http://www.infolibre.es/noticias/andalucia/2016/02/14/diez_claves_ley_memoria_andaluza_que_aspira_convencer_derecha_44745_1721.html
MEMORIA HISTÓRICA
- infoLibre analiza una norma que, pese a desbordar la ley de Zapatero de 2007, pasa el primer trámite parlamentario sin enmiendas a la totalidad
- El PP se opone a llevar el tema a la escuela, pero se abre al debate. Cs' cree que la
- izquierda cuestiona la transición
Labores de excavación llevadas a cabo por voluntarios de la ARMH. ARMH
El ambiente político y social que rodea a la cuestión de la memoria histórica ha cambiado con respecto al que se encontró en 2006, al llevar su proyecto al Consejo de Ministros, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Ley de Memoria Democrática de Andalucía, pese a llegar más lejos que la norma estatal (aprobada finalmente en 2007), ha superado su primer escalón parlamentario sin enmiendas a la totalidad ni textos alternativos, algo impensable hace diez años. El PP, aunque carga duramente contra la ley, expresó el miércoles durante el debate de totalidad su "rechazo sin paliativos" al régimen franquista. La ley se aprobará previsiblemente esta primavera. Si no hay consenso, y en función de las posibles modificaciones que puedan darse, la ley puede aprobarse con el PSOE más Podemos e IU, o con el PSOE más Ciudadanos (su actual socio de legislatura, que no de gobierno).
1. Reivindicación republicana
La ley estaba recogida en el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE e IU para la pasada legislatura (2012-2015). El texto salió de la cocina de la Consejería de Relaciones Institucionales y Administración Local que entonces dirigía el vicepresidente Diego Valderas (IU). La ruptura del Gobierno ha retrasado el recorrido, pero el PSOE ha respetado el texto.
El sello de IU es evidente en todo el articulado, sobre todo en la reivindicación republicana, la voluntad expresa de resarcimiento a las víctimas y la retórica combativa. En la ley queda recogida la voluntad de "reconocimiento jurídico de la resistencia popular contra la dictadura", así como el "carácter radicalmente injusto de todas las condenas y sanciones". "Es imprescindible que no quede en el olvido el legado histórico de la Segunda República Española", dice la exposición de motivos. Y también: "El Estado democrático tiene una deuda con quienes fueron víctimas de violencia y represión".
Se vincula directamente la II República con la autonomía de Andalucía. La norma subraya la "historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades". El propio nombre de la ley es elocuente. "Memoria democrática", que supone un reconocimiento expreso de la II República, tiene matices con respecto a "memoria histórica", más neutro y convencional.
2. La voz de las asociaciones
Ironías del destino, la encargada de presentar el texto a la Cámara fue Rosa Aguilar, ex alcaldesa de Córdoba con IU, hoy en el PSOE, que planteó un discurso con la intención de ser asumible para toda la Cámara, en defensa "del acuerdo que merecen las víctimas”. El consenso no será sencillo, pero desde la consejería y el PSOE se insiste en la voluntad de buscarlo. Vigilantes a las posibles cesiones a Ciudadanos y PP están Podemos e IU.
La posición más incómoda es para el PP. Y el trámite parlamentario lo hará aún más complicado. Está previsto que los agentes sociales comparezcan en la Comisión de Cultura (la Dirección General de Memoria Democrática depende de la Consejería de Cultura). Es decir, durante la tramitación de la ley se oirán voces, 80 años después del inicio de la guerra, que demuestran que sigue viva la memoria de la brutalidad.
En más de 350 municipios hay fosas, que superan en número los 600, y se calcula que en ellas hay restos de unas 50.000 personas. A ello hay que añadir reprimidos de todas las formas posibles. Hay decenas de asociaciones que a grandes rasgos apoyan la ley. Quedan testigos. Cada vez menos, pero quedan. Y afectados. Cuando la Junta aprobó en 2010 un decreto para indemnizar a las mujeres vejadas por parte de los vencedores de la guerra (rapadas, exhibidas en ridículo, obligadas a tomar aceite de ricino, víctimas de violencia sexual), se dijo que aparecerían unas pocas. Hubo más de 250 solicitudes, de las que una comisión de valoración aprobó 114.
3. Hasta febrero de 1982
La ley abarca desde la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 hasta la entrada en vigor del Estatuto de Andalucía el 11 de enero de 1982, lo cual supone una diferencia con la norma estatal. Si la primera fecha es significativa, porque implica a la Administración en la difusión de la herencia republicana, la segunda fecha lo es aún más.
La ley se refiere a "las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Andalucía [,,,] hasta la finalización del proceso de transición". Y añade: "Durante la Transición el pueblo andaluz con las organizaciones democráticas tuvo que seguir luchando para conseguir su derecho a la autonomía [...]". La transición, a la que la ley se refiere como un proceso "positivo", es a la vez apeada del altar. Y la Ley de Amnistía, cuestionada abiertamente, al señalar que para los "crímenes contra la humanidad" no valen "leyes de amnistía". La Ley señala: "La Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones". La norma busca legitimidad en la ONU, la Corte Penal Internacional, incluso en Nüremberg. La Junta, sobre el papel, puede denunciar ante los órganos judiciales indicios de crímenes de lesa humanidad. Es decir, ni la transición en su conjunto, ni la Ley de Amnistía en particular, constituyen un punto y final.
4. Recelos y líneas rojas de la derecha
Ciudadanos pretende que el debate de la ley evidencie su carácter moderado y dialogante frente al PP, pero sin caer en la agenda de la izquierda. "El debate es necesario e interesante para poner fin a un capítulo triste de nuestra historia", afirma Juan Marín, portavoz de Ciudadanos. "Un país se mide por dignidad que da a sus muertos", dijo desde la tribuna el diputado Sergio Romero durante el debate de totalidad.
Ciudadanos, que tiene un acuerdo de investidura con el PSOE por el que da estabilidad parlamentaria al Gobierno de Susana Díaz, defiende las ayudas a quienes reclamen buscar a sus familiares en las fosas. Pero está claro su desagrado con el tratamiento que da la ley a la transición. "No vamos a apoyar nada que criminalice la transición", apuntan desde la formación naranja, donde no hablan de líneas rojas.
El PP es más categórico. Su diputado Juan Ramón Ferreira, tras "rechazar sin paliativos el régimen del general Franco", calificó la ley de "innecesaria". "Hay votantes, también de izquierdas, que no quieren rencores ni revanchas", afirmó. Aseguró que el PP se opondrá a lo que interpreta como una derogación de la Ley de Amnistía, así como a la inclusión de la memoria en la enseñanza.
5. Ampliación del concepto de víctima
El concepto de "víctima" se amplía con respecto a la Ley de Zapatero. Aquí se incluyen los familiares, los exiliados, los confinados, los torturados, los exterminados en campos nazis, los bebés robados, la "guerrilla antifranquista" (el conocido como "maquis"), los reprimidos por su orientación sexual, los partidos de izquierdas, los sindicatos, minorías étnicas, masones, feministas... La Junta elaborará un censo público de víctimas, según la ley. La inclusión de cada nombre requerirá el permiso de la familia.
6. La memoria en la educación pública
Otra novedad con respecto a la norma estatal. Y el aspecto que más rechazo suscita en el PP. La norma dice: "Para fortalecer los valores democráticos, la Consejería [...] incluirá la Memoria Democrática en el currículo de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas. Los contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica". También, de forma más imprecisa, "se impulsará en colaboración con las universidades andaluzas la incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios que proceda".
Si el PP finalmente rechaza la ley, previsiblemente este será su banderín de enganche. En la consejería confían en hacer una labor eficaz de pedagogía. "Ha habido mucho malentendido. No va a haber una asignatura que se llame Memoria Democrática, sino que se incorporarán contenidos contrastados a la enseñanza. Cosas que es importante saber", señalan desde Cultura. Por ejemplo, una reciente investigación revela que unas 300.000 personas realizaron en febrero de 1937 el penoso éxodo desde Málaga hasta Almería, la conocida como Desbandá, el triple de lo que se pensaba hace sólo unos años. Fue una auténtica masacre. ¿Cómo no va a incluirse tal cosa en la educación?, se preguntan los partidarios de introducir la memoria democrática en el currículum. La ley, en su más ambicioso desiderátum, llega a ponerse como objetivo garantizar el "derecho a conocer la verdad".
7. Banco de ADN
Con menos repercusión mediática que hace cinco o diez años, la Junta sigue realizando localizaciones, exhumaciones, identificaciones... Y a un ritmo apreciable. En 2015 ha habido 12 intervenciones, con restos de alrededor de 200 cuerpos, según Cultura. Actualmente está en marcha el trabajo arqueológico en el cementerio de Puerto Real (Cádiz), donde ya se han localizado restos de cien personas. Arqueólogos veteranos están quedando impresionados por la crueldad que revelan los hallazgos. Aunque nada superará a lo encontrado en Málaga la década pasada. En el cementerio de San Rafael aparecieron restos de más de 4.500 personas.
La Consejería ha recibido 20 peticiones de exhumación para 2016. La ley establece que la Junta llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos, sea de oficio o a propuesta de asociaciones. Si los enterramientos están en propiedad privada y el dueño no colabora, se puede realizar su expropiación temporal. También debe permitir su visita cuatro días al mes. La norma establece que la Junta realizará pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos exhumados. A tal fin "podrá establecer" y gestionar un sistema de banco de datos de ADN. Sería un logro mayúsculo si esa posibilidad se concretara. Pero es laborioso. Y caro. El presupuesto anual de la Dirección General de Memoria, incluido personal, es de un millón de euros, insuficiente para el desarrollo completo de la ley.
8. Lugares de memoria
La Junta creará un inventario de Lugares de Memoria Democrática. Ya hay 50 declarados, muchos de ellos señalizados. No son sólo fosas o tapias de fusilamiento. Hay también refugios antiaéreos, senderos del maquis... Estos lugares estarán protegidos, con lo que no se podrán derrumbar o modificar. Esto se suma al mapa de fosas. La ley también establece medidas para la recuperación y preservación de archivos que atestiguan la represión. La adquisición o copia de archivos que están fuera de Andalucía o España queda sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
9. Sanciones
Las excavaciones sin autorización, la construcción donde haya certeza de que hay restos humanos o la destrucción de fosas soninfracciones graves, con sanciones de 10.001 a 150.000 euros. También hay sanciones graves, desde 2.001 hasta 10.000 euros, por no comunicar hallazgos casuales, por ejemplo. No permitir la visita a los restos sería una infracción leve, de 200 a 2.000 euros.
Los recursos para el control y la detección de infracciones son escasos. Ha sido masiva, según las asociaciones, la destrucción de enterramientos a lo largo de las décadas desde el final de la guerra civil, así como la ocultación de hallazgos. Las pistas son más difíciles de encontrar a estas alturas, aunque en los pueblos suele haber testimonios heredados y conocidos por muchos. En la práctica, parece complicado actuar con eficacia sin cierta colaboración de los propietarios cuando el terreno sea privado.
10. Retirada de símbolos
La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 y del franquismo se considera "contraria a la dignidad de las víctimas". Así que se deben retirar. La ley considera a priori que "las razones artísticas o arquitectónicas" no valen como excusas para preservar los símbolos –como ocurría en la norma estatal–, así que sólo serán válidas si media "informe favorable" de la Junta sobre su valor patrimonial.
Los símbolos en edificios privados que den a la calle también se quitan. En el plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley deberá procederse a la retirada. En caso contrario la consejería actuará de oficio.
Labores de excavación llevadas a cabo por voluntarios de la ARMH. ARMH
El ambiente político y social que rodea a la cuestión de la memoria histórica ha cambiado con respecto al que se encontró en 2006, al llevar su proyecto al Consejo de Ministros, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Ley de Memoria Democrática de Andalucía, pese a llegar más lejos que la norma estatal (aprobada finalmente en 2007), ha superado su primer escalón parlamentario sin enmiendas a la totalidad ni textos alternativos, algo impensable hace diez años. El PP, aunque carga duramente contra la ley, expresó el miércoles durante el debate de totalidad su "rechazo sin paliativos" al régimen franquista. La ley se aprobará previsiblemente esta primavera. Si no hay consenso, y en función de las posibles modificaciones que puedan darse, la ley puede aprobarse con el PSOE más Podemos e IU, o con el PSOE más Ciudadanos (su actual socio de legislatura, que no de gobierno).
1. Reivindicación republicana
La ley estaba recogida en el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE e IU para la pasada legislatura (2012-2015). El texto salió de la cocina de la Consejería de Relaciones Institucionales y Administración Local que entonces dirigía el vicepresidente Diego Valderas (IU). La ruptura del Gobierno ha retrasado el recorrido, pero el PSOE ha respetado el texto.
El sello de IU es evidente en todo el articulado, sobre todo en la reivindicación republicana, la voluntad expresa de resarcimiento a las víctimas y la retórica combativa. En la ley queda recogida la voluntad de "reconocimiento jurídico de la resistencia popular contra la dictadura", así como el "carácter radicalmente injusto de todas las condenas y sanciones". "Es imprescindible que no quede en el olvido el legado histórico de la Segunda República Española", dice la exposición de motivos. Y también: "El Estado democrático tiene una deuda con quienes fueron víctimas de violencia y represión".
Se vincula directamente la II República con la autonomía de Andalucía. La norma subraya la "historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades". El propio nombre de la ley es elocuente. "Memoria democrática", que supone un reconocimiento expreso de la II República, tiene matices con respecto a "memoria histórica", más neutro y convencional.
2. La voz de las asociaciones
Ironías del destino, la encargada de presentar el texto a la Cámara fue Rosa Aguilar, ex alcaldesa de Córdoba con IU, hoy en el PSOE, que planteó un discurso con la intención de ser asumible para toda la Cámara, en defensa "del acuerdo que merecen las víctimas”. El consenso no será sencillo, pero desde la consejería y el PSOE se insiste en la voluntad de buscarlo. Vigilantes a las posibles cesiones a Ciudadanos y PP están Podemos e IU.
La posición más incómoda es para el PP. Y el trámite parlamentario lo hará aún más complicado. Está previsto que los agentes sociales comparezcan en la Comisión de Cultura (la Dirección General de Memoria Democrática depende de la Consejería de Cultura). Es decir, durante la tramitación de la ley se oirán voces, 80 años después del inicio de la guerra, que demuestran que sigue viva la memoria de la brutalidad.
En más de 350 municipios hay fosas, que superan en número los 600, y se calcula que en ellas hay restos de unas 50.000 personas. A ello hay que añadir reprimidos de todas las formas posibles. Hay decenas de asociaciones que a grandes rasgos apoyan la ley. Quedan testigos. Cada vez menos, pero quedan. Y afectados. Cuando la Junta aprobó en 2010 un decreto para indemnizar a las mujeres vejadas por parte de los vencedores de la guerra (rapadas, exhibidas en ridículo, obligadas a tomar aceite de ricino, víctimas de violencia sexual), se dijo que aparecerían unas pocas. Hubo más de 250 solicitudes, de las que una comisión de valoración aprobó 114.
3. Hasta febrero de 1982
La ley abarca desde la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 hasta la entrada en vigor del Estatuto de Andalucía el 11 de enero de 1982, lo cual supone una diferencia con la norma estatal. Si la primera fecha es significativa, porque implica a la Administración en la difusión de la herencia republicana, la segunda fecha lo es aún más.
La ley se refiere a "las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Andalucía [,,,] hasta la finalización del proceso de transición". Y añade: "Durante la Transición el pueblo andaluz con las organizaciones democráticas tuvo que seguir luchando para conseguir su derecho a la autonomía [...]". La transición, a la que la ley se refiere como un proceso "positivo", es a la vez apeada del altar. Y la Ley de Amnistía, cuestionada abiertamente, al señalar que para los "crímenes contra la humanidad" no valen "leyes de amnistía". La Ley señala: "La Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones". La norma busca legitimidad en la ONU, la Corte Penal Internacional, incluso en Nüremberg. La Junta, sobre el papel, puede denunciar ante los órganos judiciales indicios de crímenes de lesa humanidad. Es decir, ni la transición en su conjunto, ni la Ley de Amnistía en particular, constituyen un punto y final.
4. Recelos y líneas rojas de la derecha
Ciudadanos pretende que el debate de la ley evidencie su carácter moderado y dialogante frente al PP, pero sin caer en la agenda de la izquierda. "El debate es necesario e interesante para poner fin a un capítulo triste de nuestra historia", afirma Juan Marín, portavoz de Ciudadanos. "Un país se mide por dignidad que da a sus muertos", dijo desde la tribuna el diputado Sergio Romero durante el debate de totalidad.
Ciudadanos, que tiene un acuerdo de investidura con el PSOE por el que da estabilidad parlamentaria al Gobierno de Susana Díaz, defiende las ayudas a quienes reclamen buscar a sus familiares en las fosas. Pero está claro su desagrado con el tratamiento que da la ley a la transición. "No vamos a apoyar nada que criminalice la transición", apuntan desde la formación naranja, donde no hablan de líneas rojas.
El PP es más categórico. Su diputado Juan Ramón Ferreira, tras "rechazar sin paliativos el régimen del general Franco", calificó la ley de "innecesaria". "Hay votantes, también de izquierdas, que no quieren rencores ni revanchas", afirmó. Aseguró que el PP se opondrá a lo que interpreta como una derogación de la Ley de Amnistía, así como a la inclusión de la memoria en la enseñanza.
5. Ampliación del concepto de víctima
El concepto de "víctima" se amplía con respecto a la Ley de Zapatero. Aquí se incluyen los familiares, los exiliados, los confinados, los torturados, los exterminados en campos nazis, los bebés robados, la "guerrilla antifranquista" (el conocido como "maquis"), los reprimidos por su orientación sexual, los partidos de izquierdas, los sindicatos, minorías étnicas, masones, feministas... La Junta elaborará un censo público de víctimas, según la ley. La inclusión de cada nombre requerirá el permiso de la familia.
6. La memoria en la educación pública
Otra novedad con respecto a la norma estatal. Y el aspecto que más rechazo suscita en el PP. La norma dice: "Para fortalecer los valores democráticos, la Consejería [...] incluirá la Memoria Democrática en el currículo de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas. Los contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica". También, de forma más imprecisa, "se impulsará en colaboración con las universidades andaluzas la incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios que proceda".
Si el PP finalmente rechaza la ley, previsiblemente este será su banderín de enganche. En la consejería confían en hacer una labor eficaz de pedagogía. "Ha habido mucho malentendido. No va a haber una asignatura que se llame Memoria Democrática, sino que se incorporarán contenidos contrastados a la enseñanza. Cosas que es importante saber", señalan desde Cultura. Por ejemplo, una reciente investigación revela que unas 300.000 personas realizaron en febrero de 1937 el penoso éxodo desde Málaga hasta Almería, la conocida como Desbandá, el triple de lo que se pensaba hace sólo unos años. Fue una auténtica masacre. ¿Cómo no va a incluirse tal cosa en la educación?, se preguntan los partidarios de introducir la memoria democrática en el currículum. La ley, en su más ambicioso desiderátum, llega a ponerse como objetivo garantizar el "derecho a conocer la verdad".
7. Banco de ADN
Con menos repercusión mediática que hace cinco o diez años, la Junta sigue realizando localizaciones, exhumaciones, identificaciones... Y a un ritmo apreciable. En 2015 ha habido 12 intervenciones, con restos de alrededor de 200 cuerpos, según Cultura. Actualmente está en marcha el trabajo arqueológico en el cementerio de Puerto Real (Cádiz), donde ya se han localizado restos de cien personas. Arqueólogos veteranos están quedando impresionados por la crueldad que revelan los hallazgos. Aunque nada superará a lo encontrado en Málaga la década pasada. En el cementerio de San Rafael aparecieron restos de más de 4.500 personas.
La Consejería ha recibido 20 peticiones de exhumación para 2016. La ley establece que la Junta llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos, sea de oficio o a propuesta de asociaciones. Si los enterramientos están en propiedad privada y el dueño no colabora, se puede realizar su expropiación temporal. También debe permitir su visita cuatro días al mes. La norma establece que la Junta realizará pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos exhumados. A tal fin "podrá establecer" y gestionar un sistema de banco de datos de ADN. Sería un logro mayúsculo si esa posibilidad se concretara. Pero es laborioso. Y caro. El presupuesto anual de la Dirección General de Memoria, incluido personal, es de un millón de euros, insuficiente para el desarrollo completo de la ley.
8. Lugares de memoria
La Junta creará un inventario de Lugares de Memoria Democrática. Ya hay 50 declarados, muchos de ellos señalizados. No son sólo fosas o tapias de fusilamiento. Hay también refugios antiaéreos, senderos del maquis... Estos lugares estarán protegidos, con lo que no se podrán derrumbar o modificar. Esto se suma al mapa de fosas. La ley también establece medidas para la recuperación y preservación de archivos que atestiguan la represión. La adquisición o copia de archivos que están fuera de Andalucía o España queda sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
9. Sanciones
Las excavaciones sin autorización, la construcción donde haya certeza de que hay restos humanos o la destrucción de fosas soninfracciones graves, con sanciones de 10.001 a 150.000 euros. También hay sanciones graves, desde 2.001 hasta 10.000 euros, por no comunicar hallazgos casuales, por ejemplo. No permitir la visita a los restos sería una infracción leve, de 200 a 2.000 euros.
Los recursos para el control y la detección de infracciones son escasos. Ha sido masiva, según las asociaciones, la destrucción de enterramientos a lo largo de las décadas desde el final de la guerra civil, así como la ocultación de hallazgos. Las pistas son más difíciles de encontrar a estas alturas, aunque en los pueblos suele haber testimonios heredados y conocidos por muchos. En la práctica, parece complicado actuar con eficacia sin cierta colaboración de los propietarios cuando el terreno sea privado.
10. Retirada de símbolos
La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 y del franquismo se considera "contraria a la dignidad de las víctimas". Así que se deben retirar. La ley considera a priori que "las razones artísticas o arquitectónicas" no valen como excusas para preservar los símbolos –como ocurría en la norma estatal–, así que sólo serán válidas si media "informe favorable" de la Junta sobre su valor patrimonial.
Los símbolos en edificios privados que den a la calle también se quitan. En el plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley deberá procederse a la retirada. En caso contrario la consejería actuará de oficio.
1. Reivindicación republicana
La ley estaba recogida en el acuerdo de Gobierno firmado por PSOE e IU para la pasada legislatura (2012-2015). El texto salió de la cocina de la Consejería de Relaciones Institucionales y Administración Local que entonces dirigía el vicepresidente Diego Valderas (IU). La ruptura del Gobierno ha retrasado el recorrido, pero el PSOE ha respetado el texto.
El sello de IU es evidente en todo el articulado, sobre todo en la reivindicación republicana, la voluntad expresa de resarcimiento a las víctimas y la retórica combativa. En la ley queda recogida la voluntad de "reconocimiento jurídico de la resistencia popular contra la dictadura", así como el "carácter radicalmente injusto de todas las condenas y sanciones". "Es imprescindible que no quede en el olvido el legado histórico de la Segunda República Española", dice la exposición de motivos. Y también: "El Estado democrático tiene una deuda con quienes fueron víctimas de violencia y represión".
Se vincula directamente la II República con la autonomía de Andalucía. La norma subraya la "historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades". El propio nombre de la ley es elocuente. "Memoria democrática", que supone un reconocimiento expreso de la II República, tiene matices con respecto a "memoria histórica", más neutro y convencional.
2. La voz de las asociaciones
Ironías del destino, la encargada de presentar el texto a la Cámara fue Rosa Aguilar, ex alcaldesa de Córdoba con IU, hoy en el PSOE, que planteó un discurso con la intención de ser asumible para toda la Cámara, en defensa "del acuerdo que merecen las víctimas”. El consenso no será sencillo, pero desde la consejería y el PSOE se insiste en la voluntad de buscarlo. Vigilantes a las posibles cesiones a Ciudadanos y PP están Podemos e IU.
La posición más incómoda es para el PP. Y el trámite parlamentario lo hará aún más complicado. Está previsto que los agentes sociales comparezcan en la Comisión de Cultura (la Dirección General de Memoria Democrática depende de la Consejería de Cultura). Es decir, durante la tramitación de la ley se oirán voces, 80 años después del inicio de la guerra, que demuestran que sigue viva la memoria de la brutalidad.
En más de 350 municipios hay fosas, que superan en número los 600, y se calcula que en ellas hay restos de unas 50.000 personas. A ello hay que añadir reprimidos de todas las formas posibles. Hay decenas de asociaciones que a grandes rasgos apoyan la ley. Quedan testigos. Cada vez menos, pero quedan. Y afectados. Cuando la Junta aprobó en 2010 un decreto para indemnizar a las mujeres vejadas por parte de los vencedores de la guerra (rapadas, exhibidas en ridículo, obligadas a tomar aceite de ricino, víctimas de violencia sexual), se dijo que aparecerían unas pocas. Hubo más de 250 solicitudes, de las que una comisión de valoración aprobó 114.
3. Hasta febrero de 1982
La ley abarca desde la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 hasta la entrada en vigor del Estatuto de Andalucía el 11 de enero de 1982, lo cual supone una diferencia con la norma estatal. Si la primera fecha es significativa, porque implica a la Administración en la difusión de la herencia republicana, la segunda fecha lo es aún más.
La ley se refiere a "las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Andalucía [,,,] hasta la finalización del proceso de transición". Y añade: "Durante la Transición el pueblo andaluz con las organizaciones democráticas tuvo que seguir luchando para conseguir su derecho a la autonomía [...]". La transición, a la que la ley se refiere como un proceso "positivo", es a la vez apeada del altar. Y la Ley de Amnistía, cuestionada abiertamente, al señalar que para los "crímenes contra la humanidad" no valen "leyes de amnistía". La Ley señala: "La Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones". La norma busca legitimidad en la ONU, la Corte Penal Internacional, incluso en Nüremberg. La Junta, sobre el papel, puede denunciar ante los órganos judiciales indicios de crímenes de lesa humanidad. Es decir, ni la transición en su conjunto, ni la Ley de Amnistía en particular, constituyen un punto y final.
4. Recelos y líneas rojas de la derecha
Ciudadanos pretende que el debate de la ley evidencie su carácter moderado y dialogante frente al PP, pero sin caer en la agenda de la izquierda. "El debate es necesario e interesante para poner fin a un capítulo triste de nuestra historia", afirma Juan Marín, portavoz de Ciudadanos. "Un país se mide por dignidad que da a sus muertos", dijo desde la tribuna el diputado Sergio Romero durante el debate de totalidad.
Ciudadanos, que tiene un acuerdo de investidura con el PSOE por el que da estabilidad parlamentaria al Gobierno de Susana Díaz, defiende las ayudas a quienes reclamen buscar a sus familiares en las fosas. Pero está claro su desagrado con el tratamiento que da la ley a la transición. "No vamos a apoyar nada que criminalice la transición", apuntan desde la formación naranja, donde no hablan de líneas rojas.
El PP es más categórico. Su diputado Juan Ramón Ferreira, tras "rechazar sin paliativos el régimen del general Franco", calificó la ley de "innecesaria". "Hay votantes, también de izquierdas, que no quieren rencores ni revanchas", afirmó. Aseguró que el PP se opondrá a lo que interpreta como una derogación de la Ley de Amnistía, así como a la inclusión de la memoria en la enseñanza.
5. Ampliación del concepto de víctima
El concepto de "víctima" se amplía con respecto a la Ley de Zapatero. Aquí se incluyen los familiares, los exiliados, los confinados, los torturados, los exterminados en campos nazis, los bebés robados, la "guerrilla antifranquista" (el conocido como "maquis"), los reprimidos por su orientación sexual, los partidos de izquierdas, los sindicatos, minorías étnicas, masones, feministas... La Junta elaborará un censo público de víctimas, según la ley. La inclusión de cada nombre requerirá el permiso de la familia.
6. La memoria en la educación pública
Otra novedad con respecto a la norma estatal. Y el aspecto que más rechazo suscita en el PP. La norma dice: "Para fortalecer los valores democráticos, la Consejería [...] incluirá la Memoria Democrática en el currículo de la Educación Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas. Los contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica". También, de forma más imprecisa, "se impulsará en colaboración con las universidades andaluzas la incorporación de la Memoria Democrática en los estudios universitarios que proceda".
Si el PP finalmente rechaza la ley, previsiblemente este será su banderín de enganche. En la consejería confían en hacer una labor eficaz de pedagogía. "Ha habido mucho malentendido. No va a haber una asignatura que se llame Memoria Democrática, sino que se incorporarán contenidos contrastados a la enseñanza. Cosas que es importante saber", señalan desde Cultura. Por ejemplo, una reciente investigación revela que unas 300.000 personas realizaron en febrero de 1937 el penoso éxodo desde Málaga hasta Almería, la conocida como Desbandá, el triple de lo que se pensaba hace sólo unos años. Fue una auténtica masacre. ¿Cómo no va a incluirse tal cosa en la educación?, se preguntan los partidarios de introducir la memoria democrática en el currículum. La ley, en su más ambicioso desiderátum, llega a ponerse como objetivo garantizar el "derecho a conocer la verdad".
7. Banco de ADN
Con menos repercusión mediática que hace cinco o diez años, la Junta sigue realizando localizaciones, exhumaciones, identificaciones... Y a un ritmo apreciable. En 2015 ha habido 12 intervenciones, con restos de alrededor de 200 cuerpos, según Cultura. Actualmente está en marcha el trabajo arqueológico en el cementerio de Puerto Real (Cádiz), donde ya se han localizado restos de cien personas. Arqueólogos veteranos están quedando impresionados por la crueldad que revelan los hallazgos. Aunque nada superará a lo encontrado en Málaga la década pasada. En el cementerio de San Rafael aparecieron restos de más de 4.500 personas.
La Consejería ha recibido 20 peticiones de exhumación para 2016. La ley establece que la Junta llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos, sea de oficio o a propuesta de asociaciones. Si los enterramientos están en propiedad privada y el dueño no colabora, se puede realizar su expropiación temporal. También debe permitir su visita cuatro días al mes. La norma establece que la Junta realizará pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos exhumados. A tal fin "podrá establecer" y gestionar un sistema de banco de datos de ADN. Sería un logro mayúsculo si esa posibilidad se concretara. Pero es laborioso. Y caro. El presupuesto anual de la Dirección General de Memoria, incluido personal, es de un millón de euros, insuficiente para el desarrollo completo de la ley.
8. Lugares de memoria
La Junta creará un inventario de Lugares de Memoria Democrática. Ya hay 50 declarados, muchos de ellos señalizados. No son sólo fosas o tapias de fusilamiento. Hay también refugios antiaéreos, senderos del maquis... Estos lugares estarán protegidos, con lo que no se podrán derrumbar o modificar. Esto se suma al mapa de fosas. La ley también establece medidas para la recuperación y preservación de archivos que atestiguan la represión. La adquisición o copia de archivos que están fuera de Andalucía o España queda sujeta a la disponibilidad presupuestaria.
9. Sanciones
Las excavaciones sin autorización, la construcción donde haya certeza de que hay restos humanos o la destrucción de fosas soninfracciones graves, con sanciones de 10.001 a 150.000 euros. También hay sanciones graves, desde 2.001 hasta 10.000 euros, por no comunicar hallazgos casuales, por ejemplo. No permitir la visita a los restos sería una infracción leve, de 200 a 2.000 euros.
Los recursos para el control y la detección de infracciones son escasos. Ha sido masiva, según las asociaciones, la destrucción de enterramientos a lo largo de las décadas desde el final de la guerra civil, así como la ocultación de hallazgos. Las pistas son más difíciles de encontrar a estas alturas, aunque en los pueblos suele haber testimonios heredados y conocidos por muchos. En la práctica, parece complicado actuar con eficacia sin cierta colaboración de los propietarios cuando el terreno sea privado.
10. Retirada de símbolos
La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 y del franquismo se considera "contraria a la dignidad de las víctimas". Así que se deben retirar. La ley considera a priori que "las razones artísticas o arquitectónicas" no valen como excusas para preservar los símbolos –como ocurría en la norma estatal–, así que sólo serán válidas si media "informe favorable" de la Junta sobre su valor patrimonial.
Los símbolos en edificios privados que den a la calle también se quitan. En el plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley deberá procederse a la retirada. En caso contrario la consejería actuará de oficio.
Ángel Munárriz | Sevilla
Actualizada 13/02/2016 a las 17:49
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