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El libro rinde tributo a los asesinados
Carlos Hernández reúne las pruebas que demuestran que el régimen franquista facilitó, con su pasividad e indiferencia, la muerte en las cámaras de gas de más de 50.000 judíos de origen sefardí
Este año se cumplen 70 años de la liberación de los campos de concentración nazis y 75 años de la llegada de los primeros prisioneros españoles a Mauthausen.
Coincidiendo con este aniversario, se publica Los últimos españoles de Mauthausen, del periodista Carlos Hernández de Miguel, que rinde homenaje a los más de 9.000 españoles que estuvieron en los campos nazis. En el libro, el autor recopila pruebas, algunas de ellas inéditas, que identifican al régimen franquista como responsable de la deportación y posterior muerte de más de la mitad de ellos.
Los españoles que estuvieron recluidos en los campos de concentración nazis (de los que hay constancia documental) ascienden a 9.328. De ellos,5.185 murieron, 3.809 sobrevivieron y 334 figuran como desaparecidos. La mayoría de estos deportados, 7.532 hombres, mujeres y niños, estuvieron recluidos en el campo de Mauthausen, donde murieron 4.816.Dachau, Buchenwald y Ravensbrük también recibieron a un importante número de deportados.
La totalidad de los españoles que acabaron en los campos de concentración nazis se habían exiliado en Francia tras la victoria franquista del 39. Allí, se dividieron en tres grupos: deportados que sirvieron en las filas del ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, capturados por los nazis en junio de 1940 y enviados a los campos desde agosto de ese año hasta finales del siguiente; miembros de la Resistencia, detenidos por la policía francesa y la Gestapo y conducidos a los campos en 1942, 1943 y 1944; y el “Convoy de los 927″, formado por civiles que se encontraban refugiados en el campo de Les Alliers, junto a la ciudad francesa de Angulema, en el que había hombres, mujeres y niños.
Los datos actualizados que maneja el autor apuntan a que fueron, al menos, 1.966 los catalanes que estuvieron prisioneros en los campos de concentración nazis. Barcelona fue la provincia originaria de un mayor número de deportados, 1.010; le siguen Tarragona con cerca de 400, Lleida con algo más de 300 y Girona con 257 prisioneros.
Carlos Hernández, sobrino del deportado murciano Antonio Hernández Marín, tuvo ocasión de reunirse con cinco supervivientes catalanes que pueden hablar en primera persona de lo ocurrido. José Alcubierre, Manuel Alfonso Ortells, Cristóbal Soriano, Marcial Mayans y Neus Català. Su testimonio se une al de Simone Vilalta, prisionera en el campo de concentración femenino de Ravensbrück y viuda del deportado tarraconense Luis Vilalta.
El libro analiza el contexto histórico y político en el que se produjeron las deportaciones y reúne las pruebas documentales que demuestran que el régimen franquista fue cómplice, no solo pasivo, de Hitler en estas deportaciones.
Desde el 31 de julio de 1938 la policía franquista y la Gestapo tenían suscrito un protocolo de actuación conjunta que agilizaba los procesos de extradición y el intercambio de información sobre sus comunes enemigos.
En 1939 y 1940 los Gobiernos alemán y español intercambiaron correspondencia en la que se reflejaba el interés de las autoridades franquistas por capturar a los líderes republicanos exiliados en la Francia ocupada. En telegramas y cartas, Madrid se “desentiende” de la suerte que pueda correr el resto de españoles que permanecían refugiados en territorio francés.
La orden que dictó el Reich para enviar a los prisioneros españoles a los campos de concentración fue firmada el mismo día en el que el entonces ministro de la Gobernación de Franco, Ramón Serrano Suñer, visitaba Berlín.
Existen documentos que demuestran que el Gobierno alemán informaba puntualmente a Madrid de sus planes de deportar a los españoles exiliados que habían sido capturados por la Wehrmacht durante la invasión de Francia.
El régimen franquista tuvo información y capacidad de decisión sobre el destino de los prisioneros españoles. Cuando quiso liberar y, por tanto, salvar de la muerte a alguno de ellos, lo hizo sin el más mínimo problema.Existe constancia de dos deportados que abandonaron Mauthausen gracias a las gestiones de Serrano Suñer ante las autoridades alemanas.
Asimismo, también se aportan documentos inéditos sobre la responsabilidad de Franco y su régimen en la deportación y el asesinato de más de 50.000 judíos de origen sefardí.
En enero de 1943, el Gobierno alemán aprobó un decreto por el quepermitía a sus aliados repatriar a sus judíos. A esas alturas, Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña habían denunciado públicamente que Hitler planeaba el exterminio de todos los judíos europeos.
La reacción de Madrid fue de absoluta indiferencia. Las autoridades alemanas insistieron una y otra vez. Franco utilizó interlocutores de cuarto nivel que demostraron su ignorancia y su falta de interés por la suerte de los judíos y Madrid impuso un riguroso criterio a sus diplomáticos: salvar exclusivamente a los judíos que pudieran demostrar sobradamente su nacionalidad española.
En la obra, también se apunta a otros responsables directos e indirectos de la deportación, los malos tratos y el prolongado cautiverio que sufrieron los prisioneros españoles. El ranking, tras los regímenes nazi y franquista, lo encabeza la Francia de Pétain y le siguen las empresas alemanas y norteamericanas que colaboraron con Hitler.
En la lista no se salva Stalin quien, mientras era aliado de Hitler, dio la espalda a los prisioneros comunistas españoles que estaban en manos de su circunstancial amigo. El líder soviético volvió a traicionarles tras la guerra cuando acusó a todos los supervivientes de los campos de ser espías o cómplices de los nazis.
Tampoco pueden eludir su cuota de responsabilidad los Aliados. Liberar los campos y tratar de proteger a los prisioneros no fue, ni mucho menos, una prioridad para los políticos y generales británicos y norteamericanos.
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