Denuncian 'el bochorno' de que no les dejen 'investigar' con la documentación pública
El Gobierno de González lo abrió en 1984, pero Moratinos propició el cierre en 2010
Los historiadores españoles se han puesto en pie de guerra frente alMinisterio de Asuntos Exteriores. Y no es la primera vez. Más de cuatro años llevan clamando contra el progresivo cierre de los mismos archivos documentales sobre la política exterior española que el Gobierno de Felipe González había abierto a los investigadores en 1984.
Una sorda batalla que arrancó tras el 15 de octubre de 2010 en que, por una mera orden ministerial -por cierto, ni siquiera recogida en la relación de acuerdos del Consejo de Ministros-, el entonces canciller socialista Miguel Ángel Moratinos declaró «secreto» el grueso de los fondos. Una pelea que se mantuvo abierta pese al cambio de Gobierno, que se reactivó entre 2012 y 2013 con el apoyo de 300 investigadores de 17 países, y que ahora se reanuda de la mano de los profesores más combativos de la comunidad científica.
'Se han paralizado tesis y proyectos financiados por el Gobierno', aseguran
«En ningún país democrático se ha producido un retroceso tan drástico y repentino en la posibilidad de investigar el pasado como en el caso español», escriben en el número 96 de la revista Ayer -perteneciente a laAsociación de Historia Contemporánea, que agrupa a 500 socios españoles y extranjeros- los catedráticos de la Universidad Complutense Juan Carlos Pereira y Carlos Sanz Díaz. Ambos hablan del «bochorno» que sienten al «conocer, por la apertura de los archivos extranjeros, aspectos de la Historia de España que no se nos deja investigar en los de nuestro propio país».
Los historiadores traen a colación el caso Wikileaks y las revelaciones del ex empleado de la CIA Edward Snowden, para subrayar la paradoja y la «batalla» que se está librando en todo el mundo entre «el secreto estatal y la transparencia, que afecta muy especialmente a la información sobre la política exterior, de seguridad y de defensa». Pero para Pereira y Sanz, la batalla concreta se traduce en reclamar al ministro José Manuel García-Margallo el cumplimiento de su promesa, de agosto de 2013 -la última vez que arreciaron las quejas-, de alumbrar un nuevo acuerdo que sustituyera al de Moratinos.
En realidad, según fuentes del propio Ministerio, Margallo ya había llegado a redactar un borrador de nuevo acuerdo en septiembre de 2012, que aplicaba las mismas reglas de acceso a los documentos que las contenidas en los reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo en 2001. Sin embargo, Presidencia decidió frenar su aprobación hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, finalmente aprobada en diciembre de 2014.
Así que, pasados tres meses, los investigadores han vuelto a la carga... con una doble queja. La primera, «lo farragoso del procedimiento de pregunta» de la propia ley; la segunda, la dispersión que en todo este tiempo, el Gobierno del PP ha hecho del archivo original de Ministerio de Exteriores. Y es que, entre 2012 y 2013, los documentos anteriores a 1933 se trasladaron al Archivo Histórico Nacional; y los comprendidos entre 1933 y 1980, alArchivo General de la Administración (ambos pertenecientes alMinisterio de Cultura); mientras que los correspondientes a los últimos 35 años de historia diplomática se quedaron en el Archivo central de Exteriores.
Según los historiadores, el primero de los tres empezó a funcionar con normalidad desde abril de 2014, pero los otros dos siguen presentando serias restricciones de acceso. «A falta de una nueva norma, o siquiera de directrices claras, los archiveros no se atreven a darnos acceso a los fondos», clama Pereira en contra de la versión de Exteriores, que señala que el grueso de los fondos corresponden ahora a Cultura y asegura que «el 90% de las solicitudes, al menos, en lo que se refiere a nuestro archivo, se resuelve favorablemente». Por su parte, en Cultura agumentan que la norma de 2010 está en vigor y que a quien corresponde cambiarla es a Exteriores. En cuanto a Presidencia, tampoco se hace cargo.
Además, los investigadores apuntan al ministro de Defensa, Pedro Morenés, por «bloquear la consulta de 10.000 documentos históricos de los años 1936-1968 que la ministra Carme Chacón había dejado preparados para su acceso público»; y también se quejan de la denegación de algunos documentos en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
Un problema administrativo
Fuentes políticas y diplomáticas aseguran a este diario que no existe ningún problema político en relación con la consulta de documentos, sino meramente administrativo. Y en todo caso, añaden en relación con el cambio de norma que «se está estudiando». Pero los historiadores no parecen dispuestos a dejarse convencer.
«Se han paralizado investigaciones, tesis, libros, proyectos financiados por el propio Gobierno, tanto de investigadores españoles como extranjeros», aseguran. «Si antes éramos el ejemplo de Europa por la apertura, ahora somos el país de los secretos, a la cola de la UE en el acceso a determinados fondos históricos»», añaden, para insistir: «La causa de la apertura de los archivos no es una cuestión que interese sólo a los historiadores, sino a todos los ciudadanos, y más aún en tiempos de acuciante regeneración democrática y de una clara necesidad de transparencia».
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