El emblema emplazado en el edificio del antiguo juzgado fue ocultado tras una pared de ladrillos para cumplir con la Ley de Memoria Histórica El Ayuntamiento alega además que no se respetó su dictamen para realizar los trabajos en un entorno BIC
M. A. Rives 11.01.2017 | 02:08
n La Generalitat Valenciana se enfrenta a una posible multa por haber «tapiado» un escudo franquista ubicado en el edificio del antiguo juzgado de Orihuela sin disponer de licencia de obra. La junta de gobierno local acordó ayer incoar un expediente sancionador contra la Dirección General de Cultura y Patrimonio por los trabajos acometidos para cumplir con la Ley de Memoria Histórica. La administración autonómica podrá ahora presentar alegaciones.
El portavoz del gobierno oriolano, Paco Sáez (PP), explicó ayer que los trabajos, realizados el pasado 22 de diciembre, carecían de la necesaria licencia y además se hicieron sin respetar el dictamen emitido por la Concejalía de Cultura, que realizó un informe sobre cómo se debía ejecutar la obra al estar ubicado el inmueble en el entorno BIC de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina.
«No abrimos el expediente por el hecho de tapar el escudo en sí por la Ley de Memoria Histórica, sino porque se ha hecho sin licencia». «Si cualquier vecino tiene que pedir una licencia, también lo tienen que hacer las administraciones públicas, que además deben de dar ejemplo», dijo Sáez. El concejal indicó además que ahora la Concejalía de Cultura podrá pedir a la Generalitat que se modifique la obra realizada para adaptarla a los condicionantes estéticos requeridos.
El blasón franquista que coronaba el viejo inmueble es semejante al que utilizaron los Reyes Católicos siendo su elemento más destacado el águila de San Juan. A partir del año 1981 desapareció de los edificios públicos, tras aprobarse al actual, algo que aún no había pasado en Orihuela. El citado edificio continuó funcionando como sede del partido judicial de Orihuela hasta el año 2005.
El día que se retiró, el 22 de diciembre, el equipo de gobierno de Orihuela era consciente de que se estaba haciendo el trabajo puesto que el concejal Rafael Almagro hizo declaraciones a los medios de comunicación para dar cuenta de la actuación. Incluso se envió una nota desde el gabinete de comunicación municipal explicando el procedimiento que se estaba empleando. Se hizo «mediante un sistema de relleno de huecos de alto relieve y su cubrición con enfoscado de mortero bastardo armado con malla», según detalló el propio Almagro . Sin embargo, nada se dijo de que los trabajos se estuvieran realizando sin licencia de obra.
Por su parte, Paco Sáez rechazó ayer las críticas de la oposición y dijo que el equipo de gobierno que lidera el popular Emilio Bascuñana «no está abriendo guerras» con la Conselleria de Justicia, ya que se han llegado a acuerdos con la Generalitat en materia de la cesión del antiguo edificio de los juzgados o de la casa natal de Miguel Hernández.
«La línea que mantenemos es cordial y de total entendimiento, pero no podemos consentir que se le permita a una administración lo que no se le permite a un ciudadano». Sáez dijo desconocer a qué posible sanción económica podría enfrentarse la Generalitat por estos hechos.
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