MEMORIA HISTÓRICA Y CRÍMENES DEL FRANQUISMO
04/10/15 · 8:00
España lleva setenta y nueve años viviendo con miedo, con un pasado hipotecado y una memoria gobernada por el olvido. Mientras se hace cargo de los vencedores, reniega de los vencidos; relega a las víctimas al abandono, democratiza el delito. Desde la aprobación de la Ley de Amnistía en 1977 (con la abstención de Alianza Popular, germen del PP), hasta la entrada en vigor en 2007 de la Ley de Memoria Histórica(LMH), el miedo ha sido la guía de cada una de las legislaciones aprobadasen España en relación a la Guerra Civil y a los casi cuarenta años de dictadura militar.
Todos los intentos de legislar sobre el pasado han sido meras declaraciones de intenciones vacías de contenido, herramientas y justicia. Esta sucesión de leyes arbitrarias ha convertido los crímenes franquistas en un gesto gratuito. Desde la Ley 5/1979 de la UCD hasta la 37/1984 del PSOE, la impunidad ha regido cualquier tentativa de equidad. Incluida la LMH, que teóricamente declara ilegítimas las sentencias impuestas durante la guerra y la posguerra, bajo cargos como bandolerismo, aunque, de hecho, no se plantea la derogación de las mismas.
"Hay una falta absoluta de voluntad política: una oposición en el caso del PP y en el caso del PSOE es más bien de cobardía"
Aprobada por el Gobierno socialista en 2006, la Ley de Memoria Histórica ha pretendido crear un marco legal que defienda los derechos de las víctimas y sus familiares. A pesar de ello, ha encontrado numerosas trabas a la hora de ser aplicada, arrojando un balance insuficiente en todos los niveles: económico, político y social. En palabras del arqueólogo y científico del CSIC Alfredo González-Ruibal, “el Estado está haciendo dejación de sus funciones. Es evidente que hay una falta absoluta de voluntad política: una oposición en el caso del PP y en el caso del PSOE es más bien de cobardía, de no querer abrir la caja de Pandora”.
Ya en la campaña electoral de 2008, el actual Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometía derogar la ley, a la que “no daría ni un sólo euro”. Por otro lado, el Partido Popular ha saboteado constantemente su aplicación, sobre todo en lo relativo a la simbología y al callejero franquista, como atestigua Madrid. De este modo, las instituciones (y los partidos que las controlan) continúan sin hacer ni permitir un juicio crítico de la Guerra Civil y del Franquismo.
El arqueólogo vasco Javier Ortiz expone con sencillez el vínculo entre memoria, historia y educación: “Si esto no se hace, dentro de 75 o 100 años vas a coger una enciclopedia y, al buscar a Franco, te pondrá libertador, general y estadista. ¿Qué estamos haciendo? Prostituir la historia. La historia no te tiene que gustar. Es historia.” Lo dice alguien con doce años de experiencia abriendo fosas por toda España.
Por su parte, Javier Ruiz, arqueólogo, historiador y cofundador de la Asociación de Memoria Histórica Charata, señala que “aprovechando la excusa de la crisis, se han eliminado las subvenciones y liquidado el presupuesto para la aplicación de la LMH”. Los datos avalan éstas declaraciones, ya que en 2011 se redujo el presupuesto en un 60% y desde 2013 se eliminó toda financiación estatal.
En 2011 se redujo el presupuesto en un 60% y desde 2013 se eliminó toda financiación estatal
Según el propio Ruiz, “en la actualidad las grandes exhumaciones son inasumibles. Por ello intentamos hacer pequeñas exhumaciones (de dos a cuatro personas), que permitan mantener el tema a la vista y para las cuales seamos financieramente capaces”. A pesar de fijarse objetivos limitados, la ausencia de recursos públicos obliga a la mayoría de asociaciones y particulares a financiarse a través de proyectos de crowdfunding y de las cuotas de socios y voluntarios. Los expertos en la materia, como Javier Ortiz, lo tienen claro: “Esto es muy fácil de hacer, porque si lo estamos haciendo con nuestros propios medios y poco más… ¿cómo no va a poder hacerlo el Gobierno español? ¿Qué nos están diciendo, que nosotros tenemos más medios o más capacidad? Lo único que tenemos es voluntad”.
Hasta la promulgación de la LMH, la carencia de fondos y de cooperación institucional condenaba a los familiares a llevar a cabo las exhumaciones de forma privada. Hoy día, la situación vuelve a ser similar: falta apoyo financiero, académico, institucional y político. “La solución no pasa porque una asociación reciba una subvención publica”, como apunta Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación para la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (A.R.I.C.O.).
Como Capapé, numerosos especialistas y técnicos coinciden en que el gobierno central y los autonómicos deberían montar equipos multidisciplinares con arqueólogos, antropólogos y forenses que sirvan para reforzar y estimular la LMH. De otra forma, todo son retahílas de buenas intenciones que se quedan en papel mojado. O ni eso. Como en el caso de los inexistentes protocolos de actuación y gestión de los restos encontrados y que no son reclamados por nadie.
Instituciones, partidos y cargos electos han tenido ocasión para elegir entre la herencia de la Dictadura o el porvenir de la democracia. En opinión de González-Ruibal, “el hecho de que nadie se haya atrevido a meterle mano al Valle de los Caídosdemuestra que seguimos viviendo en una sociedad postdictatorial. Si alguien tiene miedo a quitar a un dictador y a un ideólogo del fascismo de un lugar público es que no está preparado para regir una sociedad democrática”.
La sociedad necesita una reforma, un impulso. Cada uno lo interpreta de una manera. González-Ruibal lo define como la “sensación de estudiar un pasado que todavía es presente, que todavía determina nuestro comportamiento. Hoy no se puede entender España sin la dictadura y la Guerra Civil”. En esta misma dirección apuntan las recomendaciones y demandas emitidas desde varios organismos internacionales y ONG. En 2009, el Comité Internacional de Derechos Humanos recomendó al gobierno socialista facilitar el juicio de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra y la posguerra ya que “no prescriben”. Por su parte, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las desapariciones forzosas amonestó en un informe de 2014 al gobierno popular al considerar que se estaban incumpliendo varios tratados internacionales suscritos por España para garantizar la protección de los Derechos Humanos.
"Hay otros países donde se está haciendo infinitamente más, países que no son más ricos que el nuestro"Y pese a ello, la situación no ha mejorado. Al contrario, se ha instaurado un abandono promovido por las instituciones políticas y académicas quienes, guiadas por su espíritu conservador, mantienen el statu quo de vencedores y vencidos. Y de víctimas de primera y de segunda. A ojos de la comunidad internacional, España es un país en el que las élites han impedido cualquier estudio imparcial del conflicto y sus consecuencias. En cambio, como recuerda González-Ruibal, “hay otros casos en el mundo donde se está haciendo infinitamente más, países que no son más ricos que el nuestro”. Como Argentina, Guatemala o El Salvador, naciones que solemos considerar tercermundistas y que en este aspecto están mucho más adelantadas que España. Ortiz reclama que “a esas personas que tienen desaparecidos en las cunetas de media España, como ciudadanos, su gobierno debería darles alguna solución.”
El intento en 2008 del exjuez Baltasar Garzón de investigar los crímenes del franquismo topó con un sistema, un aparato y una ley anclados en el pasado. Blindados por la Ley de Amnistía de 1977, los crímenes del franquismo aún gozan de impunidad dentro de nuestras fronteras. Por ello, en un ejercicio de ironía histórica, muchas de las causas han sido trasladadas a Argentina, donde la justicia se ha hecho cargo de varios procesos, como los que instruye la juez María Servini de Cubría.
El hecho de que la aparato judicial español se inhiba para juzgar crímenes acaecidos en su territorio es un signo más del poder del franquismo, de la pervivencia de sus herederos, de la continuidad de su régimen. Y de la protección de sus partidarios. De aquellos que se saben al cobijo de un sistema arbitrario, como el exinspector José Antonio González Pacheco, alías Billy El Niño o el excapitán de la guardia civil Javier Muñecas, partícipe en el golpe del 23-F.
Así que la conclusión es clara. Es una falta de voluntad política. Y punto. Porque esto no es tan difícil. No estamos hablando de algo que sería imposible. No hablamos de ninguna utopía. Se trata de conciencia, se trata de justicia, de libertad, de paz, de educación, de derechos. Y de memoria. Se trata de todo aquello que el franquismo destrozó y desterró. Se trata de todos los ideales por los que lucharon y murieron aquellos que aún esperan en las cunetas la llegada de la democracia.
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