http://www.noticiasdenavarra.com/2013/05/06/opinion/tribuna-online/paradojas-e-insuficiencias-de-la-memoria-historica-en-relacion-con-los-verdugos
POR FERNANDO MIKELARENA - Lunes, 6 de Mayo de 2013 - Actualizado a las 12:22h
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La celebración ayer en Sartaguda del I Dia de la Memoria nos ha impulsado a hacernos eco de una información que hemos conocido recientemente por cuanto que tiene que ver con una vertiente importante de la gestión de la memoria.
El 28 de abril conocimos que el colaborador de elplural.com Gerardo Rivas, había sido imputado por el titular del juzgado de instrucción número 37 de Madrid por vincular a la Falange Española de las JONS en uno de sus artículos publicado en dicho medio en marzo de 21012 con un “historial” de crímenes contra la humanidad. La imputación había sido a raíz de una querella presentada por Falange Española de las JONS que le acusaba de un delito de injurias graves hechas con publicidad.
En su artículo, Gerardo Rivas criticaba a la Falange y al sindicato ultraderechista Manos Limpias por haber sentado en el banquillo al juez Baltasar Garzón por su investigación sobre los crímenes del franquismo y escribía “Cuando solamente [...] dos organizaciones, una, con un amplio historial de crímenes contra la humanidad y, la otra, un pseudo-sindicato heredero de las esencias franquistas -Falange Española de las JONS y Manos Limpias- habían conseguido el beneplácito de la máxima instancia judicial -el Tribunal Supremo- para sentar en el banquillo al juez que intento acometer la investigación de los crímenes del franquismo”.
La querella nació por efecto de un escrito de rectificación en relación a dicho artículo, remitido pocos días después de la publicación del mismo, acogiéndose al procedimiento regulado en la Ley 2/84, de 26 de marzo, de derecho de rectificación por Jorge Garrido, Delegado Nacional del Servicio Jurídico de Falange Española de las JONS.
El escrito se basaba en que “los crímenes contra la humanidad son delitos y que es rotundamente falso que Falange Española de las JONS haya sido condenada jamás por esos supuestos crímenes que jamás cometió, su publicación ha hecho una imputación falsa, algo que excede claramente de lo opinable y entra, como ha reiterado en numerosas ocasiones la jurisprudencia, en el ámbito de los hechos, estando calificada en el vigente Código Penal como delito de calumnias”. Posteriormente, la Falange presentó su querella después de que no diera resultado el acto de conciliación al que ambas partes fueron citadas en el juzgado de primera instancia número 91 de Madrid.
A su vez, la defensa de Gerardo Rivas, representado por el abogado de Barcelona Eduardo Cáliz, ha presentado un recurso contra la admisión a trámite de la querella y la imputación del articulista. En su recurso, el abogado de la defensa mantiene que “es innegable hoy en día la participación de la Falange en crímenes contra la humanidad”, dado que, a su juicio, “es una evidencia histórica que las fuerzas que se sublevaron contra el Gobierno surgido de las urnas durante la Segunda República planearon el exterminio y la persecución sistemática de la oposición política”. El recurso reproduce algunos de los argumentos que mantenía Garzón en uno de los autos de su investigación contra los crímenes del franquismo: “La acción fue coordinada y dirigida por las sucesivas Juntas Militares en tiempos de guerra y los Gobiernos sucesivos, al menos en las estructuras estrictamente político-militares y no simplemente técnicas, sin olvidar la acción de estructuras paramilitares como la Falange”.
A su vez, se ha abierto una campaña en Internet de apoyo al periodista y de autoinculpación de su supuesto delito en el que se dice que “comoquiera que la libertad de expresión está consagrada en la Carta Magna y que la participación activa de Falange es un hecho indiscutible históricamente, Los abajo firmantes hacemos nuestras las palabras de Gerardo Rivas Rico y nos autoinculpamos por el delito cometido y la pena que hubiere lugar”.
Las adhesiones se pueden enviar al correo jgraugatell@gmail.com Todo lo anterior choca con las numerosísimas evidencias mostradas por la historiografía de la participación de las escuadras falangistas, junto con elementos del requeté, en las sacas realizadas en la zona controlada desde el principio por los franquistas, tal y como es el caso de Navarra, de lo que ya nos hemos hecho cargo en varias entradas de este blog, y también en las realizadas en los territorios paulatinamente conquistados. En el fondo tal paradoja obedece a la impunidad brindada para los crímenes franquistas en la Transición con el supuesto blindaje que suministraría la Ley de Amnistía de 1977, blindaje que para algunos juristas es inexistente en cuanto que los crímenes de lesa humanidad no gozarían de prescriptibilidad y en el fondo todo sería cuestión de voluntad política. Una voluntad política que en otras latitudes ha hecho que en temas relacionados con lo que estamos examinando los poderes judiciales actúen con una diligencia sorprendente vista desde aquí. Veamos el ejemplo de Alemania, sin ir más lejos.
El 14 de abril conocimos que la Central para el Esclarecimiento de los Crímenes Nacionalsocialistas, con sede en Ludwigsburg, anunciaba que investigaba a 50 antiguos guardias del campo de concentración y exterminio de Auschwitz para llevarlos ante la justicia. Se trata de nonagenarios, en buena parte antiguos miembros de alguna unidad de la organización paramilitar nazi SS, que vigilaron a los presos en Auschwitz, donde murieron asesinadas alrededor de 1,3 millones de personas, la mayoría judías, durante la II Guerra Mundial. Además de estas cincuenta acusaciones relacionadas con Auschwitz, los investigadores de Ludwigsburg rastrean también a criminales supervivientes de los campos de la muerte de Sobibor y Belzec. También tienen pistas de miembros de los llamados einsatzgrupen, los escuadrones paramilitares encargados de asesinar judíos, gitanos, partisanos, enfermos mentales y demás “indeseables” o “asociales” en la retaguardia de los vastos territorios ocupados por Alemania. Toda esa persecución es posible gracias a la jurisprudencia del juicio al guardia del campo de concentración de Sobibor John Demjanjuk, en 2011.
Un tribunal de Múnich lo consideró culpable de complicidad en casi 30.000 asesinatos y lo sentenció a cinco años de cárcel. El juez consideró probado que Demjanjuk fue trawniki (prisioneros de guerra soviéticos que colaboraron con la SS como guardias voluntarios en sus campos de exterminio) entre marzo y septiembre de 1943. El juez de Múnich vinculó el trabajo voluntario del ucraniano de nacimiento y antiguo ciudadano estadounidense Demjanjuk con todos los asesinatos perpetrados durante los meses que pasó en Sobibor y abrió la puerta así a procesos penales contra los vigilantes de los campos en la medida en que ya no es necesario probar la implicación en delitos concretos. Las pruebas de que los sospechosos fueron vigilantes bastarían para presentar cargos por complicidad en aquellos asesinatos.
Aunque el Código Penal alemán contemplaba hasta finales de los 60 un plazo de 20 años para la prescripción de los delitos de asesinato, una década después se promulgó la imprescriptibilidad de los mismos para evitar que los crímenes nazis quedaran definitivamente impunes Por otra parte, lo anterior se complementa con una labor historiográfica que ha aumentado notablemente el censo de los campos de concentración puestos en marcha por los nazis. Un estudio elaborado por investigadores del Museo del Holocausto de Estados Unidos en Washington ha cifrado en 42.500 los centros de la tortura, el sufrimiento y la muerte pensados y puestos en marcha por los nazis en todas las zonas que ocuparon, una cifra muy superior a las que hasta ahora se manejaban. Los lugares ahora documentados no solo incluyen centros de la muerte, sino también 30.000 campos de trabajo forzado, 1.150 guetos judíos, 980 campos de concentración, 1.000 campos de prisioneros de guerra, 500 burdeles repletos de esclavas sexuales para los militares alemanes y miles de otros campos cuyo uso era practicar la eutanasia en los ancianos y enfermos, practicar abortos y germanizar a los prisioneros.
Todo lo anterior, anima a ahondar en un aspecto, generalmente dejado de lado en lo que tiene que ver con la gestión de la memoria de la violencia política de la guerra civil y del franquismo: el de los verdugos. Los asesinos de la guerra civil y de la Dictadura han gozado de impunidad no sólo jurídica en razón del referido blindaje que les facilitaría la Ley de Amnistía de 1977, sino también historiográfica: a causa de la destrucción deliberada de documentación sólo indiciaria y parcialmente podemos llegar los historiadores a ser capaces de delimitar las diferentes responsabilidades a distintos niveles de una represión de la que no cabe dudas de su naturaleza metódica y exhaustiva, así como las características de la cadena de mando que terminaba en los miembros de los escuadrones de la muerte. Ahora bien, a pesar de sus limitaciones, no puede dudarse de que los esfuerzos que pueda realizar la historiografía en relación con esas cuestiones conllevará el incremento de nuestro conocimiento sobre las mismas, tal y como puede comprobarse con investigaciones efectuadas en los últimos lustros.
En relación con dichas responsabilidades, a escala general, la historiografía española ha llegado ya a determinaciones conclusivas en relación con quiénes fueron los agentes de la limpieza política en la zona rebelde. Según Cruz [CRUZ, R., “Olor a pólvora y patria. La limpieza política rebelde en el inicio de la guerra de 1936”, Hispania Nova, 2007, 7. En http://hispanianova.rediris.es], “pueden ser clasificados en tres categorías relacionadas entre sí por mutua influencia emocional, cultural, política o militar, pero cada una de ellas con diferentes motivaciones y protagonistas”. “En primer lugar, las autoridades militares y los dirigentes más destacados de las organizaciones civiles aliadas del ejército rebelde.
Son el núcleo más poderoso de los señores de la guerra. Su protagonismo en la limpieza política fue muy diverso, al ser la mayoría de ellos responsables de los contextos de escalada que facilitaron el despliegue de asesinatos; al dirigir parte de la represión en los lugares bajo su jurisdicción; al certificar la participación de otros en su despliegue, al preferir al enemigo controlado que en permanente amenaza; y, por último, al cambiar su posición frente a las experiencias de represión y decretar su prohibición o recambio por otras fórmulas”. “En segundo lugar, las bandas de militantes-policías-paramilitares (…) Los investigadores han señalado en muchas ocasiones que realizaron el trabajo sucio de la represión, pero no tuvieron la responsabilidad principal.
Las integraron, sobre todo, hombres jóvenes con armas, a menudo dirigidos por hombres adultos, socializados en el uso de la violencia para enfrentarse a los adversarios políticos y atraídos por los atributos de la masculinidad. Participaron también en las bandas los hombres jóvenes o adultos necesitados de ocultación de su pasado republicano y antiguos represaliados o presos –algunos de ellos delincuentes comunes- durante la II República.
Los escuadrones no pudieron actuar siempre en contra de las autoridades, al necesitar algún tipo de certificación pasiva o activa, pero algunos disfrutaron de tal autonomía, que influyeron sobremanera en la forma, extensión, justificación y magnitud de la limpieza política”. “En tercer y último lugar, parte de la población en general, probando con su colaboración el apoyo <> a la represión. La realizaron a través de las denuncias anónimas, mediante la aprobación pública de las jerarquías, de las exaltaciones explícitas por medio de su participación entusiasta en las movilizaciones, asistiendo en masa también a los fusilamientos como si de un espectáculo de ocio se tratara, a la manera de cómo se producía en siglos anteriores, certificando de esa manera <> la comisión de asesinatos.
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