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El grupo confederal en el Congreso defiende en la Comisión de Justicia una Proposición No de Ley para añadir un artículo a la Ley de Amnistía que establezca que la misma no será aplicable a los delitos de "torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista
ALEJANDRO TORRÚS
MADRID.- La Ley de Amnistía ha sido el escudo de impunidad franquista. Se concibió para ser aplicada a personas perseguidas o condenadas por su actividad política durante la dictadura, pero con el transcurso de los años se ha convertido en el parapeto perfecto donde se han refugiado altos cargos de la dictadura franquista para no rendir cuentas sobre sus actuaciones en el pasado. De hecho, tanto la Justicia como los diferentes gobiernos democráticos han esgrimido esta Ley de 1977 para archivar de manera sistemática toda denuncia de víctimas de la dictadura, cerrar la causa abierto por Garzón y también para denegar las peticiones de extradición de franquistas efectuadas por Argentina.
Con el fin de romper este escudo franquista en el que se ha convertido la Ley de Amnistía, Podemos presenta este martes en el Congreso una Proposición No de Ley para que sea modificada y se añada un artículo en el que se establezca que no será de aplicación en los casos de "torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad". En tales crímenes, pide Podemos, debe aplicarse lo dispuesto en la normativa internacional, incluida su definición, su ámbito de aplicación universal y su carácter imprescriptible, que se encuentra en leyes suscritas por España como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU, suscrito por España en abril de 1977.
Con el fin de romper este escudo franquista en el que se ha convertido la Ley de Amnistía, Podemos presenta este martes en el Congreso una Proposición No de Ley para que sea modificada y se añada un artículo en el que se establezca que no será de aplicación en los casos de "torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad". En tales crímenes, pide Podemos, debe aplicarse lo dispuesto en la normativa internacional, incluida su definición, su ámbito de aplicación universal y su carácter imprescriptible, que se encuentra en leyes suscritas por España como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU, suscrito por España en abril de 1977.
La Ley de Amnistía se ha convertido en el parapeto perfecto donde se han refugiado altos cargos de la dictadura franquista para no rendir cuentas sobre sus actuaciones en el pasado
La petición de modificar la Ley de Amnistía no es nueva. El relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, Pablo De Greiff, instó al Gobierno de España a dejar sin efecto la Ley de Amnistía y mostró su preocupación por la utilización que la Justicia había hecho de esta ley. Pero nada cambió. Tampoco cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el año 2009, y también en el 2015, mostró "su preocupación" por el mantenimiento de la Ley. Ni el Partido Popular ni la Fiscalía han modificado sus criterios. El PSOE, por su parte, en boca de Ramón Jáuregui, exministro del segundo Gobierno de Zapatero, ha defendido hasta la fecha que "fue una ley necesaria" y que no cree "conveniente revertirla".
Ahora la Comisión de Justicia del Congreso tendrá que volver a debatir esta Ley gracias a la Proposición No de Ley presentada por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podemos - En Marea. "Con esta proposición se pretende cortar de raíz las interpretaciones de la Ley de Amnistía que avalan la impunidad de quienes han cometido actos de graves violaciones de derechos humanos en el Estado español y, consecuentemente, evitan la reparación plena de las víctimas de tales actos", señala la exposición de motivos de la Proposición, que añade como "ejemplo más reciente" la "suspensión de las declaraciones de las víctimas en la denominada querella argentina".
"El reforzamiento de los valores democráticos y de defensa de las libertades exige el conocimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la persecución de todos los actos que hayan supuesto graves violaciones colectivas de los derechos humanos, puesto que éstas no afectan sólo a las personas de un país concreto, sino que lesionan al conjunto de la humanidad", prosigue el texto de la Proposición, a la que ha tenido acceso este diario.
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