La memoria democrática ha desaparecido del organigrama de la Generalitat Valenciana. Tras la aprobación de la denominada 'ley de Concordia' y de la salida de Vox del Ejecutivo autonómico, el organigrama de Presidencia retira la competencia de memoria democrática a la dirección general de Transparencia y Participación, que encabeza José Salvador Tárrega. Así, la directora general de Justicia y Autogobierno, María José Adalid Hinarejos, ha asumido desde su nombramiento el pasado 12 de julio el discreto negociado de “concordia” entre sus funciones, tal como indica el portal de transparencia GVA Oberta.
La 'ley de Concordia', criticada por las universidades públicas y por el Consell Valencià de Cultura, fue aprobada el pasado 10 de julio con los votos de PP y Vox en las Corts Valencianes, pocas antes de que el partido de Santiago Abascal abandonara los ejecutivos autonómicos. Mazón alegó que el polémico texto nació del “diálogo” con Vox pero formaba parte del programa electoral del PP valenciano.
Aunque rebajó un millón de euros los fondos para exhumación de fosas del franquismo, los primeros presupuestos autonómicos de Carlos Mazón, pactados con Vox, mantuvieron parte de las políticas de memoria democrática del Ejecutivo anterior del Pacte del Botànic. Los presupuestos incluyeron la financiación para la identificación genética de las víctimas del franquismo destinada a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (Fisabio), encargada del banco de ADN, y las actuaciones de apertura de fosas por parte de ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones sin ánimo de lucro.
Con la desaparición del negociado del organigrama de la Generalitat, la financiación de los procesos de exhumación corre el riesgo de quedar en el aire, tal como advertían las asociaciones memorialistas durante la tramitación de la 'ley de Concordia'. En paralelo, la Diputación de València, gobernada por el PP y Ens Uneix, asume la financiación de las exhumaciones.
El PP, “cómodo” con las políticas de Vox
La diputada autonómica Mercedes Caballero, responsable de Memoria Democrática del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, lamenta que Mazón mantenga en materia de memoria democrática “el pacto con la extrema derecha con Vox”.
“Durante este primer año, el PP ha utilizado como excusa ese pacto con Vox para defender la mal llamada 'ley de Concordia' y la verdad es que desde el PSPV siempre, durante toda la tramitación de la ley, hemos denunciado que no solo el PP de Mazón se sentía cómodo en ese escenario sino que ponía todo su ímpetu en defender la derogación de las políticas de memoria”, recuerda Caballero.
La diputada del PSPV-PSOE destaca la desaparición de la memoria democrática del Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Generalitat Valenciana. “Con la crisis del Consell del pasado julio y la remodelación de competencias, Mazón se ha desprendido de todas las políticas de memoria democrática que hasta ese momento dependían directamente de Presidencia y en ningún momento aparece en el ROF de la Generalitat el término memoria democrática o calidad democrática”, agrega la parlamentaria socialista.
Mercedes Caballero recuerda que la propia 'ley de Concordia' encuadraba las políticas de memoria democrática en Presidencia, de la cual “han desaparecido totalmente de sus competencias”. ¿Qué le pasa a Mazón con las políticas de verdad, justicia y reparación? ¿Es también él uno de los orgullos nietos de los que ganaron la guerra, como dijo el exvicepresidente [de Vox], Vicente Barrera?“, se pregunta Caballero.
La diputada socialista sostiene que, a pesar de la salida del partido ultra del Ejecutivo autonómico, “Mazón mantiene hoy las políticas de la extrema derecha”. “Ha trasladado a Justicia e Interior un epígrafe denominado 'Concordia' en el que no se especifica nada con las políticas activas de protección de la memoria”, concluye Caballero.
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