Enteramos de rondón de la cesión de
locales públicos como el Palacio de Congresos de Madrid para un acto de
exaltación franquista, quedamos estupefactos por los argumentos para justificar
la colaboración “pasiva” de los poderes públicos en un homenaje anacrónico al
último dictador europeo, pero hemos de decir que nos preocupa aún más el
argumentarlo aducido para justificarse tras la marcha atrás en este asunto.
Ayer emitimos un comunicado denunciando
el acto previsto de exaltación franquista previsto para el próximo 2 de
diciembre; hoy, tras conocer su anulación, tenemos que salir de nuevo alertando
a la opinión pública de la escandalosa inhibición del Gobierno, intentando dar
la imagen de que todo queda entre particulares que contratan un salón que,
según “los mercados” está a disposición de todos. Nos preocupa que en vez de
defender los valores que juran para acceder a sus cargos, las autoridades
públicas actuales lo que hacen en realidad es camuflar iniciativas claramente
anticonstitucionales e intentar engañar a los españoles.
No es verdad que no conocieran lo que
realmente se estaba contratando; la misma persona (el Sr Gaspart) y la misma
empresa ya consiguieron realizar otro acto con toda clase de parafernalia
franquista claramente visible en el mismo Palacio de Congresos el pasado 18 de
julio donde intervinieron dirigentes ultraderechistas e incluso llegaron a
subastar el bastón de mando de Franco. Este claro antecedente hubiera bastado
para que alguien de Turespaña, o del Ministerio, interviniese para impedir la
repetición de lo que es claramente un homenaje a personas y principios
totalmente contrarios a la
Constitución y sus valores que todos dicen haber jurado. Mas
nos preocupa saber los antecedentes falangistas de algún alto cargo del
organismo (Turespaña) del que depende la decisión de autorizar o no, y que
nadie se haya preocupado de supervisarlo, máxime teniendo en cuenta el precedente
del pasado 18 de julio.
Rechazamos de plano los argumentos
autoexculpatorios y equidistantes por parte de las autoridades que están
obligadas a “guardar y hacer guardar la Constitución ”; pedimos explicaciones oficiales
urgentes y la asunción de responsabilidades políticas y de toda índole que
eviten en lo sucesivo tanto la repetición de este tipo de actos en
instalaciones públicas como las actitudes cómplices de quienes desde dentro de
ellas no hacen sino de enlaces facilitadores de los mismos.
Matías Alonso
Blasco
Coordinador
del Grupo para la
Recuperación de la Memoria Histórica
(Fundació
Societat i Progrés)
660 470 405
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