diumenge, 21 de juny del 2015

La nueva situación política en el consistorio podría modificar la postura mantenida en los últimos años sobre la polémica efigie en el Ayuntamiento de Salamanca.


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Una joven pasea por delante del medallón de Franco ubicado en la Plaza Mayor.
Una joven pasea por delante del medallón de Franco ubicado en la Plaza Mayor. / Almeida

  • La nueva situación política en el consistorio podría modificar la postura mantenida en los últimos años sobre la polémica efigie



La permanencia de uno de los símbolos más polémicos del franquismo en Salamanca llegará finalmente a sede judicial. El Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad ha citado a declarar a las partes el próximo 16 de julio ante la demanda interpuesta por Izquierda Unida solicitando la retirada, al amparo de la Ley de la Memoria Histórica, del medallón erigido a Francisco Franco en la Plaza Mayor.
Aunque en este momento se encuentran abiertas varias causas ante la iniciativa de la coalición, la de la retirada del medallón de la Plaza Mayor es la primera en tener fecha para la vista oral. Si no hay un cambio político en las próximas semanas, el Ayuntamiento de Salamanca, a través del representante que se designe, tendrá la obligación de personarse en el juzgado para defender la causa de la permanencia del medallón situado en el Pabellón Real.
El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica establece que las administraciones deberán tomar las medidas oportunas para la retirada «de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura», permitiendo la conservación, de forma excepcional, «cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas».
Según explica Gorka Esparza, el abogado encargado de la demanda interpuesta por IU junto con Juan Antonio García y Andrés Jones, esa excepcionalidad es precisamente el argumento que ha remitido el Ayuntamiento de Salamanca al juzgado en las diligencias previas, considerando que «la declaración de Monumento Nacional en el año 1972 incluye expresamente los medallones, sin hacer ninguna excepción».
Para Esparza, «es sorprendente que el Ayuntamiento recurra ahora a esta justificación, cuando jamás había planteado a lo largo de estos años que ese fuera el motivo para negar la retirada». No obstante, el abogado entiende que «esa argumentación se puede contrarrestar fácilmente, ya que parece evidente que en el año 1972, en plena dictadura, ningún acto administrativo por parte del Estado iba a atacar cualquier símbolo del dictador».
Por el contrario, la parte demandante presenta al juzgado para exigir la retirada en cumplimiento de la ley un informe realizado por siete prestigiosos expertos (Josefina Cuesta, Glicencio Sánchez Recio, Ángel Viñas Martín, Julián Casanova, Lourenzo Fernández Prieto, Francisco Espinosa y Ricardo Robledo) en el que se descarta cualquier posible «motivo histórico o arquitectónico» que justifique la permanencia del medallón.


El informe insiste en que por más que el medallón no fuera excluido expresamente de la declaración de monumento nacional de la Plaza Mayor es, obviamente, un añadido no original y que de hecho contraviene el programa iconográfico del ágora.
Por eso, se habla de un símbolo de «exaltación del poder dictatorial» en un momento histórico concreto -equiparándolo a los homenajes de mismo sentido de la Alemania nazi, lo que «justificaría la retirada de un elemento de espíritu contrario a la democracia y la convivencia pacífica».
Faltaría no obstante por dilucidar si el medallón podría resultar de interés por sus razones artísticas y según el informe aportado por Alfonso Masó Guerri, catedrático de Escultura de la Universidad de Granada, tampoco es así.
El profesor Masó Guerri afirma que el medallón realizado por Moisés de Huerta en 1936 ni siquiera guarda parecido físico real con el dictador y que por lo tanto, solo se trataría de un elemento meramente «propagandístico» que además se califica como de ejecución «no virtuosa».


Ni valores artísticos, ni históricos o arquitectónicos según estos informes. Sin embargo, el Ayuntamiento ha negado, tanto en la etapa de Julián Lanzarote como en el primer mandato de Alfonso Fernández Mañueco, de forma reiterada la posibilidad de retirar la efigie. No obstante, desde el 24 de mayo la situación de fuerzas ha cambiado en el consistorio y en estos momentos no es descartable un acuerdo político que empuje al Ayuntamiento a tomar esta medida.
«Para nosotros sería deseable que hubiera una resolución extrajudicial que ahorrara a la ciudad el bochorno de tener que retirar el medallón por una orden del juez», afirma Esparza. El PSOE ha defendido en innumerables ocasiones la retirada y está dispuesto a seguir haciéndolo –el último ruego de Enrique Cabero con el que cerró su etapa de portavoz fue sobre este asunto-, mientras que la portavoz de Ganemos, Virginia Carrera, insiste en que «nuestro programa habla de cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y es lo que vamos a exigir en este y en todos los casos».