- Esta organización está remitiendo cartas a los alcaldes de las 335 localidades españolas que han sido demandadas por no retirar de sus calles la simbología y nombres de la Dictadura
- La fundación pone a disposición de los alcaldes un equipo de abogados para impedir la aplicación de una norma que lleva 10 años en vigor
La Fundación Francisco Franco ha decidido pasar a la ofensiva para impedir la retirada de la simbología franquista en las calles y plazas de numerosas localidades españolas. Y a la vanguardia de esa ofensiva ha situado a un equipo de abogados que ofrece asistencia legal a todo alcalde que quiera evitar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en su término municipal.
Se trata de una asistencia legal “de bajo coste”, según ese colectivo. Esta organización ha remitido cartas a cada uno de los alcaldes de los pueblos que han sido demandados en toda España por mantener esa simbología ilegal. En total se trata de 335 localidades a lo largo y ancho de la geografía del Estado.
Las misivas llegan firmadas por el vicepresidente de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso, el hombre que hace unas semanas, cuando se conmemoraba el 41 aniversario de la muerte del dictador, afirmó que el régimen “solo fusiló a 23.000 y no fue por capricho”.
En todo caso, la misiva señala que su apoyo porque las demandas contra esos municipios pretenden “ que ganen la guerra los que perdieron hace 80 años sin importar la verdad, la historia o el daño que puede provocar en la democracia ese falseamiento de la historia”.
Pero no se quedan ahí las referencias a los 40 años de Franco: ”al borrar, mediante Ley, a quienes les derrotaron en la guerra y en la paz, en la justicia y en progreso. Como si, desde la Guerra Civil al postmodernismo actual, no hubiese ocurrido nada. Como si no hubiera habido una Era de Franco que transformo España y a su pueblo como no se había conocido en su historia”.
La Fundación Francisco Franco en esta carta reivindica que la Ley de Memoria Histórica se aplique a en sentido contrario, a los protagonistas de la II República y sus distintos gobiernos elegidos en las urnas: “deberíamos solicitar a sensu contrario se apliquen los preceptos establecidos en la citada Ley y proponga las modificaciones necesarias en el nomenclátor de calles y plazas de cualquier ciudad, con quienes mayor contribución tuvieron a la ruina, destrucción y saqueo de España, suficientemente documentado como para no discutirse: Largo Caballero, Indalecio Prieto, Negrín, Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, Azaña, Clara Campoamor, Lluís Companys, José Giral y un largo etc. de chekistas y demócratas de Stalin”.
Pero la ley obliga a todos los representantes de cualquier poder del Estado a cumplir y hacer cumplir la ley y la normativa de la Memoria Histórica es una ley en vigor desde hace casi 10 años. Eso sí, no fija fechas para su desarrollo pero al incluir específicamente a todas las administraciones públicas abre la puerta a la presentación de demandas por la vía de Lo Contencioso-Administrativo. Y en eso están 335 municipios españoles.
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