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22-06-2015 / 13:41 h EFE
El abogado argentino Carlos Slepoy se va a reunir mañana con el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, de EH Bildu, y con representantes de los grupos parlamentarios para que se adhieran a la querella que tramita la jueza María Servini por los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.
Slepoy, que se ha mostrado convencido de que el alcalde pamplonés va a ser receptivo a esta petición, ha afirmado en conferencia de prensa que los municipios navarros y los de toda España deberían presentar además querellas en los juzgados españoles por los crímenes cometidos en sus respectivos municipios.
Probablemente, "no haya un solo pueblo en toda la geografía del Estado español donde no haya crímenes del franquismo", ha asegurado Slepoy, que ha destacado que, si los ayuntamientos comienzan a querellarse en los juzgados españoles, "la impunidad de los crímenes del franquismo tiene los días contados".
Slepoy es uno de los abogados que, amparados en la legislación internacional de la ONU sobre Justicia Universal, interpuso una querella ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Servini, por los crímenes cometidos por la dictadura entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas.
La jueza solicitó la detención preventiva con fines de extradición de 20 excargos franquistas, entre ellos ocho exministros, como Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, pero las peticiones han sido rechazadas por el Gobierno español con el argumento principal de que los hechos habrían prescrito.
No obstante, el abogado argentino, que reside en España desde 1977, ha mostrado su convicción de que "llegará el momento en que el propio Gobierno español va a terminar con la Ley de Amnistía", derogándola o modificándola para que no se consideren prescritos los crímenes del franquismo.
Algo que hace años parecía "absolutamente impensable", ha dicho, se va a hacer en España "con una profundidad que ahora no tenemos dimensión de lo que va a ser", porque a su juicio, "en el corazón de Europa, que se supone que es la cuna de los derechos humanos", no es aceptable que "estos crímenes estén en la más absoluta impunidad".
Por ello, ha animado a los gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos y parlamentos a que se querellen ante los jueces españoles, porque muchos de ellos "van a ser sensibles" a esta denuncia, pese al precedente de acusación de prevaricación al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo.
Tras resaltar que los Estados "protegen a los represores" y después alegan "que están prescritos" sus crímenes, Slepoy ha considerado que es una "obligación" del Estado español "participar en la apertura de fosas y enaltecer a las víctimas".
Slepoy ha compartido la necesidad de reconocimiento en España para las víctimas del terrorismo, pero ha afirmado no comprender que las víctimas del "terrorismo de Estado", que son "un número infinitamente mayor", vean que los autores de los hechos estén en "la más absoluta impunidad".
El abogado, que esta tarde pronunciará una conferencia en Pamplona, se ha mostrado convencido de que en España "no va a durar mucho tiempo" la aplicación del principio de "impunidad a cambio de estabilidad" y, acerca de un posible cambio en este tema tras las próximas elecciones generales, ha apuntado que está "seguro" de que será así, pero no quiere ser "demasiado optimista".
Ramón Contreras, del colectivo Sanfermines 78 Gogoan! Herri Ekimena, organizador de la conferencia, ha subrayado que los sucesos de los sanfermines de 1978 en Pamplona, en los que falleció por disparos de la policía el joven Germán Rodríguez y hubo nueve heridos de bala y 170 contusionados, es otro ejemplo de "la mentira de la Transición".
Los sucesos del 8 de julio de 1978, ha agregado, no fueron unos hechos aislados, sino que fueron una "continuidad del franquismo" y por ello en este colectivo no se consideran "ajenos" a la querella que se tramita en el juzgado argentino.
En 1978 en Pamplona, ha añadido, hubo una muestra de "terrorismo de Estado", pero desde entonces solo ha habido "silencio oficial, impunidad" y "nadie ha sido juzgado" por aquellos hechos.
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