Firmar el Manifiesto en Defensa de la Memoria Republicana (actualizado 2012)
Las inconmensurables víctimas del franquismo siguen estando olvidadas y silenciadas, cuando no ultrajadas y despreciadas en la España de hoy. Los crímenes del régimen de Franco continúan protegidos por la impunidad que le ha otorgado hasta hoy la democracia española. Las víctimas del franquismo reivindican la misma consideración y las mismas expresiones de solidaridad y compromiso de memoria manifestadas para con las víctimas de ETA, con total justicia, desde el Presidente del Gobierno, los parlamentos nacionales y autonómicos, el Gobierno de España, hasta todos los partidos políticos. Las organizaciones y asociaciones que enarbolamos la bandera de la memoria democrática, reivindicamos la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la historia de la democracia española. La memoria de estas víctimas también debiera acompañar a las futuras generaciones.
Por lo que:
MANIFIESTAN:
1º.- Denunciamos el desamparo jurídico en que se encuentran las víctimas del franquismo y la causa de la memoria histórica tras la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2010 que inhabilitaba al juez Garzón por haber iniciado el sumario 53/2008 E relativo a la investigación de los crímenes del franquismo, así como por las últimas decisiones del Gobierno del Partido Popular que han supuesto una grave involución de las políticas públicas de la memoria en España.
Reclamamos la búsqueda de la verdad histórica en oposición al revisionismo que pretende imponer en materia política, judicial y educativa la derecha en el poder. Consecuentemente, instamos al Gobierno y a las Cortes Generales a crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo con objeto de que investigue aquellos dramáticos hechos y que sirva para reparar de manera integral a las víctimas, a los resistentes y los presos de la dictadura.
Animamos a las asociaciones memorialistas a internacionalizar las exigencias de memoria, dignidad y justicia de las víctimas del franquismo, recurriendo a todas las vías legales posibles en las que poder interponer demandas y querellas para juzgar y condenar este tipo de crímenes, como es el caso del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, así como las interpuestas ante los tribunales judiciales argentinos a través de la Red ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina (Red AQUA). De igual modo, y tal y como se va a realizar en México, animamos a las asociaciones memorialistas, partidos y sindicatos de Francia, lugar de residencia de una importante parte del exilio republicano español para que puedan igualmente abrir la vía judicial mediante la interposición de demandas y querellas que insten a la Justicia francesa a investigar los crímenes franquistas.
2º.- Manifestamos públicamente nuestro apoyo y solidaridad con las actuaciones llevadas a cabo en esta materia por el exjuez Baltasar Garzón, especialmente en lo referente al sumario 53/2008 E relativo a la investigación de los crímenes del franquismo.
De igual modo, manifestamos nuestra indignación por la arbitraria inhabilitación judicial de Baltasar Garzón, una situación que desacredita a la Justicia española pues con ello se ha pretendido castigar desde los sectores reaccionarios de la judicatura, el decidido, valiente y firme compromiso de Garzón a favor de las víctimas del franquismo y en defensa de la aplicación de la legislación penal internacional en la cuestión de los crímenes contra la humanidad de la dictadura en España.
3º.- Que, por razones de dignidad, justicia y reparación histórica, resulta imprescindible, también en estos tiempos de crisis y ajustes presupuestarios, que las Administraciones públicas mantengan los programas y actuaciones destinados a la recuperación de la memoria histórica, la guerra civil, la guerrilla, la dictadura, el exilio, dotándolos de los recursos necesarios. En este sentido, estimamos imprescindible que el actual Gobierno de España mantenga en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y siguientes la partida presupuestaria destinada a la memoria histórica.
Igualmente, exigimos al Gobierno de España que recupere la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que tiene por misión coordinar la exhumación de desaparecidos y que fue suprimida por el Gobierno del PP en marzo de 2012.
Instamos a los distintos Gobiernos autonómicos para recuperar, o en su caso promover, las políticas públicas de la memoria que, como era el caso del Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, había desarrollado hasta el año 2011 una meritoria labor en este sentido.
4º.- Instamos a las Cortes Generales y a los distintos Parlamentos y órganos legislativos autonómicos a que, en sesión solemne y plenaria, realice un homenaje institucional a las víctimas de la dictadura franquista, en la línea de la Resolución sobre el recuerdo, reconocimiento y reparación moral de las personas fusiladas y represaliadas durante la guerra civil en Navarra, aprobado por el Pleno del Parlamento de Navarra el 10 de marzo de 2003.
5º.- Manifestamos nuestras discrepancias ante las lagunas y deficiencias de la vigente Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, la cual ha decepcionado las expectativas que inicialmente se pusieron en ella. Dado que dicha ley resulta manifiestamente mejorable, instamos a los diputados de izquierdas a que impulsen y apoyen iniciativas parlamentarias tendentes a:
- la resolución del los problemas jurídicos demandados por las víctimas, en especial la exigencia de la declaración de nulidad e ilegitimidad de todas las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por los tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura franquista.
- la inclusión en dicha ley, en aplicación de la legislación penal internacional (suscrita por España en 1985 y recogida en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y del principio de justicia universal, de la consideración de “crímenes contra la humanidad” y, por tanto imprescriptibles (art. 7 de los Estatutos de la Corte Penal Internacional) de los cometidos por el franquismo.
- exigir que todas las exhumaciones de fosas que se lleven a cabo se realicen con garantías jurídicas legales, lo cual supone que deben realizarse siempre en presencia de un juez.
- dar respuesta a la cuestión de los bienes incautados a las víctimas republicanas, esto es, a la represión económica, muchas veces olvidada.
- acabar con la impunidad de los victimarios, de los responsables de los crímenes franquistas, aplicando de forma retroactiva el principio de justicia universal con arreglo a las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Decisión de la Sección 4ª del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 17 de enero de 2006.
- incluir en el texto de la ley, como fundamentos de derecho, las resoluciones 32, 39 y 95 de la ONU condenatorias del franquismo.
6º.- No obstante, en tanto no sean subsanadas estas insuficiencias de la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, reclamamos su plena aplicación y, en particular del artículo 15 de la misma referente a la supresión de la toponimia y simbología franquista en todas las ciudades y pueblos de España.
De igual modo, instamos al Gobierno de España y a los distintos Gobiernos autonómicos a que acuerden con la Iglesia Católica la desaparición de todas las placas y memoriales franquistas existentes en sus templos y, de no hacerlo, que dichos edificios religiosos no sean beneficiarios de ningún tipo de subvención o trabajos de restauración de los mismos con cargo a los presupuestos públicos, bien sean estos estatales o autonómicos.
7º.- Instamos al Gobierno de España a la retirada, a la mayor brevedad posible, de los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos pues, como señalaba Baltasar Garzón, “los restos del responsable de los crímenes no pueden yacer junto a las víctimas” ya que ello supone “la mayor y última ofensa que puede hacérseles”. De igual modo, exigimos al Gobierno de España que facilite la identificación y posterior devolución de los restos de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, tal y como durante años llevan reclamando sus familias.
8º.- Consideramos igualmente que, tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como los distintos departamentos y consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas, deben potenciar, en sus respectivos currículums y temarios, los contenidos didácticos que permitan el estudio de lo que supuso la República, la Guerra civil, la dictadura franquista, el exilio y la deportación a los campos nazis en relación a la historia de España. Asímismo, estimamos fundamental la implicación de la juventud en el mantenimiento activo de la memoria histórica, como garantía de la transmisión de la misma a las futuras generaciones.
De igual modo, estimamos que se deben de apoyar y coordinar desde las diversas instancias educativas proyectos de cooperación transfronteriza que, como es el caso de Las Rutas de la Memoria, están destinados a estudiantes de Enseñanza Secundaria y Bachillerato y que se están llevando a cabo con buena acogida por parte de alumnos y docentes tanto de Aragón como del departamento francés de los Pyrénnées Atlantiques y que cuenta con el apoyo de las autoridades del Conséil General de dicho departamento, así como del Conséil Regional de l’Aquitaine y del Ayuntamiento de Oloron-Sainte Marie. Estimamos que el modelo propuesto por Las Rutas de la Memoria puede hacerse extensivo, con las adaptaciones necesarias, a los proyectos educativos de otras Comunidades Autónomas españolas y departamentos franceses que pudieran estar interesados en esta materia.
9º.- Apoyamos la celebración del II Encuentro Estatal Republicano convocado por la Junta Estatal Republicana (JER) a celebrar en el año 2013 con objeto de concretar elementos programáticos, acciones e iniciativas tendentes a lograr el establecimiento de la III República en España.
Reafirmamos nuestra convicción de que, como señalaba el eminente historiador Paul Preston en una conferencia pronunciada en Teruel el 19 de mayo de 2006, “la recuperación de la memoria es crucial”, no sólo por lo que supone de rehabilitación de las víctimas, sino, también, porque sirve para reafirmar los principios de nuestra democracia. Por todo ello, en recuerdo de las víctimas y presos tantos años olvidados, y también como justo homenaje a los valores republicanos que dieron razón de ser a su compromiso social y político, la memoria histórica es, y será, siempre, una memoria necesaria. Y esa es la labor y el compromiso que asumimos las asociaciones memorialistas que firmamos el presente Manifiesto.
Oloron-Sainte Marie, 7 octubre 2012
Entidades y Asociaciones que lo suscriben:
Fundación Bernardo Aladrén
Asociación Foro por la Memoria de Aragón
Asociación Foro por la Memoria de Madrid
Fundación Domingo Malagón
Asociación La Comuna
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