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La fiscalía no ve elementos para actuar contra Hernando, Casado y el alcalde de Baralla
FERNANDO J. PÉREZ Madrid 19 AGO 2015 - 16:41 CEST
La Fiscalía General del Estado ha archivado la denuncia que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica interpuso contra el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, elvicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado y contra el alcalde de Baralla (Lugo), Manuel González Capón, por injurias y calumnias a las víctimas del franquismo. Entre otros hechos denunciados por la asociación figuraban las declaraciones del diputado Hernando, que en una tertulia en noviembre de 2013 en 13TV dijo que “los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre sólo cuando hay subvenciones”.
En una resolución de apenas dos párrafos, el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, José Miguel de la Rosa, explica a la asociación memorialista que, tras analizar la denuncia presentada el pasado 29 de julio, no ve “elementos suficientes” para ejercer “acciones penales o civiles” contra los tres miembros del Partido Popular. Por ello, el ministerio público no va a emprender “ningún tipo de actuación”.
Las declaraciones de Hernando ya fueron denunciadas en su momento por la ARMH por injurias graves con publicidad. Aquel escrito también acabó archivado por la fiscalía. Sin embargo, la asociación siguió recopilando declaraciones polémicas de responsables populares, que reunió en una segunda denuncia el mes pasado.
Respecto a Pablo Casado, la ARMH recogió unas palabras suyas durante su intervención en el Congreso del PP de Madrid del año 2009. En aquella ocasión dijo que la gente de izquierdas son “unos carcas” porque están todo el día pensando en la guerra del abuelo” y “en la fosa de no sé quién”. Tras conocerse estas palabras, el pasado junio, Casado pidió que no se saquen de contexto y afirmó que su propio abuelo fue también víctima del franquismo, ya que estuvo “condenado a 30 años de cárcel y al final lo pudo contar”. El dirigente popular aseguró también que la Ley de Memoria Histórica es “sectaria” y abre “heridas ya superadas”.
Por su parte, el alcalde de Baralla (Lugo, 2.800 habitantes) Manuel González Capón, del PP, fue denunciado por decir durante un pleno municipal que si las víctimas fueron condenadas a muerte durante el franquismo “sería porque lo merecían”. González Capón pidió disculpas posteriormente por estas manifestaciones.
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