España no responde a la ONU por qué incumple las recomendaciones sobre las víctimas del franquismo y la Justicia Universal

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En la sesión celebrada en Naciones Unidas la representante española no ha aceptado revisar la Ley Mordaza ni el nuevo Código Penal

A. M. | 25/06/2015

España no ha dado explicaciones sobre el incumplimiento de las recomendaciones de los relatores y las comisiones de Naciones Unidas sobre las víctimas de la guerra civil y el franquismo ni respecto al tema de Justicia Universal en la sesión  celebrada hoy  por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  La representante española ha despachado en diez minutos su compromiso en cuanto a las obligaciones marcadas por la ONU sin dar respuesta a estas cuestiones. Tampoco ha aceptado revisar las reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana y al Código Penal que han sido calificadas unánimemente por la comunidad internacional como “una amenaza al ejercicio del derecho a la protesta pacífica”

En esta reunión se ha aprobado el Informe del Examen Periódico Universal de España, durante el cual los Estados parte han formulado recomendaciones concretas en ámbitos como la tortura, la libertad de expresión, la memoria histórica o el racismo.

Ni hablar de la Memoria Histórica

“La representante española no ha explicado nada ni respecto a memoria histórica ni respecto del tema justicia universal”, ha comentado a ELPLURAL.COM el portavoz de Rights International Spain ONG que junto a International Service for Human Rights participaron con una intervención muy crítica frente a las Leyes Mordaza y las trabas en el acceso a una justicia independiente.

Intervención relámpago“De las recomendaciones en materia de desapariciones, España se ha comprometido a garantizar una correcta investigación de las desapariciones forzadas, aunque sin precisar las medidas que se van a adoptar para avanzar en esta dirección”, añadieron. “Ha sido una sesión muy corta, el Estado español tenía 20 minutos para realizar su intervención, y solo ha aprovechado 10 minutos, después han callado”.

Mecanismo interministerialSegún informó la ONG, el Estado español ha asumido, en primer lugar el compromiso de crear un mecanismo interministerial para dar cumplimiento a dictámenes y recomendaciones de organismos internacionales. “La representante de la Delegación española ha calificado la creación de este mecanismo de ‛hito’ en la defensa de los Derechos Humanos y ha anunciado que se pondrá en marcha en los próximos meses”.

Medidas contra la discriminación“También se ha comprometido el Estado español a poner en marcha una segunda edición del Plan de Derechos Humanos (cuya aprobación, todo sea dicho, lleva pendiente desde el inicio de la legislatura), y a tomar medidas para combatir la discriminación racial, étnica y religiosa, incluyendo expresamente el uso de perfiles étnicos por parte de la policía”, continuaron.

La detención incomunicadaOtras recomendaciones que el Estado español ha aceptado tiene que ver con la prevención en prevenir e investigar los actos de tortura y otros malos tratos; “pero, si bien ha aceptado ‛revisar’ la detención incomunicada, para asegurar que toda persona detenida tenga acceso a un abogado de su elección, no ha aceptado proceder a derogar este régimen. También se ha comprometido a garantizar una correcta investigación de las desapariciones forzadas, aunque sin precisar las medidas que se van a adoptar para avanzar en esta dirección”.

Malos tratos en manifestaciones“España ha asegurado además que se abstendría de restringir las libertades de expresión, reunión e información y que prevendría los malos tratos en manifestaciones, pero no ha aceptado revisar las reformas a la Ley de Seguridad Ciudadana y al Código Penal que entrarán en vigor el próximo 1 de julio y que han sido calificadas unánimemente por la comunidad internacional como una amenaza al ejercicio del derecho a la protesta pacífica”

Devoluciones en caliente inamoviblesEntre otros temas, señala la ONG que “España también ha asegurado que garantizaría los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, pero se ha negado a derogar la disposición que “legaliza” las devoluciones sumarias desde Ceuta y Melilla”.

 Nuevos compromisos“Debe destacarse, en definitiva, que si bien algunas de las recomendaciones han sido rechazadas, la mayoría han sido aceptadas, de lo que se derivan nuevos compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos. Estos nuevos compromisos incluyen la revisión de textos normativos, (entre otras, Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Extranjería) y la creación de un nuevo organismo interministerial que vele por el correcto cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos”, matiza RIS.

 ONG preocupadasLas organizaciones Rights International Spain e International Service for Human Rights han realizado una declaración conjunta en la que han mostrado su preocupación por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y las dos recientes reformas al Código Penal. Se debe a que “criminalizan el mero ejercicio pacífico de las libertades de expresión, reunión e información” e “introducen numerosos términos indeterminados que, por su vaguedad e imprecisión, pueden dar lugar a una aplicación arbitraria de las sanciones”.

El acceso a la Justicia en peligroAsimismo han denunciado otras reformas del Gobierno que ponen en peligro el acceso a la Justicia, como la reforma a la Ley de Justicia Gratuita, que conllevará que “muchas menos personas puedan beneficiarse de un abogado de oficio”, la falta de recursos a la Justicia y, en general las “presiones políticas” a jueces y magistrados y los “ataques a la independencia judicial”.

Ni transparencia ni democracia
Finalmente, se ha denunciado en el Plenario que todas estas reformas se hayan tramitado “sin realizar amplias consultas con la sociedad civil y expertos independientes, lo que vulnera el principio de procesos normativos transparentes, democráticos y pluralistas”.