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Orosia Castán. Grupo Verdad y Justicia de Valladolid, 2-12-2012 - 3 diciembre 2012
La figura del que fuera último gobernador civil de Valladolid nombrado por la República ha sido difuminada intencionadamente
2 de diciembre de 2012 | Fuente: Orosia Castán. GRUPO VERDAD
La figura del que fuera último gobernador civil de Valladolid nombrado por la República ha sido difuminada intencionadamente por las autoridades franquistas hasta el extremo de negar su existencia y su cargo institucional. Recurriendo a ardides tan bajos como evitar inscribir su defunción en el Registro correspondiente o utilizar el silencio administrativo ante las demandas de su familia, se intentó hacer desaparecer su nombre y borrar su figura. Uno más de los muchos intentos infructuosos para eliminar la evidencia de los crímenes cometidos contra la legalidad republicana y sus representantes, intento fallido de nuevo, pues la memoria permanece, y con ella el conocimiento de la verdad acerca del golpe de estado de 1936.
Lavín nació en Santander en el año 1899. Sus padres se llamaban de Ignacio y Martina. Casado con Emilia de Lama, en 1936 tenía seis hijos. Era profesor mercantil en Santander y propietario de una fábrica de muebles y construcciones. Afiliado a Izquierda Republicana, desempeñó el cargo de Gobernador Civil durante la República; estuvo destinado en Cuenca, Toledo y Zamora, desde donde fue destinado a Valladolid, ciudad en la que se estaban produciendo múltiples problemas de orden público que el Gobernador civil, señor Campos Torregrosa, era incapaz de resolver.
La sustitución se produjo el día 20 de junio de 1936, tras una huelga general de 24 horas convocada en protesta por las reiteradas agresiones derechistas a elementos obreros, que tuvo su punto álgido el día 19 de junio, cuando grupos falangistas atacaron a tiros varios centros de reunión de obreros provocando tres muertos y varios heridos. Uno de los tiroteos tuvo lugar en la cantina de la calle Zapico, lugar de reunión de los afiliados a la CNT, cuya sede se encontraba en la calle contigua. Varias personas entraron en el bar y dispararon a mansalva, escapando por la plaza delos Arces. Nunca fueron detenidos. Entre los atacantes había una mujer. Estos mismos grupos derechistas atacaron aquella noche dos cantinas más, una en la calle Renedo y otra en la de Nicasio Pérez; las tres cantinas eran lugares conocidos de reunión de obreros izquierdistas.
El gobierno, alarmado por los reiterados sucesos en Valladolid, decidió cesar de manera fulminante a Torregrosa y enviar a Valladolid a Lavín con el encargo de terminar con aquel estado de cosas; el relevo de cargos tuvo lugar en plena madrugada del domingo 21 de junio, y los periódicos locales recogieron la noticia el día siguiente: “el gobierno ha autorizado al gobernador para tomar cuantas medidas crea oportunas para mantener el orden público” ( El Diario Regional, 23/07/36)
Campos Torregrosa, a su vez, había sido nombrado el 27 de febrero del 36, es decir, que llevaba en el cargo cuatro meses escasos. Muy poco tiempo, pero bastante más que el que su sucesor lo desempeñaría, pues no llegó a ejercer un mes completo. Lavín iba a pagar los 28 días ejercidos con su vida.
Lavín actúa
El nuevo Gobernador civil había ganado fama de buen negociador, duro pero dialogante. En Zamora, de donde venía, había resuelto varias situaciones conflictivas con mucho éxito.Lavín entró en acción de inmediato para detener la escalada de violencia en las calles de la ciudad.
El día 23 ya había publicado un bando, tal y como recogía la prensa; mantuvo reuniones, recibió a varias comisiones y tomó diversas medidas, como las dictadas a la policía para que realizara registros domiciliarios, requisa de armas y detenciones. Además dispuso la revisión de los permisos de armas, la prohibición expresa de que los ciudadanos realizasen cacheos por las calles y, una medida que era de otro rango, el aviso de que se aplicarían sanciones por el incumplimiento de la bolsa de trabajo.
Ese mismo día 23, Lavín habló a los vallisoletanos “exponiendo su propósito de terminar con el estado de subversiòn e indisciplina social”. Esta declaración de principios, realizada a través de la radio, se materializó de inmediato: se produjeron las medidas anunciadas, además de detenciones; el nuevo Gobernador se reunió con los huelguistas del transporte y los jornaleros del campo y las cosas parecieron tomar una nueva vía más pacífica. Lavín cumplía así con las expectativas que en él se habían puesto, pero se enfrentaba con un enemigo que iba a colocarle en su particular lista negra.
Pero además, el gobernador realizó visitas a varios pueblos, donde conoció a los alcaldes y se dio a conocer; se interesó por los conflictos del campo, por las obras pendientes, por las aspiraciones de los vecinos… una actitud inusual que esperanzó a los ciudadanos, hartos ya de los hostigamientos, de los conflictos y de la situación violenta que sufrían en el día a día. Lavín se convirtió en una figura providencial: el día 30 de junio, apenas transcurridos diez días de su toma de posesión, la prensa anunciaba sus triunfos: la huelga del transporte, resuelta por el acuerdo entre patronos y trabajadores; tres conflictos del campo solucionados; las obras del nuevo colector se iban a reanudar…
Para rematar estos diez días milagrosos, el ministro de Agricultura anunció su visita a Valladolid para el domingo 5 de julio. Valladolid, provincia eminentemente agrícola, iba a recibir con expectación las palabras del ministro, señor Ruiz de Funes, quien habló en un acto realizado en el Teatro Calderón junto con las autoridades provinciales. Le acompañaron especialmente el gobernador civil, Luis Lavín, y su correligionario y Presidente de la Diputación de Valladolid, Serafín Alcover Gómez-Caro. Ambos aparecen juntos durante los actos celebrados aquel día: el discurso del ministro y el almuerzo que le fue ofrecido después. Se trata, posiblemente, de las últimas fotografías oficiales de todos aquellos republicanos, que sin sospecharlo siquiera, estaban a punto de ver sus vidas truncadas, y alguno de ellos, como el propio Lavín, iba incluso a perderla.
Una circular y un bando
Las primeras comunicaciones del nuevo gobernador civil tomaron la forma de una circular dirigida a los alcaldes de todos los pueblos de la provincia y de un bando en el que daba a conocer a los ciudadanos las medidas de orden público que había resuelto tomar. El bando, que lleva fecha de 22 de junio, es el que sigue:
“Don Luis Lavín Gautier, gobernador civil de esta provincia, hago saber: Siendo deber primordial e ineludible del cargo que desempeño el mantenimiento del orden público, y estando firmemente decidido a cumplirlo, con el fin de evitar que en cualquier momento pueda alterarse la normalidad; en uso de las atribuciones que me están conferidas, debidamente autorizado por la superioridad, he decidido proceder a la revisión de todas las licencias de uso de armas de fuego cortas, ajustándose a las siguientes normas: Primera. En el plazo de cinco días desde la publicación de este bando, todos los poseedores de las armas referidas las entregarán en unión de la licencia; los de la capital en la Intervención de armas de la Guardia civil, y los de los pueblos de la provincia, en las Comandancias de los puestos del expresado Instituto. Seggunda. Igual deber cumplirán los tenedores de licencias gratuitas de arma de fuego corta. Tercera. Transcurrido dicho plazo, se procederá por mi autoridad a la revisión de las que haya lugar, entendiéndose que las que no sean revalidadas no podrán sus titulares hacer uso de ellas, ni alegar los derechos que de su expedición se deriven. Cuarta. A contar del día 29 se por los agentes de mi autoridad a la recogida de todas las armas cortas que no hayan sido entregadas, verificándose para realizarla los cacheos necesarios y registros domiciliarios que por este Gobierno se ordenen, y sus poseedores serán denunciados a los Tribunales por tenencia ilícita de armas, ya que, aunque la tuvieran , el hecho de no haberla entregado ni estar revisada, implica su invalidez. Lo que se hace público para general conocimiento, esperando de los ciudadanos de esta provincia que, comprendiendo la finalidad de esta medidas, las cumplirán exactamente sin dar lugar a la imposición de las sanciones que la ley me autoriza, a lo que estoy dispuesto en caso necesario.. Valladolid, 22 de junio de 1936.- El Gobernador Civil Luis Lavín Gautier.
Otra circular
Por el Gobierno Civil se ha hecho pública una circular, encareciendo que, con la máxima urgencia, se envíe relación de los guardas jurados existentes en las respectivas demarcaciones, indicando la fecha de su nombramiento, quiénes poseen licencia de uso de armas y los que la utilicen sin este requisito. Asimismo se ordena que dichas autoridades municipales se abstengan de nombrar guardas jurados, sin previo conocimiento de la primera autoridad civil de la provincia.”
Estas dos comunicaciones se publicaron en los diarios vallisoletanos a la vez que el nombramiento de Rodolfo Casanova como secretario particular del señor Lavín.
Ya sabía el nuevo gobernador que tanto en la ciudad como en los pueblos de la provincia proliferaban las armas de fuego. Casi a diario se producían altercados y disputas en las que solían aparecer, creando una situación por momentos insostenible. La primera medida intentaba conseguir, si no un desarme efectivo de la población, si un control lo más exhaustivo posible de las armas en circulación y la identificación de sus propietarios. Esta medida no pudo llevarse a cabo, ya que la sublevación acabó con la legalidad abruptamente aquel sábado 18 de julio. Y como pudo verficarse, las armas de todo tipo proliferaban en todos los rincones de la provincia.
Los enemigos de Lavín
Los grupúsculos derechistas de Valladolid no eran muy numerosos, pero a cambio mantenían una gran actividad y eran extremadamente peligrosos. La llegada de Lavín y sus medidas les hicieron pensar que su impunidad iba a terminarse. No era muy difícil, dado que en la ciudad todos conocían al grupo de violentos por sus nombres y apellidos, y muchos apoyaban sus acciones, como se demostraría solamente unos días después, durante la sublevación contra la República.
Para comprender la dinámica violenta y sin freno de estos grupos, asociados en su práctica totalidad a las JONS de Onésimo Redondo, hay que pensar que Valladolid era una ciudad pequeña, donde todos se conocían; que Onésimo Redondo era, en puridad, peón a manos de la iglesia, que le había formado y becado en Alemania, de donde regresó con un montón de ideas no originales, pero sí nazis, y dispuesto a ponerlas en práctica por los medios que fuera, y que en las fechas de la llegada de Lavín se encontraba en la cárcel, detenido por posesión de armas y atentado; pero en la cárcel de Valladolid, como en otras instituciones, estos agresores tenían personas que estaban de su parte; en el caso de la cárcel, el funcionario Conrado Sabugo oficiaba de enlace con el exterior, y los detenidos llegaron a tener armas en sus celdas.
Estos hechos escandalosos no eran, sin embargo, un secreto, por lo que llegaron a conocimiento del nuevo gobernador, quien dispuso el traslado de una veintena de presos falangistas a la cárcel de Ávila. Entre ellos estaba su dirigente, el mismo Onésimo Redondo.
Pero las falanges vallisoletanas no eran los únicos enemigos de Lavín. Tras sus viajes por algunas localidades de la provincia, el nuevo gobernador decidió efectuar inspecciones sobre algunos consistorios sobre los que pesaban denuncias por irregularidades contables. Se designaron delegados gubernativos cuya función era, sobre todo, la de revisar las cuentas municipales. Uno de estos delegados fue el también profesor de contabilidad Florentín Quemada, quien pagaría con su vida el haber intentado regularizar las enredadas contabilidades de algunos consistorios.
Quemada fue asesinado el día 10 de abril de 1937 por un grupo de “voluntarios de España”, que es como eran llamados los insurrectos civiles, junto a un grupo bastante numeroso de republicanos vallisoletanos notables. Entre ellos estaba el pariente y secretario personal de Luis Lavín, Rodolfo Casanova, un chico de 24 años que era de la total confianza de Lavín y le acompañaba en sus sucesivos destinos. Era natural de Unquera, también contable y esperaba su primer hijo, una niña a la que no llegaría a conocer, ya que permaneció detenido en las Cocheras de Tranvías de Valladolid desde la noche del 18 de julio, cuando se dirigía a la sede del Gobierno Civil en compañía del gobernador, hasta su muerte.
Detención de Lavín
El sábado 18 de julio, la ciudad de Valladolid hablaba en todos los tonos posibles del levantamiento en contra de la República. Ya desde por la mañana se desarrolló una actividad extraordinaria en el Gobierno Civil, donde comparecieron los responsables de la Guardia Civil y de la Policía con el fin de recibir órdenes y orientaciones del Gobernador. Se sucedían las llamadas telefónicas desde las alcaldías de los pueblos, así como las visitas de emisarios de las localidades cercanas, que deseaban que la máxima autoridad gubernativa les garantizase que podían estar tranquilos. Lavín tranquilizó a todos; ordenó a los alcaldes de las localidades donde existían grupos derechistas problemáticos que se recogieran las armas y que incluso se detuviese a los elementos alborotadores, tal y como se hizo en la propia ciudad, donde fueron detenidos algunos líderes derechistas, los más significados, como Criado del Rey, que sería nombrado alcalde por los sublevados, o Manuel Semprún, conocido activista antirrepublicano.
Esa misma tarde había de reunirse el Consistorio vallisoletano. Tras esa reunión, que sería la última realizada por los representantes de la legalidad municipal, algunos de los concejales se dirigieron al edificio del Gobierno Civil para hablar con el gobernador y exponerle el temor de que la sublevación se hiciese efectiva.
Socialistas lúcidos, con un gran sentido de la realidad, pidieron a Lavín la apertura de los depósitos de armas, con el fin de que el posible levantamiento pudiera ser repelido por el pueblo. Lavín no veía la existencia de un peligro tan inminente como para armar al pueblo. Naturalmente que conocía los rumores, mucho más que otras autoridades, porque sus informantes se los ponían sobre la mesa continuamente; pero él pensaba como la mayoría del gobierno, que la conspiración, de materializarse, podría ser aplastada de inmediato tal y como había ocurrido con la “sanjurjada”, y que era mejor dejar que los hechos se desarrollasen para poder detener a los conspiradores y aplicarles la ley con todo su rigor.
Los socialistas Eusebio González Suárez y José Garrote Tebar, acompañados por el diputado Federico Landrove López y algunos más, intentaron hacer ver al gobernador el peligro real que la ciudad corría, pero salieron del edificio con las manos vacías. A esas horas, ya estaba la suerte echada para todos: Lavín, su secretario y todos sus interlocutores serían asesinados; más de quinientas personas, reunidas en la Casa del Pueblo serían detenidas, muchas de ellas asesinadas o encarceladas; y en la provincia, decenas y decenas de autoridades municipales correrían la misma suerte tras obedecer escrupulosamente las órdenes del gobernador acerca del mantenimiento de la tranquilidad y el orden público.
Esta fue la responsablilidad de Luis Lavín: no confió en el pueblo y se equivocó en la valoración de la crisis. El error lo pagó caro él mismo, desde luego; pero como autoridad, le atañe una responsabilidad mucho mayor. Simplemente hay que pensar en que, si los republicanos hubieran tenido ocasión y medios para defender la República y a la vez su propia vida, lo más probable es que nuestra historia fuese hoy día muy diferente de lo que es.
Tras las reuniones mantenidas hasta altas horas de la madrugada con cuadros políticos, militares y policiales, Lavín y su secretario Rodolfo Casanova permanecieron en el palacio del Gobierno Civil, muy cercano al de la Capitanía General. La toma de la Capitanía, con su lucha, los tiroteos, el gentío y los gritos les hicieron comprender rápidamente que el anunciado golpe de estado se estaba produciendo casi ante sus ojos.
Los militares sublevados, jaleados por paisanos armados, se dirigieron al edificio del Gobierno Civil tras tomar la Capitanía y detener a la máxima autoridad militar, Nicolás Molero Lobo, a quien habían herido de un tiro. Lavín y Casanova salieron del edificio por la puerta lateral del edificio a la calle Fray Luis de Granada y dirigieron sus pasos hacia el río Pisuerga. Posiblemente intentaban ver con sus propios ojos el estado de cosas en las calles.
La salida del gobernador se produjo cerca de la una de la madrugada del ya domingo 19 de julio. La Casa del Pueblo estaba cercada por gentes armadas, quienes también estaban emplazando varias metralletas en la torre de la catedral, en la zona superior del Pasaje Gutiérrez y en el terrado de los almacenes Calabaza, entre otros; patrullas de derechistas detenían a los escasos transeúntes y se escuchaban disparos por toda la ciudad.
Lavín y su secretario deambularon unas horas por la zona de Poniente y las riberas del río. Por fin tomaron la decisión de regresar a su puesto. A las cinco de la madrugada, ambos se presentaron en el cuartel de la División. Fue, quizá, el último e infructuoso intento de la autoridad gubernativa para intentar reconducir una situación que ya no tenía vuelta atrás. Rodeados de oficiales rebeldes, fueron conducidos al Gobierno Civil, y tras un tiempo, los hicieron salir por la misma puerta lateral por la que habían abandonado el edificio y los llevaron en un coche hasta la cárcel Nueva. Los sublevados habían nombrado ya al que había de sustituir a Lavín, el militar Miguel Ponte.
Juicio y ejecución
Los documentos de la época explican sucintamente lo ocurrido al Gobernador. La prensa local publicaba el 21 de julio una nota dando cuenta de la detención:
Ingresa en prisión el 19 de julio de 1936 por mandamiento del Juzgado Militar, a disposición del Gobernador, acusado de rebelión.
Los sublevados habían nombrado Gobernador Civil al general Miguel Ponte, conocido en los círculos políticos y militares por su actitud conspirativa a favor del rey. Lavín permaneció en la prisión provincial 31 días. Fue juzgado en la Causa 153, acusado de rebelión y condenado a muerte.
El sábado 15 de agosto, el Norte de Castilla publicaba la noticia de la condena a muerte de cinco personas. En realidad, los condenados eran once y fueron ejecutados por fusilamiento en las cascajeras de San Isidro el día 18 de agosto. En el grupo había dirigentes estudiantiles como Félix Lefler; líderes sindicales, como Eliseo San José; concejales como Tomás González Cuevas, y diputados como José Maestro San José y Juan Lozano Ruiz. Y con ellos fue al paredón el último Gobernador civil de la República, el señor Luis Lavín Gautier, quien conservó hasta el momento de su muerte una gran serenidad y una dignidad ejemplar.
Rodolfo Casanova Tebar, secretario del gobernador
El nombramiento de Rodolfo Casanova como secretario del gobernador se publicó en la prensa vallisoletana con fecha de 23 de junio. La nota decía de él que era periodista, aunque en realidad había estudiado la carrera de Contabilidad. La característica más acusada de este joven desconocido fue, sin duda, la lealtad que demostró hasta el final hacia su jefe, el gobernador Lavín, junto con quien fue detenido. Lavín fue ingresado en la prisión provincial, la conocida como Cárcel Nueva. Su secretario permeneció detenido en las Cocheras como preso gubernativo, y nunca sería juzgado; posiblemente porque los sublevados habían decidido ya su muerte y no había absolutamente nada de qué acusarle.
El día 10 de abril de 1937, un grupo de civiles armados sacó delLas Cocheras a Rodolfo Casanova junto a un grupo bastante numeroso de republicanos vallisoletanos notables. Entre ellos estaba el delegado gubernativo Florentín Quemada, nombrado por Luis Lavín para investigar las irregularidades en las cuentas de varios consistorios de la provincia. En total, diez personas, todos ellos hombres, todos conocidos por su actividad al lado del gobierno legal republicano, fueron conducidos desde ambas prisiones (la Nueva y las Cocheras) hasta un paraje cercano al lago de Laguna de Duero. Allí los asesinaron a tiros. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Laguna (excepto el del señor Quemada, que pudo ser recogido por su hermano tras obligarle a firmar un falso documento).
Se cumplía así la fatal corazonada del joven secretario, quien deprimido y angustiado por sufrir una prisión sin condena y una sentencia sin juicio, temía no conocer a su futuro hijo y no volver a ver a su mujer, quien se libró de mayores males al encontrarse junto a su madre en Cantabria.
Epílogo: suma y sigue
La ruindad humana a veces es arrolladora. Se ejerce mejor y con más satisfacción y saña contra una víctima ya vencida. Este fue el caso de Lavín, a quien mucha gente, eso sí, tras su asesinato, se permitió vilipendiar e insultar gratuitamente. Ni aun en el caso de ser el gobernador culpable de algún hecho reprobable, que desde luego no lo fue, se puede justificar el ruin comportamiento que se tuvo para con su memoria y lo que es más doloroso todavía, para con su familia.
La mujer de Lavín, Emilia de Lama, estaba junto a él en aquella noche de los generales. Tras la detención de su marido, fue también detenida y además, maltratada. Tras intensas negociaciones, las autoridades republicanas lograron canjearla por otra señora; Santander, localidad de origen de la familia Lavín, había permanecido leal, y eran muchos los vallisoletanos que se encontraban veraneando en aquella zona cuando el golpe los sorprendió.
La familia de Lavín volvió a Santander. El gobierno de la República concedió de inmediato a la viuda y a sus seis niños una pensión; pero en el momento en que Santander cayó en manos de los facciosos, la vida de los republicanos y de sus familias quedó destrozada.
La viuda de Lavín y sus hijos quedaron abandonados a su suerte. Los vencedores les acosaban y les hacían la vida imposible hasta tal punto que decidieron exiliarse. Vivieron en Francia, pero a finales de los años 60 comenzaron a realizar gestiones para rehabilitar la memoria de Luis Lavín, recuperar su cadáver (que estaba en una fosa común del Cementerio del Carmen de Valladolid) y solicitar la pensión de viudedad correspondiente. Después de más de treinta años, la memoria histórica de los vencedores estaba en plena forma, y su sed de mal no había sido satisfecha.
Primeramente negaron la muerte de Lavín, ya que no estaba inscrito en el Registro Civil de Valladolid. Esto es cierto, y revisando cuidadosamente los libros de defunciones no se ven trazas de que el folio correspondiente haya sido manipulado o arrancado (como ocurre, por ejemplo, con el de Medina de Rioseco, donde faltan varios folios, obviamente arrancados); sencillamente, NO FUE REGISTRADO.
Por si esto fuera poco, la pensión fue denegada, pues según los funcionarios del Ministerio de Hacienda, en ninguna parte constaba la existencia de un gobernador civil llamado Lavín Gautier. La familia envió entonces copias de la hemeroteca, noticias y fotografías de la época que recogían el nombramiento, pero sencillamente el ministerio no les contestó.
Los reiterados intentos de sepultar la memoria de aquellos a quienes destruyeron, como puede comprobarse, no han tenido efecto alguno. Cada afloramiento de la memoria, cada reivindicación de una persona, cada recuperación de un suceso, es contestada con gran indignación por quienes tienen algo que reprocharse. Mejor el olvido, nos dicen, apelando a no se sabe qué mejoras en la convivencia. Se comprende perfectamente que el que la hace, en su intento por no pagarla, luche con todas sus armas para que las víctimas olviden la fechoría.
Vano intento. La memoria de las víctimas será recuperada hasta donde sea posible. Y con ella, la exigencia de justicia y de reparación.
Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas.
Valladolid, octubre de 2012
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