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Comienza el juicio a tres miembros de esta organización ultraderechista
La Fiscalía les imputa los delitos de amenazas y daños terroristas
JAVIER ENCINAS - Domingo, 12 de Julio de 2015 - Actualizado a las 06:11h
Los acusados, en la imagen durante el juicio abierto este lunes, se enfrentan a una petición del fiscal de 7 años de cárcel. (EFE)
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PAMPLONA - El juicio a Falange y Tradición (FyT), la organización ultraderechista que en 2009 cometió al menos 19 actos delictivos, se inicia mañana lunes en la Audiencia Nacional. La celebración de la vista oral llega casi seis años después de que la Guardia Civil desactivara a este grupo el 23 de octubre de 2009, con la detención simultánea de cinco de sus integrantes, y pusiera fin a siete meses especialmente intensos de esta banda, que concentró la inmensa mayoría de sus sabotajes en Navarra.
Finalmente, solo tres de los implicados se sentarán en el banquillo, quienes se enfrentan a una petición de la Fiscalía de siete años de cárcel por los delitos de amenazas y daños terroristas y al pago de 4.500 euros en concepto de indemnizaciones a las administraciones afectadas por los desperfectos causados. Los acusados son Jose Ignacio Irusta Sánchez (Bilbao, 1969, pero con residencia en Sunbilla) y considerado el cabecilla del grupo; Borja Pérez Illera (Irun, 1986, pero detenido en Zaragoza, donde ejercía de militar); y Javier López Monreal (Mendaza, 1968 y residente en Orkoien).
FyT inició su andadura con la realización de pintadas amenazantes; elevó el listón ocasionando destrozados de importancia en monumentos que denuncian algunos de los excesos del franquismo; y cerró su periplo después de amenazar de muerte a distintos cargos públicos.
Entre sus víctimas se encuentran el entonces concejal de Batzarre en Ansoáin, Koldo Plá; la txupinera de las fiestas de Bilbao de 2009, Sonia Polo, que recibió una carta con una bala de 9 milímetros; así como el que era alcalde de Arbizu, Jesús María Mendinueta (ANV), y varios de los concejales de su grupo municipal.
En concreto, a Koldo Plá le advirtieron, a través de una carta, que disponía de “30 días para abandonar Navarra si no quería ir “a una misa en su honor”.
Las amenazas al alcalde y varios concejales de Arbizu llegaron a través de una pintada en la fachada del Ayuntamiento con el texoMendi, Balda, Iriarte, Araña. Orain zelatan. Bier ilgo zituztegu (Ahora os vigilamos. Mañana os mataremos).
Además también sufrieron este tipo de coacciones empleados del Concejo de Artica, a quienes avisaron de que deberían “atenerse a las consecuencias” en el caso de reparar las placas que FyT había destrozado.
LAS ACUSACIONES PARTICULARES Los afectados por la actividad delictiva de FyT están personadas en este procedimiento judicial como acusaciones particulares, por lo que no solo tendrán protagonismo en el juicio, sino que intentarán que a los acusados se les impongan condenas más severas que las que solicita la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La pena más elevada de todas la reclama Sonia Polo, que demanda 48 años de prisión para Irusta y 46 para los otros dos acusados. Además, solicita ser indemnizada con 30.000 euros por las lesiones sufridas -padeció síndrome de estrés postraumático- y los daños morales.
Menor es la petición de cárcel que reclaman los concejos de Artica y Ansoáin, quienes piden 15 años y 6 meses de prisión para Irusta, 14 años y 6 meses para López Monreal y 12 años y 6 meses para Pérez Illera.
El Ayuntamiento de Arbizu solicita la pena más alta para López Monreal (14 años y 6 meses) por su condición de funcionario público. Asimismo, pide 13 años y 6 meses para Irusta, y 10 años y 6 meses para Pérez Illera.
De todas las acusaciones particulares, es la de Koldo Plá quien pide la petición más baja. Solicita 7 años y 6 meses de prisión para los tres acusados, solo medio año más que la propia Fiscalía.
Todas ellas han intentado sin éxito que los otros tres detenidos de FyT (Jagoba Aldama, Fermín Domingo Turrillas y David Murillo Eslava) también fueran juzgados, pero el juez Ismael Moreno decidió archivas las actuaciones que les afectaban después de haber decidido en un primer momento sentarles en el banquillo.
LOS HECHOS
Al menos 19 actos delictivos. Falange y Tradición concentró prácticamente todas sus acciones en el año 2009. Atentó principalmente contra monumentos relacionados con la memoria histórica y contra personas y negocios vinculados a la izquierda abertzale. El sumario le atribuye la comisión de al menos 19 actos delictivos.
LOS ACUSADOS
Tres de los seis detenidos. Finalmente, solo tres de los seis detenidos se sientan en el banquillo de los acusados. El juez instructor atendió el criterio de la Fiscalía y decidió juzgar a José Ignacio Irusta Sánchez, Borja Pérez Illera y Javier López Monreal. Por el contrario, ha archivado las actuaciones que afectaban a Jagoba Aldama Bolomburu, Fermín Domingo Turrillas y David Murillo Eslava.
LA INSTRUCCIÓN
Un “grupo armado con vocación de permanencia”. La encargada de iniciar la investigación de esta causa fue la juez Mari Paz Benito. En el auto que remitió al Tribunal Supremo el 4 de marzo de 2010 para que fuera la Audiencia Nacional quien asumiera la causa, la magistrada concluyó que Falange y Tradición era “un grupo de extrema derecha, organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado”.
EL JUICIO
Tres días. Comienza este lunes a las 10 de la mañana en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares. Está previsto que se desarrolle en tres días y quede visto para sentencia el miércoles 15 de julio. Preside el tribunal Fernando Grande-Marlaska, a quien acompañarán Ramón Sáez Valcárcel y el navarro Fermín Javier Echarri Casi.
LA PETICIÓN DE PENA
Entre 7 y 48 años de cárcel. Los tres acusados se enfrentan a peticiones de pena considerables. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos siete años de prisión por amenazas y daños terroristas, así como 4.500 euros por los destrozos ocasionados. Sensiblemente más elevadas son las condenas que piden las cuatro acusaciones particulares personadas en este procedimiento. Sonia Polo reclama 48 años de cárcel; los concejos de Artica y Ansoáin piden entre 12 y 15 años; Koldo Plá pide 7 años y medio; y el Ayuntamiento de Arbizu reclama entre 14 años y medio y 10 años de prisión.
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