Trigésimo sexto aniversario de la Constitución y las víctimas del franquismo siguen esperando. Gerardo Rivas.

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Grosso Modo

04/12/2014

Las conmemoraciones de nuestra vigente Carta Magna traen siempre a la memoria el recuerdo del momento histórico en que se gestó porque aquellas excepcionales circunstancias provocaron que naciera con algunas graves secuelas que aún perduran y ensombrecen estas efemérides.

Después de una guerra civil y de casi cuatro décadas de dictadura, España se encontraba en una situación en la que había un Gobierno que procedía de aquel régimen, un Jefe del Estado a título de Rey designado por el dictador y una oposición política que tenía sobrada legitimidad desde el punto de vista de los principios y del respaldo social, pero que carecía de capacidad real tras largos años de clandestinidad para hacer valer sus posiciones y acabar con la potente maquinaria del franquismo instalada en las Instituciones del Estado. En el consenso de las fuerzas políticas para lograr la transición a la democracia se dejó aparcada -porque primó el realismo y los intereses básicos de la ciudadanía- la condena a ese régimen y el reconocimiento a los que durante él fueron perseguidos, represaliados, exiliados, torturados o asesinados.

Pasaban los años y este país seguía en deuda con las víctimas del franquismo cuando en el año 1996 la derecha -heredera ideológica de aquella que se impuso por la fuerza de las armas- accedió al gobierno de la nación con el apoyo, en esta ocasión, de los votos de los ciudadanos. Y en ese mismo año, cuando la Constitución cumplía su mayoría de edad, el portavoz del nuevo Ejecutivo lo celebró diciendo aquello de “la Constitución es mayor de edad; si fuera mujer, se vestiría de largo; si fuera hombre, iría a votar”. Pero no, no fue una frase desafortunada, fue la tarjeta de presentación, la confirmación de que la derecha de este país no se había reciclado. Era, desgraciadamente, la misma derecha de siempre; machista, casposa e irrespetuosa con la Ley de leyes que había permitido, después de muchos años y a pesar de sus carencias, una cierta convivencia tranquila en el país.

Pero esto no era más que el presagio de lo que quedaba por venir. Cuando la izquierda accede de nuevo al poder en el año 2004 convencida de que el país está, por fin, preparado para redimir su deuda con las víctimas del anterior régimen dictatorial, promueve una Ley -la de 26 de diciembre de 2007, por la que se reconocen y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura- que trata de restañar, aunque muy tímidamente, las viejas heridas que permanecen aún abiertas porque han sido parte sustancial de la herencia recibida  por muchos españoles.

Pero las herencias van por barrios, y los sucesores de los que apoyaron aquel régimen, envalentonados porque piensan que la factura por los desmanes de la dictadura ha prescrito, se revuelven en su peculiar limbo histórico e intentan boicotear por todos los medios el reconocimiento a los que, durante tantos años sufrieron el desprecio, o cuando menos, la indiferencia de una gran parte de la sociedad por el que parece imperdonable pecado de haber sido leales a una digna causa a costa, incluso, de sus vidas.

 

Mientras que este resarcimiento no se produzca por una actitud más decidida y beligerante de la izquierda y hasta que no exista en este país una derecha que se desvincule clara y rotundamente del régimen que nos llevó a la época más negra de nuestra reciente historia, la celebración del aniversario de la Constitución vestirá de luto a los que supieron perdonar con generosidad a sus verdugos para lograr que aquella Ley fuera posible. Y los que recibieron su perdón y ahora se visten de fiesta para celebrarla, que sepan que las vestiduras con las que tratan de ocultar su hipocresía, en lugar de encubrirles, delatan su cicatería y su mezquindad.

¡Nunca es tarde para enmendar una injusticia que a todos nos debiera avergonzar!

Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas

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