Dependería de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y estaría dotada con fondos estatales
Archivos de represaliados por el franquismo. Foto: ARMH.
El Gobierno español estudia darle una nueva vuelta de tuerca a la memoria histórica para hacer frente a las políticas regresivas de PP y Vox, que en las últimas semanas han promulgado leyes profranquistas en Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón. Precisamente, hace solo unos días, relatores de la ONU dieron un severo tirón de orejas a España por las mal llamadas “leyes de concordia”, un intento de las derechas por blanquear la dictadura y dejar sin efecto todo lo que se ha avanzado en los últimos años para dignificar los derechos de las víctimas represaliadas y sus familiares.
De hecho, el Gobierno de España ya ha puesto en marcha “la maquinaria jurídica contra la aprobación de la ley de Concordia que PP y Vox impulsan en las Cortes Valencianas”, informa el grupo mediático Editorial Prensa Ibérica (EPI). El citado medio añade que, en una carta enviada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), “el Gobierno da traslado del contenido del informe de los relatores de la ONU sobre las leyes de concordia de la Comunitat Valenciana y otras autonomías, así como sus consecuencias”. Es la forma de internacionalizar un problema, el del revisionismo histórico, agudizado por la tolerancia del PP con su socio de gobierno en varias comunidades autónomas.
Mientras tanto, las asociaciones memorialistas ya han empezado a dar los primeros pasos para frenar la ofensiva ultra que pretende enterrar la verdad de los hechos del pasado. Así, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado oficialmente una reclamación dirigida al Gobierno para que responda a las leyes de concordia de los gobiernos autonómicos gobernados por PP y Vox reforzando las políticas de memoria del Estado. El escrito registrado en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática explica cómo en las últimas semanas hemos visto “cómo algunos gobiernos autonómicos promueven leyes de concordia que ponen límites a los derechos de las víctimas de la dictadura y equiparan momentos históricos con el fin de blanquear el régimen franquista y a quienes se beneficiaron de su violencia política y de su corrupción económica”.
El Gobierno central discute con ellos pero realmente lo que demuestran estos debates es que las víctimas del franquismo se encuentran “todavía desamparadas por las instituciones democráticas y sometidas a estos vaivenes, mientras no se encuentra en ese debate la verdadera discusión que lleve al ejercicio de todos sus derechos que consisten en la apertura de investigaciones judiciales condenas y reparaciones que en ningún caso son posibles con la legislación vigente ni del Estado ni de las comunidades autónomas”, según la citada asociación.
Mientras se producen esos debates, las víctimas del franquismo siguen “desatendidas” y muriendo sin que las instituciones de la democracia en la que viven hayan garantizado sus derechos. La inexistencia de una institución que atienda a los represaliados por la dictadura es una forma de revictimizarlas. “Por eso exigimos, partiendo de los dictámenes sobre España del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que con carácter de urgencia el Ministerio de Política Territorial en Memoria Democrática ordene la creación de una institución que utilizando las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en el territorio de todo el Estado atienda a las víctimas del franquismo que a día de hoy no tienen un lugar físico al que asistir en el que exigirle al Gobierno del Estado sus derechos, ser escuchadas y sentirse cuidadas por las instituciones democráticas, que no pueden utilizar sólo la palabra víctima en los debates políticos sino que tienen que asociarla a derechos básicos de quienes sufrieron violaciones de derechos humanos durante el franquismo”. La petición contiene, por tanto, la apertura de una oficina de defensa ciudadana dotada de fondos públicos.
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de la primera víctima del franquismo identificada por ADN, “es incomprensible que las familias de los desaparecidos por la represión franquista no tengan una oficina en las que ser atendidas, cuidadas y donde se garanticen sus derechos. En cinco años las políticas de memoria han estado en tres ministerios distintos, como si no existiera un criterio firme y es hora, en el año 2024, de poner todos los medios para que las víctimas accedan a sus derechos”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica surgió a raíz de la exhumación de una fosa común en la que se encontraban los restos de 13 republicanos civiles asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936. Ocurrió en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, en el mes de octubre del año 2000. Numerosas personas acudieron al lugar de la excavación para pedir ayuda en la búsqueda de desaparecidos. Y un grupo de personas decidió crear la asociación para prestarles esa ayuda.
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