http://es.blastingnews.com/politica/2015/10/carlos-slepoy-la-querella-argentina-contra-la-impunidad-00597039.html
En este último año la querella argentina ha comenzado a dar pasos firmes, apoyada por jueces y ayuntamientos en toda España.
El pasado 27 de Septiembre se conmemoraron 40 años de los últimos fusilamientos del franquismo. Los asesinados fueron Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot "Txiki" (miembros de ETA y FRAP), acusados del asesinato de dos guardias civiles. Los juicios, calificados como monstruosidad jurídica según el abogado francés Christian Grobet para la Federación internacional de Derechos Humanos, plasmaron lo que fue la dictadura de Franco, un estado de terror y represión, que cómo bien dijo Olof Palme, se fue como entró, bañado en sangre. Carlos Slepoy es uno de los abogados responsables de la Querella argentina contra los crímenes delfranquismo y la impunidad. En la década de los noventa, actuó como abogado de la acusación popular contra la dictadura argentina y participó con el juez Baltasar Garzón contra el exdictador chilenoAugusto Pinochet. Él, junto a un grupo de abogados y organizaciones presentó el 14 de abril del 2010 en Buenos Aires la querella. Entre los demandantes hay familiares de víctimas, asociaciones de apoyo a la memoria histórica y asociaciones de derechos humanos.
¿Qué te parece el camino abierto en estos últimos años por un nuevo sentir social?, ¿se ha abierto una senda para caminar hacia el fin de la impunidad?
Se ha generado un movimiento social creciente de apoyo por la lucha de la memoria histórica y por querer que la Justicia se acerque cada vez más. En estos momentos existen posibilidades abiertas donde la justicia española empieza a implicarse. Realmente todo se ha dinamizado por el producto de un activismo social.
¿Cómo se ha articulado la presión internacional?
Por parte de las organizaciones de derechos humanos y de las Naciones unidas ya se ha planteado comenzar a derogar la ley de amnistía del 77. Hay delitos que no prescriben (crímenes de lesa humanidad). Estamos en el mejor momento para poder juzgar a los responsables del franquismo que están vivos y que son muchos, y además que se haga justicia con las víctimas, denunciando dónde murieron, desaparecieron, fueron torturadas...
¿El proceso sigue en marcha pero cómo ha actuado el actual gobierno de Rajoy?
Es un proceso imparable, evidentemente el actual gobierno ha hecho lo imposible para parar estas actuaciones, ya sea negándose a colaborar con la justicia argentina, por ejemplo desde el punto de vista de la persecución policial, o tratando de llevar a la mínima expresión la ley de la memoria histórica. Aunque es una ley insuficiente, ha permitido abrir espacios donde poder avanzar. El gobierno del PP como sabemos, ha bloqueado todo tipo de iniciativas para esclarecer los hechos.
¿Y cómo han respondido los organismos internacionales a este hecho?
La actuación del actual gobierno ha sido condenada reiteradamente por las Naciones Unidas, también nosotros lo hemos mostrado en el parlamento europeo donde ha habido pronunciamientos en este sentido y bueno, el nuevo curso político en los ayuntamientos ha hecho que se hayan tomado decisiones a este respecto y suponemos que también tendrá profundidad en las Comunidades Autónomas, y finalmente en el ámbito nacional.
¿Qué se espera del 2016, y de un supuesto cambio de gobierno con las elecciones del 20 de diciembre?
Creemos que el 2016 será un año de avances sustanciales en materia de justicia y de aclaración de estos hechos.
No sabemos cuál va a ser el nuevo gobierno, pero de todas maneras no va a ser un gobierno con mayoría absoluta del PP, va a ser un gobierno en el cual habrán fuerzas diversas que serán importantes a la hora de impulsar medidas. La derogación de la ley de amnistía y una ley que establezca nuevas medidas para que avance el derecho es lo que esperamos. Pero aún más importante, es que ese derecho no solamente es para que lo ejerzan las víctimas, si no que lo ejerzan los ayuntamientos a la hora de imponer querellas contra el franquismo, o bien por los alcaldes o concejales y de ahí, esperemos, también los gobiernos autonómicos.
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