APLICACIÓN DESIGUAL EN LAS DISTINTAS CCAA
El PSOE lo acusa de destinar “cero euros” y el PP esgrime 25 millones que según la oposición vienen de la era Zapatero
MÍRIAM VÁZQUEZ - Viernes, 21 de Agosto de 2015 - Actualizado a las 06:17h
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DONOSTIA - El pedregoso camino que se ha visto obligada a recorrer la juez argentina María Servini para tratar de investigar los crímenes franquistas y la negativa de España a extraditar a los señalados por las víctimas no es el único borrón en materia de memoria histórica en el Estado. Aunque esté en vigor la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el mandato del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que en teoría debería haber servido para agilizar la exhumación de los cuerpos de los fallecidos en la Guerra Civil, su aplicación ha sido muy desigual en las distintas comunidades autónomas en función de las prioridades de sus gobernantes y en determinados ámbitos se acusa a Mariano Rajoy de haberla dejado sin efectos al no haber destinado ni un euro a las exhumaciones de fosas comunes en esta legislatura, que culminará a finales de este año. Ayer mismo, en el seno de una de las comisiones de debate de los presupuestos estatales para el próximo año, el socialismo acusó al Gobierno del PP de destinar nuevamente cero euros a la memoria histórica.
El diputado del PSOE Manuel de la Rocha apuntó razones políticas y no económicas, y se preguntó por qué no se vuelve a abrir la oficina de ayuda a las víctimas que puso en marcha Zapatero. Federico Ramos, el subsecretario de la Presidencia (departamento dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría), se inhibió de responder a la pregunta sobre la oficina porque correspondería al ministro de Justicia. Sí entró al fondo del asunto el diputado Pedro Ramón Gómez de la Serna, quien cifró el gasto dedicado en los últimos años a la memoria histórica en 25 millones, de los cuales 8,2 se habrían dedicado a la apertura de fosas.
Este periódico se puso en contacto con el Grupo Popular en el Congreso para conocer el desglose de esa cifra, pero no supieron aclarar los importes y lo justificaron en que esas gestiones dependen de Presidencia. Este medio se remitió a ese departamento, también sin éxito. Fuentes de la oposición consultadas por este diario tanto desde el socialismo como desde el PNV consideraron tramposa la cifra de inversiones apuntada por el PP. Al parecer, esos 25 millones ya salieron a relucir en una interpelación de los jeltzales, y no representarían la suma de lo que ha invertido Rajoy en su mandato, sino el dinero presupuestado desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, de modo que computaría una gran cantidad de actuaciones socialistas. Las fuentes consultadas aseguran que solo en los primeros presupuestos de Rajoy, los de 2012, se consignó una pequeña partida de 2,5 millones y se dio cierta continuidad a algunos trabajos emprendidos por Zapatero. La inversión a partir de entonces habría sido de “cero euros”. El diputado socialista vasco Odón Elorza ha propuesto tres enmiendas a su grupo en esa materia. Entre otras cuestiones, pedirá tres millones de euros en exhumaciones.
LA ONU Y EL GOBIERNO VASCO La cuestión ha sido motivo de debate en numerosas ocasiones a lo largo de la legislatura, donde socialistas, jeltzales y grupos de izquierda han reclamado con insistencia que se corrija ese déficit. Las amonestaciones de observatorios internacionales y de las asociaciones de memoria acreditarían que no se trata simplemente de un arma arrojadiza en el ámbito político, sino que existe un debate de fondo y una preocupación real. La ausencia de acompañamiento institucional por parte del Gobierno español aboca a las víctimas a cruzar los dedos para que su comunidad autónoma se muestre más proclive a buscar los cuerpos de los fallecidos, en lugar de tener que recurrir a la iniciativa privada o a donaciones humanitarias que han llegado desde distintos puntos del planeta. Los fondos han llegado desde sindicatos noruegos y fundaciones estadounidenses, entre otros donantes. También se ha contado con la ayuda de forenses y voluntarios para realizar los trabajos.
En julio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo saber su preocupación por las “lagunas y deficiencias” en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas. El organismo internacional lamentó que se deje a cargo de la iniciativa de los familiares y que la omisión del Gobierno español, a su vez, pueda provocar situaciones de desigualdad entre las víctimas que vivan en territorios con gobiernos más entusiastas con la memoria histórica y aquellas que no encuentren ningún acompañamiento institucional. Por ello, pidió al Estado que se apropie de las exhumaciones y la búsqueda de restos.
La directora de Víctimas y Derechos Humanos de Lakua, Monika Hernando, explica en declaraciones a este diario que Rajoy ha carecido de estrategia en materia de memoria histórica, y que las exhumaciones se han dejado en manos de las familias. En ese contexto, han sido algunas comunidades autónomas las que han decidido promover actuaciones para cubrir el vacío. En concreto, cita a la Comunidad Autónoma Vasca, a dos territorios gobernados por el socialismo como son Andalucía y Asturias, y a Catalunya. En los últimos tiempos, una comunidad del PP, Galicia, también ha comenzado a aproximarse a la problemática.
Ninguna de esas actuaciones han sido impulsadas por el Gobierno español, sino que la iniciativa ha sido 100% autonómica desde la concepción de la idea hasta su ejecución. En el caso concreto del Gobierno Vasco, el lehendakari ha activado un plan de prioridades en memoria histórica con una dotación que, por el momento, asciende a medio millón de euros. También se levantará un columbario para acoger con mayor dignidad los cuerpos hallados en las fosas. A todo ello se suma el apoyo institucional a las víctimas del franquismo y a la querella argentina.
El pasado mes de marzo, los gobiernos vasco y asturiano se reunieron para compartir impresiones. Visitaron el Pradón de los Vascos, situado en la localidad asturiana de Areces y que alberga varias fosas donde están enterrados decenas de gudaris. Intercambiaron propuestas, aunque Lakua apuesta más por las exhumaciones y Asturias por colocar monolitos identificativos. En cualquier caso, abogan por una actitud proactiva.
AUSTERIDAD ECONÓMICA Desde el Gobierno español se destinaron 2,5 millones en 2012, y cero euros en los siguientes presupuestos, con el argumento de la delicada situación de sus arcas. Tampoco ha habido gestos de generosidad en las últimas cuentas a pesar de que, según ha asegurado Madrid en las últimas semanas, el estado de la tesorería sea menos comprometido. En ese sentido, De la Serna señaló ayer en el debate presupuestario en comisión que las cuentas para el próximo año son las “de la responsabilidad, confirman el éxito de los anteriores y se inscriben en la moderación y el ahorro de toda la legislatura”.
PRESUPUESTOS
En 2012. Nada más acceder al Gobierno español a finales de 2011, el PP comenzó a diseñar las cuentas para 2012. Fueron las únicas que contemplaron inversiones en materia histórica, según denuncia la oposición. Fueron 2,5 millones de euros, aunque los partidos aseguran que buena parte de las actuaciones provenían del anterior equipo socialista y fueron impulsadas entonces.
Cero euros. Los siguientes proyectos presupuestarios, tal y como denuncian desde la oposición, han consignado cero euros.
Enmiendas del PSOE. El diputado socialista Odón Elorza propone tres enmiendas a su grupo para reconvertir el Valle de los Caídos, dedicar tres millones a exhumaciones y reabrir la oficina de víctimas.
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