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Una investigación apuesta por abordar la memoria histórica con perspectiva de género
Cortejo fúnebre de las 17 rosas por las calles de Guillena (Sevilla). / PACO PUENTES
“Toda investigación sobre la memoria histórica debe incorporar los efectos específicos de la violencia en el cuerpo y la vida de las mujeres, las cargas que les fueron impuestas y las mayores vulnerabilidades a que estuvieron sometidas por razón de sexo y que afectaron a su integridad física y su dignidad”. Así arranca la investigación sobre la represión femenina en Andalucía durante la Guerra Civil y la dictadura incluida en el libro La memoria de todos, auspiciado por la Fundación Alfonso Perales y elaborado por 16 expertos (nueve de ellos catedráticos) que se adentran en un terreno de estudio muy amplio: desde la depuración por sectores profesionales al número de víctimas, las responsabilidades políticas e incautaciones de bienes o las políticas de memoria desarrolladas a nivel nacional y regional, entre otros temas.
“Hay que visibilizar a las mujeres víctimas, porque con los hombres se ha hecho, pero con ellas no”, resume Cándida Martínez, profesora de Historia Antigua de la Universidad de Granada y autora de este capítulo junto a María Dolores Ramos, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga. Las dos estudiosas hacen un análisis de las distintas investigaciones elaboradas hasta ahora sobre la materia y una de las conclusiones es que son insuficientes. Otra es la necesidad de recuperar la memoria histórica con perspectiva de género. “No será completa si no están las mujeres”, insiste Martínez.
Se estima que entre un 2% y un 5% de los fusilados en Andalucía fueron mujeres (el libro cifra en 66.128 las personas ejecutadas en la comunidad entre 1936 y 1945: 57.413 por la represión franquista y 8.715 por la republicana). Las otras cifras sobre los abusos a este colectivo están “olvidadas”. Las mujeres no solo sufrieron castigos físicos, sino “violencia psicológica, miedo, desprecio social, hambre, depuraciones laborales, vejaciones y chantajes emocionales”, y no exclusivamente por su condición política o sindical, sino por ser esposas o madres de represaliados.
Los expertos concluyen la necesidad de abordar este asunto de manera transversal (es decir, analizando estos dos aspectos), por romper los “pactos de silencio” sobre la situación de la mujer y por fijar lugares de memoria específicos para las víctimas. “Andalucía era en ese momento una comunidad de mujeres, fueron ellas quienes sacaron adelante a sus hijos y familias”, argumenta Martínez. En definitiva, “intensificar” el debate sobre las víctimas ejecutadas, su identidad y las denuncias que pesaron sobre ellas.
“Fueron las mujeres las que sufrieron la ley de responsabilidades políticas”, añade Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y coordinador del libro junto a Miguel Gómez, catedrático de Granada de la misma materia, con quien también aborda la investigación sobre la normativa legal que sustentó el decomiso de bienes a los represaliados, el botín de guerra. Con sus maridos encarcelados, fueron las mujeres quienes padecieron esa coacción económica. Se tiene constancia de la apertura de 59.408 expedientes de incautaciones y responsabilidades políticas en la comunidad. Según los investigadores, se vieron afectados 17 de cada 1.000 andaluces, por encima de la media nacional, y el impacto fue mayor en las pequeñas poblaciones.
“Las heridas del pasado se curan con más verdad”, reza el subtítulo de La memoria de todos, una iniciativa que nace en el seno de la Fundación Alfonso Perales hace aproximadamente tres años, con la anterior legislatura andaluza, para marcar unas posibles directrices a la ley de Memoria Democrática de Andalucía. El proyecto de ley aprobado por el gobierno de PSOE e IU fue informado por el Consejo Consultivo e iba a iniciar su trámite parlamentario cuando se disolvió el Parlamento y se convocaron elecciones.
El volumen es una síntesis “rigurosa” de las múltiples investigaciones realizadas sobre la represión franquista en Andalucía. Para Fernando Martínez, la ley promovida por el Gobierno andaluz debería incluir la constitución de una Comisión de la Verdad que aclare con independencia y transparencia los abusos cometidos en esta etapa. “Llega tarde, pero debería hacerse”, sostiene el catedrático, que señala otro “déficit” en la recuperación de la memoria histórica: que la ley estatal de 2007 dejara las exhumaciones en manos de particulares. “España es el único país de Europa con fosas comunes. Tiene que ser una cuestión de Estado”, concluye.
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