esgrimió “razones artísticas” para negarse a la retirada. También en Huelva o Sevilla hay mociones aprobadas que dictan la retirada de estos símbolos.
Pero no solo los ayuntamientos pasarán por el examen de la ley de memoria democrática. La Junta reconoce que aún existen colegios públicos en Andalucía con nombres dedicados a famosos generales golpistas. En losjuzgados de Sevilla es visible una placa en homenaje al dictador, la Universidad Hispalense acaba de aprobar la retirada de un escudo franquista, similar al que luce en la Escuela de Bellas Artes de Almería. También los cementerios andaluces se encuentran plagados de símbolos.
Habrá también un censo público de víctimas de la represión en Andalucía y se instaurará el 14 de junio como día de recuerdo y homenaje, conmemorando la primera exhumación en la comunidad. La mayor parte de la dotación económica de la ley andaluza estará destinada a abrir fosas y recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas. Fuentes del Gobierno andaluz explican que esa es “la prioridad”. Quedan ya pocos familiares directos de estas víctimas y advierten de que se  hará un esfuerzo para acelerar los trámites y que puedan enterrar a sus desaparecidos.
La Junta actuará de oficio, se autorizan expropiaciones a titulares privados y habrá un mapa que identifique las, al menos, 620 fosas donde yacen unos60.000 desaparecidos en Andalucía, según estimaciones oficiales. Ya hay planes en marcha y en el actual presupuesto se destina una partida de950.000 euros para este fin. En los dos últimos años y medio, la Junta ha realizado unas 40 intervenciones, algunas excavaciones con resultados negativos. Este mismo mes se anunciaba el cierre de las fosas abiertas en el cementerio de Almería tras fracasar la búsqueda de restos en un caso no exento de fricciones con el ayuntamiento de la ciudad.
La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz (Efe)La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz (Efe)
La “ocultación de información”, las dificultades para obtener pruebas documentales o decisiones en los 60 y 70 no comunicadas oficialmente de desenterrar muchos de estos cuerpos son las principales razones que, según la Junta, hace que estas excavaciones tengan un índice no desdeñable de fracasos.
Se recogerán muestras de ADN de familiares de las víctimas que entrarán a formar parte de un banco público biogenético para facilitar el reconocimiento de los restos que sean exhumados. Se actuará, explican, exactamente igual que se hace ahora con los familiares de aquellas personas desaparecidas buscadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.  La ley andaluza no contempla indemnizaciones directas a las víctimas y considera que “la mayor reparación es la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos”.
Andalucía sí aprobó en 2010 un decreto dotado con 180.000 euros destinado a resarcir a un centenar de mujeres represaliadas por las tropas de Franco. Pese a que esta medida generó una gran polémica las indemnizaciones a victimas de la dictadura franquista se recogen en los presupuestos andalucesdesde el año 2001, con un cómputo global de 2.469 beneficiarios y un importe de diez millones de euros.
Nuevo temario en las aulas
La ley también llegará a las aulas andaluzas. Es otro de los aspectos que ha sido motivo de controversia. Aunque en un principio solo se regulaba la “enseñanza de la memoria democrática” en Secundaria y Bachillerato, la norma en su última redacción también incluye las clases de Primaria, una demanda, explican, recogida en la fase de exposición pública de la ley.
Los contenidos curriculares no se ceñirán a la Guerra Civil sino que abarcarán desde 1931, con la II República, hasta 1982, año de aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Los cambios no estarán tanto en los temarios, donde ya se recogen muchas de estas materias, sino en “acabar con el desinterés del profesorado y la poca presión social”, señalan desde la Vicepresidencia del Gobierno andaluz.
En prevención de  la polémica que ya se sabe que generará esta medida, desde la Junta aluden a la actual ley orgánica de educación (Lomce) aprobada por el ministro José Ignacio Wert con el rechazo de todos los grupos parlamentarios y que “prevé la enseñanza del holocausto judío mientras omite que los republicanos españoles también fueron víctimas en campos de concentración y hubo muchos presos políticos”. IU presionará para que la norma vea la luz en enero y advierten de que no admitirán muchos más retrasos.