dimarts, 8 de setembre de 2015

La Junta de CyL rechaza elaborar un catálogo de vestigios franquistas pero verificará si posee bienes afectados por la Ley


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VALLADOLID 

El abogado Eduardo Ranz apremia a los ayuntamientos a cumplir la normativa sobre Memoria Histórica 

EUROPA PRESS. 08.09.2015 

La Junta de Castilla y León no elaborará un catálogo de vestigios franquistas de la Comunidad por considerar que esta tarea excede de sus competencias, aunque verificará si existen bienes de titularidad regional afectados por la Ley de Memoria Histórica. 



A través de un escrito remitido por Presidencia al abogado madrileño Eduardo Ranz, recuerda que la obligación del cumplimiento de la Ley corresponde a los titulares de los bienes afectados, ya sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como a las administraciones públicas respecto de sus bienes. 

Por tanto, precisa que los inmuebles, calles y monumentos de capitales de provincia y municipios conciernen a los ayuntamientos o entidades titulares de los mismos y que la Administración autonómica solo tiene competencias para actuar en vestigios propios. "No procede la elaboración del catálogo solicitado, ni la creación de una comisión de expertos", recoge el escrito de la Junta, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se incide en que la Comunidad tampoco puede llevar a cabo ninguna acción sobre las entidades que Ranz enumeró en su petición —cuatro capitales y más de una quincena de municipios—. 

No obstante, informa al letrado de que recordará a todas las consejerías la necesidad de comprobar si a día de hoy existen bienes de titularidad autonómica afectados por la Ley de Memoria para que, en su caso, se lleven a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a la normativa. La petición del abogado Eduardo Ranz, especializado en Derechos Humanos, se produjo el 16 de julio, dos días antes del 79 aniversario del estallido de la Guerra Civil española. 

En un escrito enviado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, reclamó un listado de símbolos y monumentos en Castilla y León vinculados con la Guerra Civil y la dictadura franquista para su posterior eliminación. Solicitó además la designación de una comisión de expertos que, tras hacer el inventario, determinara qué elementos podrían permanecer por razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas, tal y como establece la Ley de Memoria Histórica, así como urgió la puesta en marcha de medidas para reparar el daño causado, presente y futuro, y pidió una reunión con el presidente para exponer con todo detalle el carácter y el significado de los vestigios. 

En el documento, Ranz señalaba que el artículo 15 de la norma impone a todas las administraciones públicas la adopción de medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión franquista con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978 y evitar la permanencia de cualquier señal que cause enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo de convivencia. 

Recogía además un listado con vestigios que aún permanecen en la Comunidad, emplazados en cuatro capitales (Segovia, Burgos, Zamora y Palencia) y en los municipios segovianos de Aguilafuente, Barbolla, Cantalejo, Coca y Sepúlveda; las localidades salmantinas de Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro y Lumbrales; Villamuriel de Cerrato (Palencia); Pampliega (Burgos); Medina del Campo (Valladolid); Astorga (León); las localidades de Peguerinos y Las Navas del Marqués (Ávila); Burgo de Osma y Langa de Duero (Soria), y Santovenia del Esla (Zamora). 

En agosto, el Gobierno regional emitió recibí y dio traslado de la demanda a la Consejería de Presidencia, cuyo pronunciamiento fue trasladado hace unos días al abogado. Petición a los ayuntamientos Tras la respuesta de la Junta, Eduardo Ranz ha urgido a los ayuntamientos que aún no han procedido a dar cumplimiento a la Ley a ponerse a trabajar de inmediato para hacerlo. 

Este experto en Derechos Humanos es el responsable de las denuncias contra más de una veintena de obispos y arzobispos y más de 80 alcaldes por consentir el mantenimiento se símbolos franquistas. Aparte de Castilla y León, también reclamó un inventario de bienes franquistas al resto de comunidades autónomas, a excepción del País Vasco, la única que ya cuenta con un listado de estas características.