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El 98% de los ejecutados lo fue en los primeros cuatro años del nuevo régimen, entre 1939 y 1943.
Josep M. Solé i Sabaté ha realizado un riguroso trabajo sobre la represión franquista en Cataluña, y sobre los catalanes ejecutados como resultado de sentencias de muerte impuestas por consejos de guerra entre 1938 y 1953. Fueron 3.385 catalanes ejecutados, aunque habría que añadir los 300 fusilados inmediatamente, durante la ocupación militar, por lo que estaríamos en torno a unas 4.000 personas. Si se compara con las cifras de otros lugares como Andalucía, Valencia o Navarra, se puede comprobar que no es de las más altas, pero la razón estriba en que muchos catalanes pudieron escapar de la represión huyendo a Francia, algo que fue mucho más difícil para muchos republicanos de otras regiones.
El 98% de los ejecutados lo fue en los primeros cuatro años del nuevo régimen, entre 1939 y 1943. El número mayor de ejecutados se dio en las comarcas más pobladas de la provincia de Barcelona pero si se comparan las cifras de ejecutados con las de las poblaciones respectivas comprobaremos que el índice de ejecuciones fue más alto en las comarcas rurales del interior de Cataluña que habían sido escenarios de las luchas sociales en torno a la propiedad de la tierra. Nunca dejaremos de insistir en la importancia de este asunto en relación con la represión franquista en toda España. Los índices más bajos se dieron en las zonas industriales, las más pobladas, y en las comarcas del Pirineo donde predominaba un campesinado propietario.
La inmensa mayoría de los fusilados fueron hombres; solamente 11 mujeres fueron ejecutadas. La edad media de los ejecutados fue de 38 años y dos tercios eran casados. En relación con la profesión, predominan payeses y obreros, por este orden. El 80% eran catalanes de nacimiento y en el resto de ejecutados predominaban los andaluces, murcianos y valencianos.
Muchos ejecutados habían desempeñado cargos de responsabilidad política, especialmente en los municipios: alcaldes, concejales, etc.., así como de dirección política y sindical. En la provincia de Girona fueron ejecutados cuatro alcaldes y trece concejales. En relación con la militancia política predominan los cenetistas y los militantes de la Esquerra Republicana, seguidos, a distancia, por miembros del PSUC, del POUM y de la Unió de Rabassaires. Cataluña perdió a su presidente, Lluís Companys, y a un ministro de Trabajo de la República, Joan Peiró.
En Girona, Josep Clara ha estudiado las ejecuciones realizadas en la provincia, un total de 514 personas y ha descubierto el orden de preferencia a la hora de ejecutar. Primero lo fueron los miembros leales a las instituciones leales a la República: guardias civiles, carabineros, alguaciles y funcionarios de prisiones, después le tocó el turno a los funcionarios y empleados de la Generalitat y de los ayuntamientos, y en tercer lugar, a los dirigentes políticos y sindicales.
Este artículo se basa en: Borja de Riquer sobre las ejecuciones, en “La Repressió dels vençuts”, en Pierre Vilar, Història de Catalunya, vol. VII, Barcelona, 1989, págs. 89-91.
El 98% de los ejecutados lo fue en los primeros cuatro años del nuevo régimen, entre 1939 y 1943. El número mayor de ejecutados se dio en las comarcas más pobladas de la provincia de Barcelona pero si se comparan las cifras de ejecutados con las de las poblaciones respectivas comprobaremos que el índice de ejecuciones fue más alto en las comarcas rurales del interior de Cataluña que habían sido escenarios de las luchas sociales en torno a la propiedad de la tierra. Nunca dejaremos de insistir en la importancia de este asunto en relación con la represión franquista en toda España. Los índices más bajos se dieron en las zonas industriales, las más pobladas, y en las comarcas del Pirineo donde predominaba un campesinado propietario.
La inmensa mayoría de los fusilados fueron hombres; solamente 11 mujeres fueron ejecutadas. La edad media de los ejecutados fue de 38 años y dos tercios eran casados. En relación con la profesión, predominan payeses y obreros, por este orden. El 80% eran catalanes de nacimiento y en el resto de ejecutados predominaban los andaluces, murcianos y valencianos.
Muchos ejecutados habían desempeñado cargos de responsabilidad política, especialmente en los municipios: alcaldes, concejales, etc.., así como de dirección política y sindical. En la provincia de Girona fueron ejecutados cuatro alcaldes y trece concejales. En relación con la militancia política predominan los cenetistas y los militantes de la Esquerra Republicana, seguidos, a distancia, por miembros del PSUC, del POUM y de la Unió de Rabassaires. Cataluña perdió a su presidente, Lluís Companys, y a un ministro de Trabajo de la República, Joan Peiró.
En Girona, Josep Clara ha estudiado las ejecuciones realizadas en la provincia, un total de 514 personas y ha descubierto el orden de preferencia a la hora de ejecutar. Primero lo fueron los miembros leales a las instituciones leales a la República: guardias civiles, carabineros, alguaciles y funcionarios de prisiones, después le tocó el turno a los funcionarios y empleados de la Generalitat y de los ayuntamientos, y en tercer lugar, a los dirigentes políticos y sindicales.
Este artículo se basa en: Borja de Riquer sobre las ejecuciones, en “La Repressió dels vençuts”, en Pierre Vilar, Història de Catalunya, vol. VII, Barcelona, 1989, págs. 89-91.
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