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Un total de 2.709 esqueletos, 994 familias y un tiempo de respuesta que oscila “entre 12 y 18 meses”, según la Junta de Andalucía. Son las cifras de la larga lista de espera para identificar a víctimas del franquismo en Andalucía, con una notable demora respecto al tiempo máximo de cuatro meses a partir de la fecha de entrega de las muestras. Eso decía el acuerdo prorrogado por el Gobierno autonómico en septiembre de 2022 a espaldas de las asociaciones memorialistas que representan a los familiares de los represaliados. Además de ese retraso, se produce otra circunstancia: de 646 de los restos óseos no ha sido posible extraer el perfil de ADN completo para su cotejo en el laboratorio de la Universidad de Granada, y las grandes fosas comunes de Córdoba y Sevilla ofrecen por ahora resultados negativos, según indica el Gobierno de Moreno tras la información solicitada por elDiario.es Andalucía.
Las matanzas de civiles y discursos genocidas sembraron Andalucía de terror tras el golpe de Estado del 18 de julio del 36: unas 50.000 personas ejecutadas y 900 fosas comunes, como adelantó este periódico. Unas cifras que el Ejecutivo andaluz elevó desde el último conteo realizado bajo mandato socialista y que superan al terrorismo de Estado de las dictaduras de Argentina y Chile juntas. La tierra más castigada por la violencia golpista sigue queriendo hablar. Y también los huesos.
Rescatar a los desaparecidos forzados cierra el círculo del duelo con un entierro con nombre y apellidos. Un propósito que muchas veces no es viable por dos razones principales: el “mal estado de conservación” de los huesos –dificulta la obtención de ADN para comparar– y que el grado de parentesco entre la persona asesinada y el descendiente no sea “el más idóneo”, explica la consejería de Turismo, Cultura y Deporte, que asume las competencias en Memoria Histórica.
"Existe dificultad en el procesamiento de la información genética de las muestras de ADN tomadas a los restos de las víctimas exhumadas por el tiempo transcurrido desde sus fallecimientos", reconoce la Junta
Los huesos están “en muy mal estado de conservación” en “la mayoría de los casos” y esto hace “muy complejo” obtener los datos necesarios para cotejar con los familiares, dice la Junta de Andalucía. “Existe dificultad en el procesamiento de la información genética de las muestras de ADN tomadas a los restos de las víctimas exhumadas por el tiempo transcurrido desde sus fallecimientos”, expone.
Por este motivo “en muchas ocasiones” de los análisis “no pueden obtenerse resultados concluyentes en muchas ocasiones”, admite el Gobierno andaluz. “Unas veces debido a la imposibilidad de obtener información genética suficiente de las muestras de ADN de las víctimas” y otras porque “el grado de parentesco existente entre la persona a la que se le ha tomado el ADN y el familiar no es el más adecuado para poder obtener un resultado positivo”, prosigue.
Como estrategia para “aumentar la información genética obtenida” e “intentar dar respuesta a la demanda de los familiares” hay diferentes vías. Ante el deterioro de los restos óseos el proceso “se repite hasta tres veces con distintos procedimientos”. Y, cuando falla el grado de parentesco, intentan con “otro familiar más idóneo”. Otras veces el laboratorio de la Universidad de Granada solicita al equipo que realizó la intervención arqueológica “la toma de una nueva muestra para intentar conseguir el ADN necesario”.
En cuanto al tiempo de respuesta, “el plazo de resolución de la identificación genética en cada una de las intervenciones arqueológicas oscila entre 12 y 18 meses”, según los datos facilitados por la Junta. Todo con una dificultad añadida: las exhumaciones “en grandes fosas” cuando “los trabajos a realizar duran largos períodos, incluso de más de un año”. Ahí el envío de las muestras a Granada “se suelen dividir en campañas” que duran “aproximadamente seis o nueve meses”.
Las cifras de la espera
Pico Reja destaca en la lista de espera: la mayor fosa común abierta en España, en el cementerio de San Fernando de Sevilla, deja 1.786 personas exhumadas –perfil genético completo obtenido en 1.310– y 383 familias pendientes de resultado y el cotejo de “337 de estas víctimas con el ADN obtenido de los familiares. El resultado ha sido negativo en todos estos casos”, explica la Junta. La intervención arqueológica acabó en marzo de 2023 y las primeras muestras genéticas llegaron en mayo de 2018 y las últimas el pasado mes de junio.
Córdoba: las “únicas muestras” enviadas al laboratorio corresponden a “los 21 cuerpos exhumados en el año 2019, ”siendo en todos los casos el resultado de dicho cotejo negativo, por lo que no se ha podido identificar a ninguna de las víctimas“. Estos esqueletos provienen de los trabajos previos en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael, una labor que continúa desde 2023 sin remitir nuevas muestras por el momento, matiza la administración.
Cádiz suma 189 víctimas recuperadas de la tierra –168 con perfil de ADN completo– y 60 familias en compás de espera. Nerva (Huelva) presenta 217 exhumaciones –151 ADN completo– y 58 parientes con sus muestras enviadas a la Universidad de Granada, algunas desde julio de 2021, como detalla el Gobierno andaluz. Víznar (Granada) tiene 114 cuerpos –110– y 56 familiares con ADN entregado desde septiembre del año 22 a junio del 23.
El singular caso de Cazalla
Cazalla de la Sierra (Sevilla) es un caso singular. Con 108 víctimas –30– y 41 familias expectantes, el trabajo arqueológico finalizó en diciembre de 2012 y las pruebas en un laboratorio privado resultaron entonces “negativas en todos los casos”. En junio de 2021 “se inicia una nueva campaña” que busca nuevas muestras y análisis. El municipio sevillano de Écija suma 104 cuerpos –todos con perfil completo– y 42 hogares pendientes de resolución de identificación genética.
Sin salir de la provincia, Osuna deja 50 cuerpos y 28 familias, o El Saucejo con ocho y 13, respectivamente y Cañada Rosal, que tiene 14 y 23. En Huelva aparecen Minas de Rio Tinto, 60 víctimas y 26 descendientes, además de Bonares con 26 y 24. Puente Genil (Córdoba) tiene ocho esqueletos y tantos familiares, nueve, como en Alameda (Málaga), que guarda cuatro cuerpos.
Este periódico ha preguntado sobre el asunto a los equipos técnicos que trabajan en Andalucía. Como respuesta, la Asociación Científica ArqueoAntro señala 21 víctimas pendientes de análisis de ADN, todas en Granada: 15 en Nigüelas, cinco en Cúllar y uno en Durcal. “Hay mucho retraso con las identificaciones, los 'bancos de ADN' con los que trabajamos tienen mucha demora, y si la financiación es deficiente, el embudo cada vez es mayor”, afea Miguel Mezquida, arqueólogo de ArqueoAntro. La arqueóloga Elena Vera, por su parte, también ha confirmado los datos del caso de Cazalla.
La búsqueda de desaparecidos en Andalucía continúa. En lista de espera cuenta 2.709 víctimas y 994 familias, como admite el Gobierno andaluz. Y las intervenciones arqueológicas, en todo caso, remueven la tierra para descifrar las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas. A veces poniendo nombres y apellidos a los huesos y cerrando el círculo del duelo con un entierro digno.
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