Un tercio de los exhumados del penal de Valdenoceda han sido ya entregados a sus familias

http://disopress.com/gallery.php?mode=all&id=NzkyMTEzMWU2ZjI5Nzc%3D&page=1

Valdenoceda, 18 de abril de 2015. 

El jienense Pedro Muñoz Pulido nunca conoció a su hijo José. Su esposa aún no había dado a luz cuando le detuvieron. Pero sí llegó a enviar una carta desde la provincia de Burgos preguntando por él. Esa fue la pista que hizo que su nieto, Emilio Muñoz, contactara con la Asociación de Familias de Valdenoceda después de escuchar en la radio que se habían encontrado cuerpos de asesinados entre el 38 y el 43 por aquella zona. Las pruebas de ADN a las que se sometió José confirmaron, en enero del presente año, que su padre yacía en la segunda fila del cementerio de presos de Valdenoceda, desde el 21 de marzo de 1941. Sus restos serán enterrados ahora junto a los de su mujer, en el cementerio de Salar, en Granada.

Es uno de los 154 represaliados por el franquismo que murieron de hambre, enfermedad y frío en esta cárcel, antigua fábrica de seda convertida en penal durante la Guerra Civil. Hasta aquí llegaron presos de Murcia, Andalucía, Extremadura o la provincia de Ciudad Real, acusados del mismo delito: auxilio a la rebelión. “La estrategia de dispersión geográfica era una forma de castigar a la víctima y a la familia en un contexto en el que la supervivencia era muy complicada si no se contaba con un apoyo externo cercano”, explica Jimi Jiménez, especialista en arqueología forense y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Junto a Luis Ríos, biólogo del departamento de antropología física de la misma Sociedad, se ha encargado de la parte técnica de la exhumación e identificación de los cuerpos de quienes murieron en la prisión, desde la primavera de 2007. Lo han hecho de la mano de la Asociación de Familias de Valdenoceda y con el apoyo del alcalde de la localidad, Ángel Arce.

Este año se han entregado un total de 11 restos. Con ellos, son ya 55 las familias de represaliados en Valdenoceda que, en palabras de Manuel Sempere, de la Asociación de Familiares de Represaliados del penal, “comienzan a cerrar una herida que lleva abierta 70 años”.  

Autogestión, falta de financiación y de respaldo institucional

En la primavera de 2007 se iniciaron las excavaciones y la exhumación de los restos, gracias a una subvención de 60.000 euros concedida por el Ministerio de Presidencia. “Era un caso atípico, por el volumen de cuerpos, entre otras cosas, y hasta entonces era impensable llevar a cabo este trabajo”, explica Jimi Jiménez.

En aquellos primeros meses se encontraron 116 esqueletos. Aún hay 38 cuerpos que no se han podido exhumar por falta de acceso, ya que sobre ellos se ha enterrado a fallecidos recientes. En 2010 el Ministerio de Presidencia concedió una nueva subvención para exhumarlos, pero se requería el permiso de los familiares de los fallecidos recientes para trasladar sus cuerpos, y la asociación se retrasó en los plazos, por lo que no sólo se vieron obligados a devolver el dinero recibido, sino que tuvieron que abonar 4.000 euros extra en concepto de intereses.

Tras el homenaje a los represaliados y la entrega de los restos, Luis Ríos acostumbra a repartir a cada familia una copia de toda la documentación recabada durante la investigación, una explicación detallada del proceso de identificación y la autorización del traslado de los restos, firmada por el antropólogo forense Francisco Etxeberria, en el que se acredita “la ausencia de riesgo sanitario alguno de los restos esqueléticos”.

Ninguno cobra por este trabajo.

En opinión de Ríos, si el Estado hubiera proporcionado un respaldo institucional, “en vez de simplemente dar subvenciones a las familias y desentenderse del proceso”, desde 2007, que fue cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, “ya se habría terminado toda la labor de exhumación e identificación que se puede hacer en España”. La falta de un equipo de trabajo que pueda encargarse en exclusiva de la organización y la gestión del proceso, amparado por una orden judicial, hace que sean las propias familias las que se tengan que hacer cargo, en sus ratos libres, de llevarlo a cabo.Y sin embargo, denuncia José González, “se exigen unos métodos y unos plazos de ejecución, y se demandan unas explicaciones que sorprenden sobre todo en un contexto de corrupción en el que a otros no se les piden explicaciones de ningún tipo”.

Identificar por descarte

Entre los huesos aparecen de vez en cuando objetos personales. Anillos, algún reloj. Un lápiz y una goma de borrar. Los clavos dibujan en la tierra el contorno de los féretros, ya desaparecidos. Llama la atención una baraja que ha sobrevivido al paso del tiempo escondida bajo una teja del penal. La fabricaron los presos, dibujando sobre los librillos del papel de fumar, y sólo faltan dos cartas.

Todo es información útil para los investigadores, porque las pruebas de ADN por sí solas, no siempre son concluyentes. La seguridad con la que se pueden asociar familiarmente dos personas depende del número de marcadores de sus respectivos ADN comparados. Fundamental es, también, explica Ríos Frutos, “el universo de identificación”. En el caso de los prisioneros de Valdenoceda, se trata de un grupo cerrado, ya que en el registro del penal figuran todos los nombres, apellidos, fechas de ingreso y defunción, lo cual facilita enormemente la identificación. Cuanto menor es la muestra sobre la que cotejas un ADN, más sencillo resulta el proceso. “Por eso son tan importantes la búsqueda de archivo y los testimonios, para acotar la búsqueda”, explica el biólogo. Los investigadores descubren el orden en el que están enterrados los cuerpos, que coincide con el de fallecimiento. Y algunos son identificados casi por descarte. “Cuando las muertes se dan en distintos días, hay garantía del orden de enterramiento”, explica Ríos.

Un análisis osteológico es a veces suficiente. Las fichas de los presos registran, en el apartado “señas particulares y cicatrices”, rasgos que son también identificables en sus restos. Una cojera en la pierna derecha por una rotura de rótula, por ejemplo, ha permitido identificar el cuerpo de Bonifacio García Alcalde. Soltero, natural de Roa de Duero (Burgos) no tiene familia que reclame sus restos. Sin embargo, una vecina de la localidad que prefiere permanecer en el anonimato ha decidido encargarse del traslado y del enterramiento en el cementerio de Roa, donde suponen que estarán los antepasados de García Alcalde.

Murió tras pasar la noche en una celda de castigo inundada por la subida del Ebro, sin poder sentarse, con el agua hasta el pecho, por haberse quejado de la comida. “Nos queréis matar de hambre” dijo, según han relatado los supervivientes. Hoy, los vecinos que “luchan por enterrarle con dignidad” dicen haberse encontrado con “todos los impedimentos posibles” por parte del alcalde de Roa de Duero quien, aseguran, “se ha permitido incluso llamarle asesino”.

Contra estas y otras calamidades sufridas por los republicanos y sus familias recita Hilda Farfante, hija de maestros asesinados durante la guerra, en cada homenaje en el que participa: “Grito en primer lugar por ellos, por su injusta, terrible y violenta muerte [...] grito por los que nos quedamos huérfanos a merced de sus asesinos”.