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El Tribunal de Estrasburgo inadmite en tres párrafos la extensa demanda interpuesta por Fausto Canales, hijo de un desaparecido en el verano de 1936
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) recibió el pasado 5 de octubre una demanda que no dejaba ningún cabo suelto.Fausto Canales, hijo de Valerico Canales -desaparecido el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Adaja (Ávila)- demandó al Estado español ante el TEDH por la falta de investigación en la desaparición de su padre.
La formulación de la demanda corrió a cargo del equipo de juristas de Right International Spain (RIS) que asimismo incluyó informes periciales de expertos como Carlos Castresana -fiscal del Tribunal Supremo-. A pesar de cumplir con la línea argumental básica de haber agotado la vía judicial en España, el TEHD ha fulminado toda esperanza para las víctimas del franquismo al no admitir a trámite la denuncia y no permitir la posibilidad de interponer más recursos.
"La decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno ante el tribunal, ante la Gran Sala ni ante otro órgano", sentencia Estrasburgo en la respuesta dirigida a Canales. Con este cerrojazo, el tribunal europeo pone fin, sin justificación concreta alguna, a la búsqueda de justicia en instancias europeas en el caso de los delitos de la dictadura militar de Francisco Franco.
En tan solo dos semanas, el TEHD ha dado carpetazo al caso de la desaparición de Valerico Canales y, al mismo tiempo, ha sentado jurisprudencia en ese sentido al contabilizar ya más de una decena los casos similares inadmitidos por el tribunal de Estrasburgo. Entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre, el TEDH deliberó sobre si admitía la demanda interpuesta por Fausto Canales. El último día, el único juez encargado de estudiar el caso optó por la inadmisión, comunicándosela al demandante mediante un escrito de cinco párrafos con el que contestaba a una extensa y argumentada demanda de cerca de 200 páginas (incluidos los informes de expertos).
"A las víctimas nos exigen diligencia para denunciar y hacia el Estado español no hacen ninguna consideración"
"A la luz del conjunto de elementos en su posesión y en la medida en que es competente para decidir sobre las quejas formuladas, el Tribunal ha considerado que su demanda no cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 34 y 35 del Convenio", según consta en el escrito de respuesta del TEDH. Es decir, el tribunal remite a Canales a un caso recientemente inadmitido, el del diputado socialista en 1936 Luís Dorado Luque, en el que se alegaba "falta de diligencia debida". En ese caso, la respuesta calificó como "tardía" la demanda de los familiares de Dorado Luque por considerar que hasta la década del 2000 no habían comenzado a emprender acciones legales. "Tanto en ese caso como en las demandas presentas por la Unión General de Trabajadores y por la nieta de Juan Negrín, el tribunal utiliza los mismos tres párrafos en todas", denuncia Lydia Vicente, miembro de RIS.
Para anteponerse a la posibilidad de que Estrasburgo se decantara por el argumento de la falta de "diligencia debida", el equipo de juristas redactó un extenso informe y contó con pruebas periciales que explican el contexto español. "Ni siquiera han entrado a leerlo, eso es lo que deducimos", lamenta Fausto Canales en conversaciones con Público. "A las víctimas nos exigen prontitud y diligencia a la hora de denunciar estos crímenes y hacia el Estado español, que no ha hecho nada, no hacen ninguna consideración".
"El TEDH ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata", añade Fausto, cuyo padre, Valerico, fue sacado de su casa de madrugada por un grupo de falangistas y nunca más volvieron a saber de él. La familia cree que su cuerpo pudiera encontrarse en la cripta del Valle de los caídos.
Canales, que rechaza la respuesta de Estrasburgo, recuerda que lleva toda su vida investigando el paradero de su padre pero "nadie nos atendía". El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sí se hizo eco de su caso y lo incluyó en el auto por el que se declaró competente para investigar los delitos del franquismo, circunstancia por la cual fue acusado por un grupo ultraderechista de prevaricar y afrontó un juicio el pasado enero por ello. "Me siento profundamente decepcionado e indignado, y rechazo esta decisión", enfatiza Canales, a la vez que anuncia que seguirá luchando.
"Estrasburgo ampara al Estado en sus violaciones graves de derechos humanos, y a nosotros nos maltrata"
El equipo de RIS también pone en evidencia la actuación del tribunal de Estrasburgo y subraya el desamparo en el que se quedan las víctimas del franquismo, que tras esta última respuesta tendrán "muy difícil" el aprovechamiento de esta senda para ver satisfechas sus demandas de justicia y reparación. "Para Fausto ha quedado ya cerrada la vía del TEDH y, al haber acudido a este tribunal, también se cierran otras vías internacionales, como llevar una comunicación individual al Comité de derechos humanos", aclara Vicente.
"La querella contra el franquismo que sigue su curso desde Buenos Aires es ahora el último cartucho que le queda", apunta la abogada.
La indignación y el rechazo no paralizan a Canales que, la semana que viene, acude a una reunión en la oficina de derechos humanos del ministerio de Exteriores en el marco del primer informe periódico que España está redactando para el Comité de desapariciones forzadas de la ONU.
Miembros de este Comité llegarán a España a lo largo del próximo año, y los esfuerzos de Canales se centran en que dicho informe contemple a los desaparecidos durante el franquismo. "Aún está por resolver el asunto de los más de 113.000 desaparecidos documentados en el auto de Garzón; el Gobierno no se ha ocupado en absoluto y la justicia ha rechazado cualquier intento de investigación", recuerda.
RIS fue invitado por Exteriores para participar en el proceso de consultas para elaborar el informe y ayudar en la coordinación con asociaciones de memoria, pero el colectivo de juristas acusa “el escaso plazo” que les ha dado el ministerio para que participen estas asociaciones.
España ratificó la Convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas el 23 de diciembre de 2010 y se comprometió a cumplirla contra los delitos posteriores a esa fecha. "Pero una desaparición es un delito que permanece hasta que aparece el cuerpo, por lo que no se pueden obviar los desaparecidos por el franquismo", apunta Fausto Canales.
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