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Posted: 28 Apr 2015 04:43 AM
PDT
Profesor de la Universidad
Complutense de Madrid
La falta de vergüenza de este
gobierno ya no puede sorprender a nadie, pero aun así es difícil dejar de
indignarse por los argumentos tan falaces e hipócritas que utilizan sus
miembros en relación con el escándalo de la impunidad de los crímenes
franquistas. Una de las últimas salidas de pata de banco se ha producido hace
unos días cuando Rafael Catalá, ministro de Justicia (?), en sesión de
control del gobierno se refirió a Argentina como un país con déficit
democrático que no debería pretender enjuiciar las actuaciones que España
hace (o, más bien, no hace) con respecto a los crímenes del franquismo. Esta
declaración se producía el mismo día (22 de abril) que un editorial de The
New York Times tildara a la Ley de (in)Seguridad ciudadana de franquista. No
sabemos si el ministro se habrá inquietado al conocer esta última noticia o,
gracias a la cara de cemento armado que tienen los miembros de este gobierno,
la ha recibido tan imperturbable como un lama tibetano.
Ejemplo
de resignificación de lugar de la memoria en Argentina
Ciñéndonos a los crímenes del
franquismo (podríamos decir el genocidio franquista, pero para oídos castos y
pulcros en técnica jurídica quizás esta expresión resulte excesiva), la
comparación entre las medidas tomadas por Argentina y por España ante el terrorismo
de estado cometido en ambos países, resulta insultante. Mientras que
Argentina ha aplicado generosamente medidas de justicia transicional y
el Estado ha reconocido a las víctimas, ha condenado a más de 550
colaboradores del terrorismo de estado, ha resignificado lugares de tortura
como lugares de memoria, ha facilitado a periodistas e investigadores el
acceso a los archivos, en su sistema educativo se habla de la época de la
dictadura como una época de terrorismo de estado… y un largo etcétera de actuaciones,
España ha caído en el descrédito más absoluto ante la comunidad
internacional, la representada por las Naciones Unidas, no por Estados Unidos
a través de la OTAN y los cuatro perritos falderos que le acompañan en sus
agresiones bélicas por el planeta –delitos de agresión que cuando funcione
una auténtica Corte Penal Internacional algún día deberán ser juzgados-.
Frente a los cientos de lugares
de memoria en Argentina, España se ha especializado en lugares de
olvido. La plaza de toros de Badajoz donde los fascistas perpetraron la
famosa masacre, demolida en 2002; la cárcel de Carabanchel, demolida en
octubre de 2008 en pleno gobierno del PSOE; el edificio de la actual sede de
la Comunidad de Madrid, sin una placa que recuerde que fue el más siniestro
centro de tortura del estado… y así, decenas o cientos de lugares en los que
miles de ciudadanos fueron torturados y asesinados, sin una sola placa que
recuerde a las víctimas. Víctimas objeto de ninguneo y desprecio por el
gobierno actual hasta unos límites intolerables, como cuando el diputado del
PP Rafael Hernando acusó a los familiares de las víctimas de acordarse de
éstas cuando hay subvenciones, sin que su partido haya desautorizado esa
rastrera acusación, que no hace más que retratar a quien la escupe y al
partido que la ampara.
Placa
que homenajea al bando franquista en España
El gobierno siempre ha actuado
conforme a la ley”, mintió el ministro sin mover
una ceja, sabiendo que los crímenes perseguidos por la justicia argentina son
imprescriptibles, que la ley de amnistía que invoca el gobierno es ilegal
para el derecho internacional, y que crímenes como las desapariciones
forzadas y el robo de niños son permanentes hasta no dar con el paradero de
la persona desaparecida. El gobierno es plenamente consciente de que no
cumple con las leyes internacionales y ni siquiera con las nacionales, como
es el caso de la descafeinada Ley de Memoria Histórica
En una reciente entrevista , el abogado Carlos Slepoy recuerda que los principales órganos
de derechos humanos de Naciones Unidas[1] han
señalado hace unas semanas al gobierno español su obligación de extraditar o
juzgar a los 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina
Que instancias internacionales
tengan que recordar a nuestro Estado sus obligaciones internacionales es
simplemente una vergüenza. En vez de reconocer errores, rectificar y declarar
su intención de cumplir diligentemente con las leyes internacionales, el
gobierno no hace más que poner excusas de colegial y persistir en el
encubrimiento del baño de sangre al que sometieron los
franquistas al país. Para colmo, acusar de déficit democrático a países como
Argentina solo puede entenderse desde una óptica colonialista inaceptable en
el siglo XXI.
Para rematar la faena, Catalá
empleó el seudoargumento de que los delitos cometidos no eran infracciones en
la época en que fueron cometidos. O sea, igual que los crímenes del nazismo,
que fueron legales durante el mandato de Hitler. Así nos va con estos
“demócratas”, dignos herederos del franquismo que enarbolan la bandera de
“pasar página” sin haberla leído y que pretenden la amnesia más absoluta de
los crímenes más atroces que ha conocido nuestro país.
1. Ariel Dulitzky,
presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o
involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial
sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y
Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
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