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 | Redacció sígueme en @morvedreinfo publicat el dijous, 1 d'octubre de 2015 18:58 |
El Ayuntamiento de Sagunto retirará de forma inmediata los títulos honoríficos concedidos a José Antonio Girón de Velasco, ministro durante la dictadura franquista, y a Francisco Franco Bahamonde, jefe del estado desde 1939 a 1975. Además, se modificarán los nombres de las calles Vascongadas, Castilla La Nueva, Castilla La Vieja y León por los nombres actuales correspondientes a las Comunidades Autónomas nacidas de la democracia, según se recoge en sus estatutos de autonomía. Este asunto ya está en marcha en la Comisión de Toponimia de la ciudad.
De esta forma, tras la firma ayer del alcalde de Sagunto, Quico Fernàndez, se hace efectiva una moción sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica presentada por Compromís y aprobada hace tres años. Concretamente, se retira el título de Hijo Adoptivo del Ayuntamiento de Sagunto a José Antonio Girón de Velasco, concedido en 1954, y la Medalla de Oro otorgada a Francisco Franco Bahamonde en 1965.
Según indican desde Alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la cual se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, inició el tramo final de la reparación moral que las administraciones y los ciudadanos debemos hacia quienes sufrieron la persecución, las injusticias y los agravios, bien por motivos políticos o bien por motivos religiosos, en aquellos dolorosos años de la historia española.
Se trata de un camino de reconocimiento iniciado, de manera puntual y desinteresada, por ciudadanos y ciudadanas que, de forma concienciada y anónima, quisieron traer a la memoria colectiva nuestra falta común y nuestro olvido hacia quienes murieron en defensa de las libertades democráticas en nuestro país. Un camino de reconocimiento al que las instituciones se sumaron con la Propuesta No de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad el 20 de noviembre de 2002, posteriormente continuada por el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006.
Con la Ley 52/2007, las Instituciones Públicas quedan comprometidas para la reparación de los daños causados en los tres años de la Guerra Civil y en las casi cuatro décadas posteriores de represión franquista que causó graves daños contra la vida, los derechos humanos más elementales, el estado civil, la nacionalidad… por el hecho de haber pertenecido o apoyado a determinadas creencias políticas, religiosas o morales diferentes a las del bando vencedor.
La Ley de Memoria Histórica
Desde el 27 de diciembre de 2007 entra en vigor la Ley de Memoria Histórica. Una iniciativa por la cual se reconocen, amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Esta Ley, en su origen, es fruto de los trabajos de la comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Con la Ley se cumplía una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 1 de junio de 2004. La proposición instaba el Gobierno a llevar a cabo un estudio sobre los daños y perjuicios ocasionados por la Guerra Civil y la represión de la Dictadura y a otorgar una indemnización a las víctimas, así como a facilitar el acceso a los archivos donde se custodian los documentos relativos a estas.
La comisión interministerial cumplió este mandato. Después de más de un año y medio de trabajo, además de la Ley, elaboró dos informes. Por un lado, el informe general que recoge todas las actuaciones que se han llevado a cabo en favor de las víctimas desde la transición democrática y un diagnóstico sobre su situación actual. Además, se realizó el informe sobre archivos, en el cual se analizó el estado en que se encuentran los archivos donde se custodian documentos relacionados con las víctimas o alusivos a estas.
El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica insta las administraciones públicas a tomar las medidas oportunas para la retirada, en el ámbito de sus competencias, de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.
De manera excepcional, se conservarán las menciones que sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. Para valorar los supuestos de excepcionalidad en la retirada de símbolos, el Ministerio de Cultura creó una comisión técnica de expertos.
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