http://www.proceso.com.mx/?p=421211
 |
| Francisco Franco. El dictador. Foto: www.ibtimes.co.uk |
“Atado y bien atado”, dijo Francisco Franco en 1969 al explicar que el entramado legal estaba listo para dejarle el poder a Juan Carlos de Borbón. Y tenía razón: Ahora, 40 años después de su muerte –que se cumplen este viernes 20–, se evita hablar mal del franquismo, se frenan los intentos por condenar sus crímenes y se preservan influyentes instituciones del Estado que mantienen fidelidad al caudillo y a su ideología. Incluso, buena parte de la clase política, de izquierda o de derecha, la forman hijos y nietos de personas favorecidas por el generalísimo.
MADRID (Proceso).- A las 04:20 horas del 20 de noviembre de 1975, a los 83 años, moría Francisco Franco, el último dictador de Europa. Su yerno, el doctor Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, lo había sometido a tres intervenciones quirúrgicas en un mes y, durante las dos semanas previas lo mantuvo artificialmente con vida.
A primera hora de aquel día, Pablo Mayoral conoció la noticia en su celda, en Cáceres. “Me enteré por la algarabía que escuché en el patio de la cárcel procedente de los presos comunes”, rememora. “Tras las rejas, nuestra reacción era de euforia, porque veíamos el fin de 40 años del régimen fascista que significó una sombra para España”.
Entonces era un veinteañero integrante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, acusado de participar en la muerte de un policía. Era el penúltimo condenado a muerte por los consejos de guerra sumarísimos, la maquinaria de la despiadada represión del régimen franquista. Conmutada su condena por una pena de 30 años, logró su libertad en noviembre de 1977 gracias a un indulto.
Hoy participa en La Comuna, asociación de expresos de la época que busca enjuiciar a los “criminales franquistas” que aún viven y la eliminación de las sentencias de la dictadura. “Durante estos 40 años la democracia ha cubierto con una losa de silencio los crímenes de la dictadura”, dice.
Resortes institucionales
Aquel 20 de noviembre de 1975, Emilio Silva tenía 10 años. Por la inestabilidad política de los días posteriores se suspendieron las clases en su escuela y permaneció encerrado en su casa, en Pamplona. “Había demasiada violencia política en las calles. Yo veía por la ventana esa violencia y seguía por radio las informaciones de la policía sobre la tensión imperante”.
Hoy preside la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), grupo ciudadano que en sus 15 años de existencia y prácticamente sin apoyo gubernamental, ha conseguido abrir más de 300 fosas clandestinas y exhumar los restos de 6 mil 200 víctimas; la primera, Emilio Silva Faba, su abuelo.
“Este año es una especie de ecuador. Tuvimos 40 años de dictadura y han transcurrido 40 años desde la muerte del dictador. Lo inexplicable es que aun hoy padecemos la permanencia del franquismo, porque el devenir actual en España está directamente relacionado con ese pasado de la dictadura”, dice en entrevista.
Un hecho simple, pero que lo ejemplifica, es que con los impuestos de Pablo, los de Emilio y del resto de los españoles se sigue pagando la preservación de las tumbas de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española, brazo del franquismo responsable de decenas de miles de muertes.
Los cuerpos de ambos están en el Valle de los Caídos, conjunto monumental en Cuelgamuros, en la sierra de Guadarrama, a 60 kilómetros de Madrid, que pertenece a Patrimonio Nacional, entidad dependiente del Ministerio de Cultura, que destina fondos públicos para su preservación y funcionamiento.
“El Valle de los Caídos representa una distorsión de ese ‘franquismo cultural’ que nos obliga a pagar con nuestros impuestos la tumba del dictador que regó de muertos y sangre el país”, denuncia Silva.
“Mussolini está en un cementerio particular en Italia y lo mismo Salazar en Portugal. Aquí, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, los restos de ambos (Franco y Primo de Rivera) deben ser retirados a un sitio privado y el Valle de los Caídos debe erigirse como un sitio de reconciliación, no para ensalzar la cruzada de Franco.”
Pero como este ejemplo hay otros “resortes del franquismo” que siguen vivos. En 2008 el Instituto Cervantes obligó a modificar el título de una exposición sobre el fascismo en España que, un año antes, había estado en Nueva York. “El Cervantes decidió que no se podía definir como fascismo lo que se vivió durante la dictadura”, añade el entrevistado.
La Televisión Española, empresa pública, difundió un programa sobre los desaparecidos en otros países, pero se niega a abordar el caso de España.
También la edición del Diccionario Biográfico 2011, financiado con dinero público, definió el franquismo como un “movimiento político y social de tendencia totalitaria”; la entrada fue redactada por Luis Suárez, un historiador vinculado con la Fundación Francisco Franco. La fuerte presión política y social obligó a la modificación de la definición en la edición 2014, como “dictadura de carácter totalitario impuesta en España por el general Franco…”
Dichos resortes siguen impidiendo que, a ocho años de vigencia de la Ley de Memoria Histórica, se retire la nomenclatura franquista de cientos de calles en todo el país. Los nuevos ayuntamientos de Madrid, Valencia, Zaragoza, La Coruña, Cádiz y Santiago de Compostela anunciaron que acatarán la ley y retirarán los nombres o símbolos franquistas. Sólo en la capital española hay 148 calles, 11 avenidas, 20 plazas, tres monumentos, dos institutos, dos colegios, dos parques y un jardín situado en el Parque del Retiro cuyos nombres no han sido cambiados.
Un hecho que para Silva es “una metáfora de la transición”, fue el retiro de la estatua ecuestre del dictador que se ubicaba en Nuevos Ministerios, en Madrid, en 2005, durante la legislatura de Zapatero, el gobierno que aprobó la referida ley.
“El retiro se hizo durante la madrugada y el monumento se llevó a un almacén del Ministerio de Fomento, pero como no cabía, los trabajadores pidieron instrucciones: O le cortamos la cabeza a la estatua de Franco o rompemos la puerta del almacén. La orden fue tajante: Rompan la puerta.”
“Este hecho ejemplifica la transición, la vigencia del miedo al régimen en plena democracia”, dice.
Para el profesor de antropología social de la Universidad de Sevilla, Ángel del Río, citado por la revista La Marea en abril pasado, esta escena “es parte del franquismo sociológico que prevalece”.
El rey y el “soldado”
“Atado y bien atado”, es la frase que Franco pronunció en su mensaje navideño de 1969 para anunciar que todo el entramado legal estaba listo para que el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón lo sucediera en la jefatura del Estado tras su muerte y le jurara lealtad, lo que sucedió seis años después.
El 22 de noviembre del 75, en su mensaje de proclamación, el rey Juan Carlos no obvió elogios al dictador:
“El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio.”
El monarca abdicó el 22 de junio de 2014, tras un reinado de 39 años, en los que nunca rompió la fidelidad al dictador. Si bien contribuyó a la construcción de la transición democrática, ésta fue controlada por la elite política del franquismo. Este sector impulsó reformas democráticas con innegables avances políticos y sociales, pero no tocó ciertos temas, por ejemplo, el concordato firmado con el Vaticano, que le da a la Iglesia –aliada del franquismo– una serie de privilegios legales, económicos y fiscales.
El sucesor, Felipe VI, en su proclamación definió su reinado como “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”. Sin embargo, para Emilio Silva, el nuevo rey “tiene un problema, que es su padre, que fue nombrado por Franco, a quien le juró fidelidad, igual que al Movimiento Nacional, el mecanismo totalitario del régimen para la participación social”.
“La monarquía española hasta hoy no ha cuestionado los planteamientos políticos, jurídicos, históricos y morales del dictador”, coincide Joan Garcés, doctor en ciencias políticas, exasesor político del presidente chileno Salvador Allende y exasesor de la dirección general de la UNESCO.
“Ese es uno de los mucho nudos que Franco dejó atados y bien atados, y que constituyen una cadena que sigue ahí”, dice en entrevista. “Una jefatura del Estado fuera del control democrático; la jefatura de las fuerzas armadas fuera del control de la soberanía nacional. Esos nudos están en la cúspide”.
Garcés añade: “El actual edificio español se asienta sobre el no cuestionamiento a la dictadura ni en su dimensión moral, política, histórica y, por supuesto, tampoco judicial. En Italia, la Constitución postfascista tiene como base el rechazo explícito al régimen de Mussolini. Sucedió igual en Francia, Alemania, Portugal o Grecia. España es el único país donde no se vivió ese proceso”.
El otro nudo que Franco dejó atado es la magistratura (Poder Judicial), muchos de cuyos miembros juraron lealtad al caudillo al inicio de sus carreras. “Hablo de instituciones y de personas”, señala Garcés. Se refiere al Consejo General del Poder Judicial –que apartó de la carrera judicial en 2010 al juez Baltasar Garzón–, así como al Tribunal Supremo que, dos años después, declaró a la Audiencia Nacional no competente para investigar los crímenes del franquismo, por no considerarlos de lesa humanidad y, por tanto, como delitos comunes los clasificó como prescritos.
Herencia
Pese a que la investigación del juez Garzón de los crímenes franquistas quedó nulificada, logró documentar una realidad: hay 114 mil 226 desaparecidos por el régimen, víctimas asesinadas y sepultadas en cunetas y caminos. Esto convierte “a España en el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados”, según un duro posicionamiento de la Asociación de Jueces para la Democracia, que reprocha al gobierno no atender las recomendaciones de la ONU sobre el tema.
Para entender ciertos resortes de ese sistema, el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, José Antonio Martín Pallín, lo ejemplificó durante una conferencia en 2011. Ahí abordó la decisión de apartar a Garzón. Señaló que ésta se derivó de “una rabieta que en 2008 hizo la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega”, porque la referida causa judicial contra el franquismo iba más allá de la ley de Memoria Histórica, cuya confección y aprobación en el Congreso se debió a ella.
Al enterarse, la mujer sentenció: “Se van a acabar las garzonadas”. Silva añade que la exvicepresidenta socialista pactó con Federico Trillo, miembro del Partido Popular (PP) y actual embajador en el Reino Unido, para acabar con Garzón.
Pero, ¿por qué se activan estos resortes del franquismo? Porque “90% de los ministros de la España democrática son hijos de altos oficiales o funcionarios del régimen”, dice Silva con base en un estudio biográfico que realizan la ARMH y la Universidad Complutense.
Es el caso de la exvicepresidenta Fernández de la Vega. Es hija de Wenceslao Fernández de la Vega Lombán, delegado del Ministerio del Trabajo en Albacete y Zaragoza, una entidad que era “propiedad de la Falange”, dice. Como adepto al régimen, su padre recibió privilegios como la concesión de empresas eléctricas (Hidroeléctrica Vega y Saltos de Tiétar) que la familia conserva con un importante volumen de negocios y que reciben subvenciones del Ministerio de Industria.
También sucede en el caso del presidente Mariano Rajoy, continúa, que es hijo de Mariano Rajoy Sabredo, juez y expresidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra del régimen dictatorial; o con el expresidente José María Aznar, que es nieto de Manuel Aznar Zubigaray, nombrado embajador por Franco, e hijo de Manuel Aznar Gómez-Acedo, oficial del ejército franquista y responsable de las tareas de propaganda como jefe de la Falange.
Entre muchos dirigentes socialistas existe una situación similar: el padre de José Bono, anterior presidente del Congreso de los Diputados y ministro de Defensa, fue un alcalde franquista de Salobre (Albacete); o el exvicepresidente, exministro y presidente del PSOE, Manuel Chávez es hijo del coronel de infantería del ejército franquista, Antonio Chávez Plá y su madre fundó la sección femenina de la Falange en Ceuta.
A escala institucional el caso más singular es el PP, fundado por el extinto Manuel Fraga, un destacado ministro de Franco. Este partido, que hoy gobierna España, se niega a condenar al franquismo y al golpe de Estado de 1936.
En 2013, por ejemplo, logró echar abajo en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de Izquierda Plural que pedía declarar el 18 de julio –fecha de la sublevación contra la Segunda República– como día oficial de condena a la dictadura y de homenaje a las víctimas del franquismo. El argumento central del partido conservador era que eso podía “dividir a España”.
Sin embargo, los dos gobiernos emanados del PP, bajo Aznar y Rajoy, desde el Ministerio de Defensa, siguen destinando fondos para “los caídos de la División Azul”, la unidad militar franquista que se unió a Hitler en la guerra contra la Unión Soviética. “Aunque Aznar apoyaba a la División Azul, a nosotros, los hijos y nietos de las víctimas de Franco nos pedía que miráramos al futuro”, recuerda Silva.
Desde esta formación se producen frecuentes humillaciones hacia las víctimas.
Por ejemplo, el expresidente Aznar criticó en abril de 2011 la Ley de Memoria diciendo: “no se consigue nada removiendo tumbas ni removiendo huesos”; o el alcalde de Lugo, Manuel González Capón, que justificó el 26 de julio de 2013 que quienes fueron asesinados por el franquismo “se lo merecían”. Más lejos fue el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, quien criticó en un debate en la televisión de los obispos, 13TV, en noviembre de 2013, que los familiares de las víctimas sólo “se acuerdan de su padre (muerto) cuando hay subvenciones”.
Aun así, Silva se dirigió por escrito a Rajoy el 16 de octubre pasado, para proponerle que debido a que este 20 de noviembre se cumplen 40 años del regreso de las libertades y la vuelta a la celebración de elecciones democráticas, el Consejo de Ministros lleve a cabo una declaración del gobierno que “conmemore esa fecha, que condene la dictadura franquista, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la crueldad de un régimen que llevó a cabo numerosas violaciones de derechos humanos, algunas pendientes por resolver, y que se reconozca la lucha de miles de hombres y de mujeres que pusieron en riesgo sus vidas por considerar que la ciudadanía tenía derecho a vivir en libertad”.
Desde el gobierno, hasta ahora, la respuesta es el silencio.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada