divendres, 17 de juliol del 2015

(AMP) El abogado Eduardo Ranz solicita a Herrera un catálogo de vestigios franquistas de CyL para su retirada.


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Localiza símbolos en cuatro capitales de provincia y una quincena de municipios

EUROPA PRESS. 16.07.2015

El abogado especializado en Derechos Humanos Eduardo Ranz ha remitido un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el que solicita la elaboración de un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura franquista para su posterior eliminación.

Ranz insta a que dicho catálogo quede a disposición de los ayuntamientos de la Comunidad para que sean estos los retiren la simbología y redefinan las calles. En su derecho de petición, registrado este jueves, dos días antes del 79 aniversario del estallido de la Guerra Civil española, el abogado reclama también la designación de una comisión de expertos que, tras hacer el inventario, determine qué elementos pueden permanecer por razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas, tal y como establece la Ley de Memoria Histórica.

Asimismo, urge la puesta en marcha de las medidas oportunas para reparar el daño causado, presente y futuro, así como pide una reunión con el presidente para exponer con todo detalle el carácter y el significado de los vestigios.

Ranz, cuyo derecho de petición ha sido remitido además a todos los portavoces de los grupos políticos de la Comunidad y a la Secretaría General de las Cortes, basa su solicitud en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecuciones o violencia durante la contienda y la dictadura.

Según recuerda, el artículo 15 impone a todas las administraciones públicas la adopción de medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión franquista con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978 y evitar la permanencia de cualquier vestigio que cause enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo de convivencia.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, se enumeran vestigios de las nueve provincias de Castilla y León, localizados en cuatro capitales y en más de una quincena de municipios. Segovia es el territorio con más localidades afectadas, de acuerdo con el escrito de Ranz. Así, a una veintena de calles y tres templos en la capital, se suman símbolos franquistas en Aguilafuente, Barbolla, Cantalejo, Coca y Sepúlveda.

En Salamanca, sitúa vestigios en Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro o Lumbrales, mientras que en Palencia, además de la capital, los ubica en Villamuriel de Cerrato. La capital burgalesa y el municipio de Pampliega (Burgos); Medina del Campo (Valladolid); Astorga (León); las localidades de Peguerinos y Las Navas del Marqués (Ávila); Burgos de Osma y Langa de Duero (Soria), y Zamora capital y el municipio zamorano de Santovenia del Esla completan el listado de Ranz.

Este abogado, responsable de las denuncias contra más de una veintena de obispos y arzobispos y más de 80 alcaldes por consentir el mantenimiento se símbolos franquistas, recuerda que en 2005 se procedió a la retirada de la estatua ecuestre del general Franco junto a Nuevos Ministerios, en Madrid, una medida que fue avalada por el Tribunal Supremo ante la inadmisión de un recurso de la Fundación Francisco Franco.

Además, cita otras sentencias de juzgados de Vigo, Bilbao y Madrid, que también respaldan la retirada de símbolos, y alude al informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006, en el que se denuncian graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre 1939 y 1975.

Este concluye que las instituciones españolas deben proseguir la supresión de signos exteriores que rindan homenaje a la dictadura franquista, sus defensores y los principales responsables de la represión.

El obispado de Segovia
Un ejemplo Eduardo Ranz ha presentado derecho de petición en numerosos ayuntamientos y obispados de la Región para solicitar la supresión de vestigios, si bien no ha recibido respuesta de la mayor parte de ellos. Sí la recibió del Obispado de Segovia, que a través de su asesor jurídico informó de su intención de crear un inventario de símbolos para su posterior supresión, lo que el abogado valora como un "ejercicio de admiración desde cualquier valor democrático".

Además, la Diócesis de Ciudad Rodrigo (Salamanca), a través de su vicario general, Tomás Muñoz Porrasa, comunicó que no había inconveniente alguno en retirar el nombre del 'José Antonio', fundador de la Falange Española, de los muros exteriores de dos templos, aunque aseguró que no correspondía quitarlo a la institución eclesiástica, sino a las autoridades públicas, responsables de la inscripción.

Resto de españa y nunciatura El derecho de petición registrado este jueves por Ranz se ha repetido en otros quinces gobiernos autonómicos: Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Principado de Asturias, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Canarias, Cantabria, La Rioja, Islas Baleares.

Son todos los gobiernos a excepción del de País Vasco, la única comunidad que cuenta con un catálogo de vestigios. Además, ante la sede de la Nunciatura Apostólica se ha registrado otro escrito en el que se pide igualmente la retirada inmediata de la simbología de la Guerra Civil y la dictadura del patrimonio de la Iglesia, así como la salida de los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos.