La Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras de Madrid trabaja desde hace años para que los abogados de Atocha continúen vivos en la memoria de la sociedad, especialmente de los jóvenes. Es un homenaje continuo a los abogados fallecidos Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez, y a sus compañeros que quedaron malheridos, Alejandro Ruiz, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia.
Imagen del funeral
Para interpretar los hechos acaecidos en el despacho laboralista de la calle de Atocha, 55 hay que remontarse tiempo atrás porque el asesinato de los abogados laboralistas no fue una ocurrencia, en un momento dado, de dos ultraderechistas que querían sembrar el terror. Lo sucedido en Atocha fue el colofón, la recta final de la lucha contra el franquismo, el preámbulo para recuperar la democracia en este país.
La lucha comenzó el 18 de julio de 1936, cuando el general Francisco Franco se levanta en armas contra el gobierno legítimamente constituido. A partir de aquel día, el pueblo español, a través de distintas organizaciones y de personas individuales, comienza a batallar en una lucha por recuperar la libertad que va a durar 40 años. Pero en esas cuatro décadas, hay fechas concretas muy significativas.
Por ejemplo, 1956. Ese año, el Partido Comunista de España (PCE), el partido todavía ilegal que encabeza desde el interior del país las movilizaciones de oposición al régimen, lanza lo que sus dirigentes denominan la Política de Reconciliación Nacional y que pasa por cambiar las formas de combatir el franquismo. La idea es clara: ya no es suficiente la pelea individual, hay que generar una dinámica y tender la mano para que colectivos profesionales, el movimiento obrero, el universitario o cualquier otro colectivo pueda organizarse para combatir la falta de libertad.
En 1975 muere Franco y se incrementan enormemente las movilizaciones. Una vez fallecido el dictador hay que evitar que se perpetúe el franquismo y hay que procurar alcanzar un espacio de libertad en el que convivan absolutamente todas las fuerzas políticas de nuestro país.
Pero la pelea es dura porque a pesar de que hay intentos de caminar hacia un sistema aperturista, éste se plantea de forma condicionada. "Hay un hecho constatable: cuando surge la posibilidad de que haya elecciones se dice que el PCE podría concurrir a ellas pero como una agrupación de electores no como un partido. Lógicamente, si al partido que más ha combatido, se le hace esta propuesta las movilizaciones no sólo van dirigidas a defender los derechos de los trabajadores, que también, sino fundamentalmente a crear un Estado en el que todo el mundo, sin excepción, pueda concurrir legítimamente ante un proceso democrático", recuerda el director de la Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras de Madrid, Raúl Cordero.
Una vez fallecido el dictador, al primer Gobierno de Arias Navarro le sustituye el segundo encabezado por Adolfo Suárez, quien entiende que la solución a la situación que vive el país -incluyendo el aislamiento que mantiene Europa hacia España por la dictadura- pasa por la apertura, aunque tampoco está clara la postura sobre qué partidos van a ser legalizados.
El 15 de diciembre de 1976, Adolfo Suárez convoca un referéndum para la reforma política, una consulta que el director de la Fundación Abogados de Atocha de CCOO-Madrid considera trascendental. "Creo que ese referéndum es el acontecimiento de donde arrancan los sucesos de Atocha. En esa consulta hay un amplio respaldo al sí y el sector más adepto al franquismo consigue apenas un 7 por ciento de respaldo. Y es en ese momento cuando los franquistas empiezan a pensar que no hay vuelta atrás y que vamos hacia un sistema en el que se les van a acabar las prebendas".
Los hechos avalan las palabras de Raúl Cordero. A partir del referéndum, cuando todavía ningún partido político estaba legalizado, comienza una campaña perfectamente organizada de terror, de desestabilización, de caos y desorden por parte de la ultraderecha del país. Se trata, ante la nueva situación que se avecina, de crear todas las condiciones para que una vez más pueda haber una intervención militar en el país, es decir, provocar un nuevo golpe de Estado.
Cuarenta días después de la celebración de ese referéndum ocurre la matanza de Atocha. Pero, ¿qué pasa en esos cuarenta días?. En ese periodo, en Madrid, el fascismo campa a sus anchas en connivencia con algunos sectores de la Policía político-social, acosando, atosigando y sometiendo a una enorme presión psicológica a todo el mundo, entre ellos a los abogados laboralistas que trabajan también como abogados de barrio.
Alejandro Ruiz-Huerta, uno de los abogados sobrevivientes, recuerda muy bien lo que se cocía en las semanas anteriores al atentado. "En Madrid había una huelga muy importante del sector del transporte, que protagonizaban sobre todo ciertos sectores sindicales especialmente de Comisiones Obreras y que, además, se coordinaba desde el despacho de Atocha. A ese proceso sindical se unía el proceso político que vivía el país, con la Ley de Reforma Política aprobada y con las vistas puestas en un proceso que debería conducir hacia la democracia".
El 23 de enero, un día antes del asesinato de los abogados de Atocha, la ultraderecha asesina de unos tiros por la espalda al estudiante Arturo Ruiz en el transcurso de un salto, una manifestación, en el que se pedía amnistía para los presos políticos que aún estaban encarcelados.
Al día siguiente, el 24 de enero, lunes, en otra manifestación de repulsa por el asesinato de Arturo Ruiz, un bote de humo lanzado por la Policía a corta distancia impacta sobre la frente de la estudiante universitaria Mariluz Nájera, causándole también la muerte. Esa misma mañana, los ciudadanos se levantan con la noticia del secuestro del Teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. En el país se masca una tensión que va a culminar en la noche de ese lunes 24 de enero de 1977.
¿Quiénes eran los abogados laboralistas?
Uno de los productos que nacen de la política que promulgaba la creación de espacios de libertad y que va cuajando en las universidades, en las fábricas y en los grandes núcleos industriales fueron los despachos laboralistas, la única herramienta al alcance de los trabajadores para defender jurídicamente sus intereses ya que la alternativa era el sindicato oficial, el Sindicato Vertical. Éste no sólo era incapaz de asesorar y asistir a los trabajadores sino que difícilmente podía sacar adelante un conflicto laboral cuando del Vertical también formaban parte los empresarios.
El primer despacho de abogados laboralistas se abre en la madrileña calle de la Cruz, en diciembre de 1966. A él le seguirían otros en varios puntos de Madrid y en municipios como Coslada, Alcalá de Henares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Móstoles…
Su misión, en principio, era asesorar y asistir jurídicamente a los trabajadores en todas las materias vinculadas al Derecho del Trabajo (despidos, conflictos colectivos, demandas de jornal…). Pero esa labor se amplió pronto para dar asistencia al incipiente movimiento ciudadano que surgía en el país y, en concreto, en Madrid, en barrios como Vallecas o Palomeras. Los abogados laboralistas se convirtieron así también en abogados de barrio, asesorando a las nacientes asociaciones de vecinos en todo lo que necesitaran, desde la elaboración de estatutos hasta la lucha contra la especulación urbanística de los barrios periféricos de la capital.
El principal recuerdo que atesora Alejandro Ruiz-Huerta del despacho laboralista es que era un trabajo colectivo. "Nosotros trabajábamos en equipo, no sólo en las actuaciones jurídicas, judiciales o puramente administrativas sino también en la cuestión del salario. En el despacho de Atocha todo el mundo cobraba lo mismo, el personal de secretaría, los abogados, los administrativos… del primero al último". Este sistema de trabajo igualitario se extendía también en la toma de decisiones. Todos los que trabajaban en Atocha tenían voz y voto, idéntica posibilidad de decisión.
Los ingresos provenían del fruto del trabajo. No cobraban por asesorar, ni por consulta ni por juicio perdido en Magistratura de Trabajo. Sólo se cobraba un porcentaje sobre el resultado económico del juicio, cuando éste era favorable al trabajador.
Con este planteamiento, el trabajo se repartía en grupos de dos o tres abogados, que se encargaban conjuntamente de llevar cada expediente. "Éramos gente seria, profesionales, que sabiendo rascar en las leyes del franquismo encontrábamos alternativas para muchos problemas de los trabajadores. Y eso, nosotros, lo explotamos a tope. Abríamos camino, jurisprudencia muchos más abierta, abríamos los derechos de los trabajadores y por eso creo que nuestro trabajo fue muy importante. Ese trabajo nos resarcía totalmente", recuerda Alejandro Ruiz-Huerta.
Desde fuera, la labor de estos abogados también era muy apreciada. Raúl Cordero, enlace sindical entonces, rememora cómo cada gran centro de trabajo tenía asignado para su asesoramiento uno de estos despachos, en los que era habitual ver colas de trabajadores que alcanzaban la calle.
"Era gente muy especial. Generalmente eran jóvenes que, en su mayoría, pertenecían a familias de clase media, media-alta, algunos con ilustres apellidos, que podían haber optado por una vida mucho más tranquila y más compensada económicamente. En cambio, las ansias de libertad les condujo a militar en el Partido Comunista de España y en CCOO y a desarrollar un papel que fue fundamental en el proceso hacia la democracia. Ellos eran la vanguardia de este país", dice Raúl Cordero.
Ese reconocimiento se veía también en los centros de trabajo cuando, recuerda Cordero, se pasaba la caja para los abogados, una colecta de dinero para ayudar económicamente a quienes los trabajadores sabían que luchaban tenazmente por sus intereses en los juzgados.
¿Qué pasó en la noche del 24 de enero?
"Recuerdo aquella noche como si fuera hoy. Estábamos empezando a tener una reunión de coordinación de los abogados de barrios. Aún esperábamos a algunos que no acababan de llegar. Había un intercambio de conversaciones sobre lo duro que era ese día, un día terrible de la transición, la muerte de Mariluz Nájera, el secuestro de Villaescusa, la reunión de la oposición democrática con el Gobierno, un día tensísimo políticamente pero apasionante y esperanzador porque parecía que por fin se nos abrían las puertas del futuro para la libertad y la democracia…
…en esa situación, en la que intercambiábamos también un bocadillo de jamón que solíamos comprarnos cuando no podíamos cenar por las reuniones, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando entran unos pistoleros, uno con un pistolón tremendo, otro tapado, por lo visto había otro vigilando la salida, y allí nos ponen con las manos en alto, en un bosque de manos y de corazones en tensión tremenda, esperando, nos preguntan por Joaquín Navarro, el líder del sindicato del Transporte que algunas noches había estado por allí por problemas de seguridad…
… no estaba en ese momento. Javier Sauquillo, probablemente era el que más sangre fría tenía en ese momento, le contestó que no estaba en el despacho y era verdad. En el desencadenamiento de unas circunstancias extrañas, un tiro que se dio uno en el anorak al darse con el quicio de una puerta, el nerviosismo de los dos que nos están apuntando, se desencadena una tormenta de disparos terribles, en dos secuencias distintas, que nos tira a todos por el suelo, nos tapa los cuerpos de unos con los de otros y cuando estamos en el suelo nos rematan otra vez…
…de ahí en adelante, un silencio total y la necesidad de volver a sobrevivir…"
Es el relato entrecortado y emocionado de Alejandro Ruiz-Huerta, uno de los que sobrevivieron a aquel espantoso suceso que se cobró la vida de Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez y dejó malheridos al propio Alejandro, Luis Ramos, Dolores García y Miguel Sarabia.
El después
En la medianoche del lunes 24 de enero de 1977, apenas una hora y media después del atentado de Atocha, sonaron muchos teléfonos. La noticia corrió como la pólvora entre los militantes del PCE, de Comisiones Obreras, de los movimientos ciudadanos, universitarios, profesionales…. Conmoción, preguntas, nervios, tensión, rabia, dolor. Los que en ese momento tenían una responsabilidad en las empresas por sus cargos sindicales y los que estaban ligados al PCE reciben una consigna clara y contundente: hay que mantener una absoluta tranquilidad, controlar cualquier elemento de desestabilización. Una vez cometida la barbaridad, lo que se pretende es que se dé un paso en falso para justificar la salida de los militares a la calle, tener una coartada para la intervención militar. Todos entienden lo que pretende la extrema derecha.
"Llegar al extremo de procurar contener a todo el mundo no nos resultó muy difícil porque los cargos sindicales teníamos ya cierto prestigio, los trabajadores confiaban en nosotros, sabían que defendíamos sus intereses... Éramos su referente y nos íbamos a mantener unidos", recuerda Raúl Cordero.
El 25 de enero de 1977, cuando se volvió a los tajos, no hizo falta decir a los compañeros que se iba a parar el trabajo. Los cargos sindicales convocaron asambleas permanentes, se transmitió tranquilidad a todos los trabajadores y se estuvo a la espera de los acontecimientos.
El 26 de enero se celebró por las calles de Madrid un multitudinario entierro. Cientos de miles de personas despidieron a los abogados de Atocha asesinados, transmitiendo su solidaridad y volviendo a clamar por la libertad. Pero ese clamor no se dijo con palabras. La consigna era el silencio. Ni gritos, ni lamentos en voz alta, ni voces de apoyo al partido, ni a los sindicatos ni a nada de nada. Tenía que ser, y fue, una manifestación impresionantemente silenciosa y serena. De rabia, de dolor, de lágrimas…de gritos de silencio.
El director de la Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras de Madrid recuerda "la solidaridad de todas las fuerzas políticas, la mayoría aún no legalizadas, y el apoyo que se dio a las víctimas".
Alejandro Ruiz-Huerta cree que la respuesta de la gente en Madrid el 26 de enero es una de las raíces de la democracia. "El responder con silencio, sin provocaciones, sin revanchismos, sin devolver violencia por violencia, con paz, libertad, democracia y con serenidad fue la clave de que a partir de ahí pudiéramos construir entre todos la democracia".
El 9 de abril de 1977 era legalizado el PCE. El 15 de junio se celebraron las primeras elecciones libres en este país y el pueblo se volcó avalando su decisión de construir una democracia parlamentaria. En diciembre de 1978 se votó la Constitución en referéndum, obteniendo un respaldo abrumador. Se convocan nuevas elecciones generales y la UCD volvió a vencer en los comicios de 1979.
El juicio
En marzo de 1977 se detuvo a los presuntos implicados en la masacre de Atocha. Los asesinos frecuentaban un bar cercano a la sede del Sindicato Vertical en el que, al parecer, alardeaban de la autoría de los hechos. Pero hubo que esperar tres años para que se celebrara el juicio.
La vista oral y pública del juicio ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se celebró entre el 18 y 26 de febrero de 1980. Fueron días de tensión, de voces de jóvenes exaltados mostrando su solidaridad con los culpables y faltando el respeto a las víctimas, de agresión con y sin palabras, y, lo más sangrante e importante, de acciones procesales sorprendentes, como que el juez instructor Gómez Chaparro -que provenía del Tribunal de Orden Público- concediese un permiso a uno de los implicados, Lerdo de Tejada, algo que éste aprovechó para huir. Tras esta fuga, el asunto pasa al juez Bárcala y las cosas se suceden con mayor normalidad y rapidez.
La sentencia del "juicio de Atocha" se dicta el 29 de febrero de 1980 en estos términos:
José Fernández Cerrá, de 34 años, y Carlos García Juliá, de 24 años, ambos miembros de FE de las JONS, son condenados, cada uno, a 193 años como autores de nueve asesinatos, cinco consumados y cuatro frustrados, y de tenencia ilícita de armas. Fueron los dos ejecutores materiales de la matanza.
Leocadio Jiménez Caravaca, de 57 años, excombatiente de la División Azul y militante de FE de las JONS, fue absuelto de toda relación delictiva con la matanza de Atocha pero condenado a cuatro años, dos meses y un día por tenencia ilícita de armas.
Francisco Albadalejo, de 51 años, secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FE de las JONS. La sentencia dice que formaba parte del mismo grupo activista que Cerrá, García Juliá y Jiménez Caravaca y que gozaba de fuerte predicamento, ascendencia e influjo sobre los dos primeros. Después de la matanza, fue informado de lo sucedido por Cerrá y García Juliá. Ayudó a los autores de la misma, facilitó su huida e impidió la identificación de la pistola utilizada por García Juliá. Fue condenado a 73 años como inductor de un delito de asesinato, como encubridor de cuatro asesinatos consumados y cuatro frustrados y por un delito de tenencia ilícita de armas.
Gloria Herguedas, 24 años, novia de Cerrá y vinculada a FE de las JONS, fue absuelta de encubrir la matanza de Atocha pero condenada a un año por tenencia ilícita de armas.
Durante la instrucción sumarial falleció el procesado Ramón Simón Fernández Palacios, funcionario del antiguo Sindicato Vertical de Transportes de Madrid. El procesado Fernando Lerdo de Tejada no pudo ser juzgado por estar en situación de rebeldía tras fugarse aprovechando un permiso durante la Semana Santa de 1979.
"No se pudo llegar más arriba del secretario del Sindicato Vertical del Transporte por mucho que lo intentó la acusación particular. Por diferentes motivos, entre otros, porque la instrucción del sumario fue una chapuza y porque eran momentos complicados. Aún así, lo que está claro es que ese fue primer juicio que se hizo al franquismo en este país y el primero en el que se condenaron a franquistas", recuerda Raúl Cordero.
Memoria viva
Los sucesos de Atocha siempre han representado para Comisiones Obreras de Madrid unos acontecimientos que van más allá de una efemérides, una fecha en el calendario. "A lo largo de estos años hemos tenido mucha complicidad con los familiares y con los supervivientes y creo que, en estos momentos, los abogados de Atocha son una figura insertada en la sociedad y su recuerdo está cada vez más presente, son una memoria viva por cuanto supusieron para alcanzar la libertad en este país", manifiesta Cordero.
Alejandro Ruiz-Huerta cree que los sucesos de Atocha han permanecido en el silencio mucho tiempo pero que poco a poco eso está cambiando. "La fuerza de nuestros compañeros de Comisiones Obreras, a los que les agradeceremos toda la vida lo cerca que han estado de nosotros, ha sido muy importante. Y es cierto que en los últimos años, durante los cuales numerosos ayuntamientos han recordado a los abogados de Atocha poniendo sus nombres en polideportivos, áreas culturales, etc., la memoria se está extendiendo".
A pesar de ello, él considera que aún queda mucho por hacer. A su juicio, la gran mayoría de la gente "o no tiene ni idea de lo que fue Atocha o tiene una idea desvirtuada, tergiversada porque tenemos la desgracia de que la memoria de la transición no ha llegado de verdad a la gente y eso tenemos que solucionarlo porque una democracia no puede funcionar si no se conocen sus raíces y las raíces son la memoria".
La Fundación Abogados de Atocha de CCOO-Madrid brega a diario para explicar y recordar lo que ocurrió y significó lo acaecido en Atocha porque, tal y como comenta Raúl Cordero, tiene una misión perenne: "Nos parece que es fundamental que los más jóvenes, que han nacido en libertad y que nunca podrán imaginar lo que es una situación privada de libertad, conozcan aquello. No hay ningún ánimo de volver al pasado eternamente, ni nostalgia, ni romanticismo. Estamos convencidos de que si somos capaces de transmitir eso, lo que cuesta la libertad, nuestros jóvenes estarán en mejores condiciones de entenderla, respetarla y defenderla".
En su recuerdo
A lo largo de los años han sido numerosos los homenajes en recuerdo a las víctimas de Atocha. Comisiones Obreras se sumó siempre a ellos, especialmente, con la creación de la Fundación Abogados de Atocha y dando su nombre al Centro de Empleo y Formación de Comisiones Obreras de Madrid, situado en la calle Sebastián Herrera, 14. Este año, ha editado una Agenda 2007 en memoria a ELLOS en la que hay un recuerdo a los ausentes con palabras de Paul Éluard …"si el eco de su voz se debilita, pereceremos".
Pero estos homenajes de CCOO-Madrid son sólo una muestra de los que se han rendido a los abogados laboralistas de Atocha. El Gobierno de la nación les ha concedido la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la más alta distinción que se da en la Judicatura; la Comunidad de Madrid les otorgó la Primera Distinción a la Tolerancia que se concedía…
Además, en estos momentos, 24 municipios madrileños y muchos en toda España tienen alguna calle, parque, plaza o edificio público que lleva el nombre de los Abogados de Atocha.
Concretamente, existe una Plaza de Abogados de Atocha, en Alcobendas, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Velilla de San Antonio; una calle Abogados de Atocha, en Alcalá de Henares y en Collado Villalba; un Centro de Empresas y Formación, con monumento dedicado a los Abogados de Atocha, en Alcorcón; un Parque Abogados de Atocha, en Ciempozuelos, Leganés y San Fernando de Henares; un Monumento a Javier Sauquillo, en Coslada; una Avenida Francisco Javier Sauquillo, en Fuenlabrada; una Placa conmemorativa Abogados de Atocha en la sede de los Juzgados (pendiente de colgar), en Majadahonda; una calle de los Abogados Laboristas, en Mejorada del Campo; una Plaza Parque de los Abogados de Atocha, en Parla; una Avenida de los Abogados de Atocha, en Móstoles y en San Martín de la Vega; una Avenida y Monumento a los Abogados de Atocha, en Rivas-Vaciamadrid; una Plaza y Monumento a los Abogados de Atocha, en Pinto; un Centro Polivalente Abogados de Atocha, en Torrejón de Ardoz; y un Polideportivo Municipal Abogados de Atocha, en Valdemoro.
A pesar de este amplio reconocimiento, los abogados de Atocha continúan esperando que el Ayuntamiento de Madrid les dedique una glorieta, algo que los sobrevivientes llevan tiempo reivindicando. La demanda expresa de una glorieta tiene su porqué: una calle tiene principio y fin y una glorieta no acaba nunca.
La lucha comenzó el 18 de julio de 1936, cuando el general Francisco Franco se levanta en armas contra el gobierno legítimamente constituido. A partir de aquel día, el pueblo español, a través de distintas organizaciones y de personas individuales, comienza a batallar en una lucha por recuperar la libertad que va a durar 40 años. Pero en esas cuatro décadas, hay fechas concretas muy significativas.
Por ejemplo, 1956. Ese año, el Partido Comunista de España (PCE), el partido todavía ilegal que encabeza desde el interior del país las movilizaciones de oposición al régimen, lanza lo que sus dirigentes denominan la Política de Reconciliación Nacional y que pasa por cambiar las formas de combatir el franquismo. La idea es clara: ya no es suficiente la pelea individual, hay que generar una dinámica y tender la mano para que colectivos profesionales, el movimiento obrero, el universitario o cualquier otro colectivo pueda organizarse para combatir la falta de libertad.
En 1975 muere Franco y se incrementan enormemente las movilizaciones. Una vez fallecido el dictador hay que evitar que se perpetúe el franquismo y hay que procurar alcanzar un espacio de libertad en el que convivan absolutamente todas las fuerzas políticas de nuestro país.
Pero la pelea es dura porque a pesar de que hay intentos de caminar hacia un sistema aperturista, éste se plantea de forma condicionada. "Hay un hecho constatable: cuando surge la posibilidad de que haya elecciones se dice que el PCE podría concurrir a ellas pero como una agrupación de electores no como un partido. Lógicamente, si al partido que más ha combatido, se le hace esta propuesta las movilizaciones no sólo van dirigidas a defender los derechos de los trabajadores, que también, sino fundamentalmente a crear un Estado en el que todo el mundo, sin excepción, pueda concurrir legítimamente ante un proceso democrático", recuerda el director de la Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras de Madrid, Raúl Cordero.
Una vez fallecido el dictador, al primer Gobierno de Arias Navarro le sustituye el segundo encabezado por Adolfo Suárez, quien entiende que la solución a la situación que vive el país -incluyendo el aislamiento que mantiene Europa hacia España por la dictadura- pasa por la apertura, aunque tampoco está clara la postura sobre qué partidos van a ser legalizados.
El 15 de diciembre de 1976, Adolfo Suárez convoca un referéndum para la reforma política, una consulta que el director de la Fundación Abogados de Atocha de CCOO-Madrid considera trascendental. "Creo que ese referéndum es el acontecimiento de donde arrancan los sucesos de Atocha. En esa consulta hay un amplio respaldo al sí y el sector más adepto al franquismo consigue apenas un 7 por ciento de respaldo. Y es en ese momento cuando los franquistas empiezan a pensar que no hay vuelta atrás y que vamos hacia un sistema en el que se les van a acabar las prebendas".
Los hechos avalan las palabras de Raúl Cordero. A partir del referéndum, cuando todavía ningún partido político estaba legalizado, comienza una campaña perfectamente organizada de terror, de desestabilización, de caos y desorden por parte de la ultraderecha del país. Se trata, ante la nueva situación que se avecina, de crear todas las condiciones para que una vez más pueda haber una intervención militar en el país, es decir, provocar un nuevo golpe de Estado.
Cuarenta días después de la celebración de ese referéndum ocurre la matanza de Atocha. Pero, ¿qué pasa en esos cuarenta días?. En ese periodo, en Madrid, el fascismo campa a sus anchas en connivencia con algunos sectores de la Policía político-social, acosando, atosigando y sometiendo a una enorme presión psicológica a todo el mundo, entre ellos a los abogados laboralistas que trabajan también como abogados de barrio.
Alejandro Ruiz-Huerta, uno de los abogados sobrevivientes, recuerda muy bien lo que se cocía en las semanas anteriores al atentado. "En Madrid había una huelga muy importante del sector del transporte, que protagonizaban sobre todo ciertos sectores sindicales especialmente de Comisiones Obreras y que, además, se coordinaba desde el despacho de Atocha. A ese proceso sindical se unía el proceso político que vivía el país, con la Ley de Reforma Política aprobada y con las vistas puestas en un proceso que debería conducir hacia la democracia".
El 23 de enero, un día antes del asesinato de los abogados de Atocha, la ultraderecha asesina de unos tiros por la espalda al estudiante Arturo Ruiz en el transcurso de un salto, una manifestación, en el que se pedía amnistía para los presos políticos que aún estaban encarcelados.
Al día siguiente, el 24 de enero, lunes, en otra manifestación de repulsa por el asesinato de Arturo Ruiz, un bote de humo lanzado por la Policía a corta distancia impacta sobre la frente de la estudiante universitaria Mariluz Nájera, causándole también la muerte. Esa misma mañana, los ciudadanos se levantan con la noticia del secuestro del Teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. En el país se masca una tensión que va a culminar en la noche de ese lunes 24 de enero de 1977.
¿Quiénes eran los abogados laboralistas?
Uno de los productos que nacen de la política que promulgaba la creación de espacios de libertad y que va cuajando en las universidades, en las fábricas y en los grandes núcleos industriales fueron los despachos laboralistas, la única herramienta al alcance de los trabajadores para defender jurídicamente sus intereses ya que la alternativa era el sindicato oficial, el Sindicato Vertical. Éste no sólo era incapaz de asesorar y asistir a los trabajadores sino que difícilmente podía sacar adelante un conflicto laboral cuando del Vertical también formaban parte los empresarios.
El primer despacho de abogados laboralistas se abre en la madrileña calle de la Cruz, en diciembre de 1966. A él le seguirían otros en varios puntos de Madrid y en municipios como Coslada, Alcalá de Henares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Móstoles…
Su misión, en principio, era asesorar y asistir jurídicamente a los trabajadores en todas las materias vinculadas al Derecho del Trabajo (despidos, conflictos colectivos, demandas de jornal…). Pero esa labor se amplió pronto para dar asistencia al incipiente movimiento ciudadano que surgía en el país y, en concreto, en Madrid, en barrios como Vallecas o Palomeras. Los abogados laboralistas se convirtieron así también en abogados de barrio, asesorando a las nacientes asociaciones de vecinos en todo lo que necesitaran, desde la elaboración de estatutos hasta la lucha contra la especulación urbanística de los barrios periféricos de la capital.
El principal recuerdo que atesora Alejandro Ruiz-Huerta del despacho laboralista es que era un trabajo colectivo. "Nosotros trabajábamos en equipo, no sólo en las actuaciones jurídicas, judiciales o puramente administrativas sino también en la cuestión del salario. En el despacho de Atocha todo el mundo cobraba lo mismo, el personal de secretaría, los abogados, los administrativos… del primero al último". Este sistema de trabajo igualitario se extendía también en la toma de decisiones. Todos los que trabajaban en Atocha tenían voz y voto, idéntica posibilidad de decisión.
Los ingresos provenían del fruto del trabajo. No cobraban por asesorar, ni por consulta ni por juicio perdido en Magistratura de Trabajo. Sólo se cobraba un porcentaje sobre el resultado económico del juicio, cuando éste era favorable al trabajador.
Con este planteamiento, el trabajo se repartía en grupos de dos o tres abogados, que se encargaban conjuntamente de llevar cada expediente. "Éramos gente seria, profesionales, que sabiendo rascar en las leyes del franquismo encontrábamos alternativas para muchos problemas de los trabajadores. Y eso, nosotros, lo explotamos a tope. Abríamos camino, jurisprudencia muchos más abierta, abríamos los derechos de los trabajadores y por eso creo que nuestro trabajo fue muy importante. Ese trabajo nos resarcía totalmente", recuerda Alejandro Ruiz-Huerta.
Desde fuera, la labor de estos abogados también era muy apreciada. Raúl Cordero, enlace sindical entonces, rememora cómo cada gran centro de trabajo tenía asignado para su asesoramiento uno de estos despachos, en los que era habitual ver colas de trabajadores que alcanzaban la calle.
"Era gente muy especial. Generalmente eran jóvenes que, en su mayoría, pertenecían a familias de clase media, media-alta, algunos con ilustres apellidos, que podían haber optado por una vida mucho más tranquila y más compensada económicamente. En cambio, las ansias de libertad les condujo a militar en el Partido Comunista de España y en CCOO y a desarrollar un papel que fue fundamental en el proceso hacia la democracia. Ellos eran la vanguardia de este país", dice Raúl Cordero.
Ese reconocimiento se veía también en los centros de trabajo cuando, recuerda Cordero, se pasaba la caja para los abogados, una colecta de dinero para ayudar económicamente a quienes los trabajadores sabían que luchaban tenazmente por sus intereses en los juzgados.
¿Qué pasó en la noche del 24 de enero?
"Recuerdo aquella noche como si fuera hoy. Estábamos empezando a tener una reunión de coordinación de los abogados de barrios. Aún esperábamos a algunos que no acababan de llegar. Había un intercambio de conversaciones sobre lo duro que era ese día, un día terrible de la transición, la muerte de Mariluz Nájera, el secuestro de Villaescusa, la reunión de la oposición democrática con el Gobierno, un día tensísimo políticamente pero apasionante y esperanzador porque parecía que por fin se nos abrían las puertas del futuro para la libertad y la democracia…
…en esa situación, en la que intercambiábamos también un bocadillo de jamón que solíamos comprarnos cuando no podíamos cenar por las reuniones, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando entran unos pistoleros, uno con un pistolón tremendo, otro tapado, por lo visto había otro vigilando la salida, y allí nos ponen con las manos en alto, en un bosque de manos y de corazones en tensión tremenda, esperando, nos preguntan por Joaquín Navarro, el líder del sindicato del Transporte que algunas noches había estado por allí por problemas de seguridad…
… no estaba en ese momento. Javier Sauquillo, probablemente era el que más sangre fría tenía en ese momento, le contestó que no estaba en el despacho y era verdad. En el desencadenamiento de unas circunstancias extrañas, un tiro que se dio uno en el anorak al darse con el quicio de una puerta, el nerviosismo de los dos que nos están apuntando, se desencadena una tormenta de disparos terribles, en dos secuencias distintas, que nos tira a todos por el suelo, nos tapa los cuerpos de unos con los de otros y cuando estamos en el suelo nos rematan otra vez…
…de ahí en adelante, un silencio total y la necesidad de volver a sobrevivir…"
Es el relato entrecortado y emocionado de Alejandro Ruiz-Huerta, uno de los que sobrevivieron a aquel espantoso suceso que se cobró la vida de Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez y dejó malheridos al propio Alejandro, Luis Ramos, Dolores García y Miguel Sarabia.
El después
En la medianoche del lunes 24 de enero de 1977, apenas una hora y media después del atentado de Atocha, sonaron muchos teléfonos. La noticia corrió como la pólvora entre los militantes del PCE, de Comisiones Obreras, de los movimientos ciudadanos, universitarios, profesionales…. Conmoción, preguntas, nervios, tensión, rabia, dolor. Los que en ese momento tenían una responsabilidad en las empresas por sus cargos sindicales y los que estaban ligados al PCE reciben una consigna clara y contundente: hay que mantener una absoluta tranquilidad, controlar cualquier elemento de desestabilización. Una vez cometida la barbaridad, lo que se pretende es que se dé un paso en falso para justificar la salida de los militares a la calle, tener una coartada para la intervención militar. Todos entienden lo que pretende la extrema derecha.
"Llegar al extremo de procurar contener a todo el mundo no nos resultó muy difícil porque los cargos sindicales teníamos ya cierto prestigio, los trabajadores confiaban en nosotros, sabían que defendíamos sus intereses... Éramos su referente y nos íbamos a mantener unidos", recuerda Raúl Cordero.
El 25 de enero de 1977, cuando se volvió a los tajos, no hizo falta decir a los compañeros que se iba a parar el trabajo. Los cargos sindicales convocaron asambleas permanentes, se transmitió tranquilidad a todos los trabajadores y se estuvo a la espera de los acontecimientos.
El 26 de enero se celebró por las calles de Madrid un multitudinario entierro. Cientos de miles de personas despidieron a los abogados de Atocha asesinados, transmitiendo su solidaridad y volviendo a clamar por la libertad. Pero ese clamor no se dijo con palabras. La consigna era el silencio. Ni gritos, ni lamentos en voz alta, ni voces de apoyo al partido, ni a los sindicatos ni a nada de nada. Tenía que ser, y fue, una manifestación impresionantemente silenciosa y serena. De rabia, de dolor, de lágrimas…de gritos de silencio.
El director de la Fundación Abogados de Atocha de Comisiones Obreras de Madrid recuerda "la solidaridad de todas las fuerzas políticas, la mayoría aún no legalizadas, y el apoyo que se dio a las víctimas".
Alejandro Ruiz-Huerta cree que la respuesta de la gente en Madrid el 26 de enero es una de las raíces de la democracia. "El responder con silencio, sin provocaciones, sin revanchismos, sin devolver violencia por violencia, con paz, libertad, democracia y con serenidad fue la clave de que a partir de ahí pudiéramos construir entre todos la democracia".
El 9 de abril de 1977 era legalizado el PCE. El 15 de junio se celebraron las primeras elecciones libres en este país y el pueblo se volcó avalando su decisión de construir una democracia parlamentaria. En diciembre de 1978 se votó la Constitución en referéndum, obteniendo un respaldo abrumador. Se convocan nuevas elecciones generales y la UCD volvió a vencer en los comicios de 1979.
El juicio
En marzo de 1977 se detuvo a los presuntos implicados en la masacre de Atocha. Los asesinos frecuentaban un bar cercano a la sede del Sindicato Vertical en el que, al parecer, alardeaban de la autoría de los hechos. Pero hubo que esperar tres años para que se celebrara el juicio.
La vista oral y pública del juicio ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se celebró entre el 18 y 26 de febrero de 1980. Fueron días de tensión, de voces de jóvenes exaltados mostrando su solidaridad con los culpables y faltando el respeto a las víctimas, de agresión con y sin palabras, y, lo más sangrante e importante, de acciones procesales sorprendentes, como que el juez instructor Gómez Chaparro -que provenía del Tribunal de Orden Público- concediese un permiso a uno de los implicados, Lerdo de Tejada, algo que éste aprovechó para huir. Tras esta fuga, el asunto pasa al juez Bárcala y las cosas se suceden con mayor normalidad y rapidez.
La sentencia del "juicio de Atocha" se dicta el 29 de febrero de 1980 en estos términos:
José Fernández Cerrá, de 34 años, y Carlos García Juliá, de 24 años, ambos miembros de FE de las JONS, son condenados, cada uno, a 193 años como autores de nueve asesinatos, cinco consumados y cuatro frustrados, y de tenencia ilícita de armas. Fueron los dos ejecutores materiales de la matanza.
Leocadio Jiménez Caravaca, de 57 años, excombatiente de la División Azul y militante de FE de las JONS, fue absuelto de toda relación delictiva con la matanza de Atocha pero condenado a cuatro años, dos meses y un día por tenencia ilícita de armas.
Francisco Albadalejo, de 51 años, secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FE de las JONS. La sentencia dice que formaba parte del mismo grupo activista que Cerrá, García Juliá y Jiménez Caravaca y que gozaba de fuerte predicamento, ascendencia e influjo sobre los dos primeros. Después de la matanza, fue informado de lo sucedido por Cerrá y García Juliá. Ayudó a los autores de la misma, facilitó su huida e impidió la identificación de la pistola utilizada por García Juliá. Fue condenado a 73 años como inductor de un delito de asesinato, como encubridor de cuatro asesinatos consumados y cuatro frustrados y por un delito de tenencia ilícita de armas.
Gloria Herguedas, 24 años, novia de Cerrá y vinculada a FE de las JONS, fue absuelta de encubrir la matanza de Atocha pero condenada a un año por tenencia ilícita de armas.
Durante la instrucción sumarial falleció el procesado Ramón Simón Fernández Palacios, funcionario del antiguo Sindicato Vertical de Transportes de Madrid. El procesado Fernando Lerdo de Tejada no pudo ser juzgado por estar en situación de rebeldía tras fugarse aprovechando un permiso durante la Semana Santa de 1979.
"No se pudo llegar más arriba del secretario del Sindicato Vertical del Transporte por mucho que lo intentó la acusación particular. Por diferentes motivos, entre otros, porque la instrucción del sumario fue una chapuza y porque eran momentos complicados. Aún así, lo que está claro es que ese fue primer juicio que se hizo al franquismo en este país y el primero en el que se condenaron a franquistas", recuerda Raúl Cordero.
Memoria viva
Los sucesos de Atocha siempre han representado para Comisiones Obreras de Madrid unos acontecimientos que van más allá de una efemérides, una fecha en el calendario. "A lo largo de estos años hemos tenido mucha complicidad con los familiares y con los supervivientes y creo que, en estos momentos, los abogados de Atocha son una figura insertada en la sociedad y su recuerdo está cada vez más presente, son una memoria viva por cuanto supusieron para alcanzar la libertad en este país", manifiesta Cordero.
Alejandro Ruiz-Huerta cree que los sucesos de Atocha han permanecido en el silencio mucho tiempo pero que poco a poco eso está cambiando. "La fuerza de nuestros compañeros de Comisiones Obreras, a los que les agradeceremos toda la vida lo cerca que han estado de nosotros, ha sido muy importante. Y es cierto que en los últimos años, durante los cuales numerosos ayuntamientos han recordado a los abogados de Atocha poniendo sus nombres en polideportivos, áreas culturales, etc., la memoria se está extendiendo".
A pesar de ello, él considera que aún queda mucho por hacer. A su juicio, la gran mayoría de la gente "o no tiene ni idea de lo que fue Atocha o tiene una idea desvirtuada, tergiversada porque tenemos la desgracia de que la memoria de la transición no ha llegado de verdad a la gente y eso tenemos que solucionarlo porque una democracia no puede funcionar si no se conocen sus raíces y las raíces son la memoria".
La Fundación Abogados de Atocha de CCOO-Madrid brega a diario para explicar y recordar lo que ocurrió y significó lo acaecido en Atocha porque, tal y como comenta Raúl Cordero, tiene una misión perenne: "Nos parece que es fundamental que los más jóvenes, que han nacido en libertad y que nunca podrán imaginar lo que es una situación privada de libertad, conozcan aquello. No hay ningún ánimo de volver al pasado eternamente, ni nostalgia, ni romanticismo. Estamos convencidos de que si somos capaces de transmitir eso, lo que cuesta la libertad, nuestros jóvenes estarán en mejores condiciones de entenderla, respetarla y defenderla".
En su recuerdo
A lo largo de los años han sido numerosos los homenajes en recuerdo a las víctimas de Atocha. Comisiones Obreras se sumó siempre a ellos, especialmente, con la creación de la Fundación Abogados de Atocha y dando su nombre al Centro de Empleo y Formación de Comisiones Obreras de Madrid, situado en la calle Sebastián Herrera, 14. Este año, ha editado una Agenda 2007 en memoria a ELLOS en la que hay un recuerdo a los ausentes con palabras de Paul Éluard …"si el eco de su voz se debilita, pereceremos".
Pero estos homenajes de CCOO-Madrid son sólo una muestra de los que se han rendido a los abogados laboralistas de Atocha. El Gobierno de la nación les ha concedido la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la más alta distinción que se da en la Judicatura; la Comunidad de Madrid les otorgó la Primera Distinción a la Tolerancia que se concedía…
Además, en estos momentos, 24 municipios madrileños y muchos en toda España tienen alguna calle, parque, plaza o edificio público que lleva el nombre de los Abogados de Atocha.
Concretamente, existe una Plaza de Abogados de Atocha, en Alcobendas, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Velilla de San Antonio; una calle Abogados de Atocha, en Alcalá de Henares y en Collado Villalba; un Centro de Empresas y Formación, con monumento dedicado a los Abogados de Atocha, en Alcorcón; un Parque Abogados de Atocha, en Ciempozuelos, Leganés y San Fernando de Henares; un Monumento a Javier Sauquillo, en Coslada; una Avenida Francisco Javier Sauquillo, en Fuenlabrada; una Placa conmemorativa Abogados de Atocha en la sede de los Juzgados (pendiente de colgar), en Majadahonda; una calle de los Abogados Laboristas, en Mejorada del Campo; una Plaza Parque de los Abogados de Atocha, en Parla; una Avenida de los Abogados de Atocha, en Móstoles y en San Martín de la Vega; una Avenida y Monumento a los Abogados de Atocha, en Rivas-Vaciamadrid; una Plaza y Monumento a los Abogados de Atocha, en Pinto; un Centro Polivalente Abogados de Atocha, en Torrejón de Ardoz; y un Polideportivo Municipal Abogados de Atocha, en Valdemoro.
A pesar de este amplio reconocimiento, los abogados de Atocha continúan esperando que el Ayuntamiento de Madrid les dedique una glorieta, algo que los sobrevivientes llevan tiempo reivindicando. La demanda expresa de una glorieta tiene su porqué: una calle tiene principio y fin y una glorieta no acaba nunca.
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