Canales Bermejo contra España
Fausto Canales muestra una foto de su padre. / ÁLVARO GARCÍA
Un grupo de hombres armados irrumpe a las dos de la madrugada en un hogar de Pajares de Adaja (Ávila). Dentro, Valerico, su mujer, Virgilia y sus dos hijos, Victorico y Fausto, de cuatro y dos años, duermen. El grupo saca violentamente a Valerico de la cama, le ata las manos, lo introduce en una camioneta y se lo lleva. Virgilia, Victorico y Fausto no volverán a verle. Ninguna autoridad investigó este secuestro. Nadie intentó buscar a los responsables ni al desaparecido.
Nadie lo investigó entonces porque ocurrió en 1936; los hombres armados eran falangistas y a aquella detención ilegal sucedieron 40 años de dictadura. Pero nadie lo investigó tampoco cuando llegó la democracia y se consolidó y eso es lo que ha llevado a Fasuto Canales, el niño de dos años que dormía aquella madrugada del 36 en la habitación de sus padres, a demandar a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por “la violación continuada de su obligación de llevar a cabo una investigación efectiva de la desaparición” de su padre e inclumplir así, según la demanda, de 97 páginas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“Mi padre, jornalero, tenía 29 años cuando nos lo arrancaron de un hogar al que nunca volvimos", explica Fausto. "Esa misma noche, mi madre nos llevó a mi hermano y a mí a casa de mis abuelos, que eran pastores, y después se puso a servir en casas para sacarnos adelante. Apenas la veíamos. Estuvo 30 años de luto. No cobró pensión de viuda hasta 1979 y durante toda su vida fue incapaz de hablar de él sin llorar. Yo siempre estoy pensando en mi padre. Para mí ha sido muy frustrante que las autoridades de mi país no me hayan ayudado. Me entra envidia cuando veo que en Argentina, en Chile, en Yugoslavia... sí ha sido posible".
Fausto ha acudido a Estrasburgo tras agotar todas las vías judiciales y administrativas en España. El pasado 27 de febrero el Tribunal Supremo le cerraba la última puerta con una sentencia sobre la competencia para investigar los crímenes del franquismo que establece que “la búsqueda de la verdad” sobre unos hechos “con apariencia de delictivos” es “una pretensión tan legítima como necesaria”, pero en este caso no es posible “una indagación judicial” por concurrir “una causa de extinción de la responsabilidad penal, muerte, prescripción o amnistía”.
El fiscal del Supremo Carlos Castresana, impulsor, junto a Baltasar Garzón, de los procesos abiertos en España contra las juntas militares argentinas y el dictador chileno Augusto Pinochet, ha incorporado a la demanda de Fausto, realizada por el equipo de Rights International Spain, un informe pericial en el que explica la “indefensión” que han sufrido los represaliados del franquismo. “Las víctimas no ejercen las acciones legales cuando quieren, sino cuando pueden”, afirma el informe. “El incumplimiento por parte del Estado de su deber de restablecer la verdad histórica ha condicionado severamente el accionar de las víctimas españolas. Estas se han encontrado frente a la indiferencia general, cuando no ante la abierta animadversión de una parte de la opinión pública, espoleada por algunos medios de comunicación y por algunos representantes políticos conservadores simplemente porque la mayoría de la sociedad española desconoce su pasado. Y se han encontrado, lo que es aún peor, con la incomprensión y el rechazo de las autoridades gubernativas, que han negado autorización o colaboración para las exhumaciones, y de los jueces, que han rehusado cumplir con sus obligaciones tanto del derecho interno como del internacional”.
Castresana explica cómo en Argentina, las demandas de justicia por parte de las víctimas, se reactivaron precisamente tras los procesos abiertos en España en aplicación del principio de jurisdicción universal y la derogación de las leyes argentinas de punto final y obediencia debida, equivalentes a la ley de amnistía española. Y que cuando vieron que los tribunales españoles abrían procesos para proteger a las víctimas de las dictaduras del cono sur latinoamericano, los represaliados del franquismo pensaron que “con mayor razón deberían hacer otro tanto con las víctimas de su propio país. Sin embargo, la realidad que se han encontrado es que los tribunales españoles no han podido, sabido o querido amparar hasta ahora a las víctimas españolas”. Para Castresana la detención ilegal del padre de Fausto es un delito que no prescribe y que el Estado español “está obligado a investigar”.
La demanda incluye también un informe pericial realizado por los antropólogos Francisco Ferrándiz -que investiga para el CSIC desde el año 2002 las políticas de la memoria en España-, Julián López, María García Alonso, Pedro Tomé y Juan Antonio Flores. El documento expone “la marginación sistemática” de las víctimas del franquismo, frente al “tratamiento privilegiado” de las víctimas del bando de los vendedores de la Guerra Civil (“investigados, exhumados y homenajeados”); la “cultura del miedo” a hablar y reclamar que instauraron 40 años de férrea dictadura y las “limitaciones a medio y largo plazo de los pactos políticos de élite, como el caso de la transición española” a la hora de reparar a las víctimas.
Y finalmente, la demanda incluye un tercer informe pericial realizado por los psicólogos Guillermo Fouce, Conchi San Martín, Ernolando Parra y Luis Muiño, que explica “los efectos de la traumatización que se dieron en España durante la guerra y la posterior dictadura militar”.
Desde que llegó la democracia, y en especial, desde que se jubiló, en 1999, Fausto ha dedicado cada jornada de su vida a intentar averiguar qué le ocurrió a su padre. Se ha reunido con ministros, como Ramón Jáuregui, con representantes de casi todos los partidos políticos; acudió a la Audiencia Nacional —su denuncia fue una de las que animó al juez Garzón a abrir la frustrada causa contra los crímenes del franquismo—, a los juzgados territoriales... y mientras pedía ayuda a las autoridades administrativas y judiciales, inició una investigación privada que le permitió averiguar que aquella madrugada de 1936, en la puerta de su casa esperaban vecinos que habían facilitado a los falangistas una lista con nombres de simpatizantes republicanos, y que aquella noche, aportaron, además, las cuerdas que sirvieron para atar las manos de su padre, de 29 años. Que después, se los llevaron en una camioneta con otros cinco hombres y una mujer y que los fusilaron en una cuneta en Aldeaseca, a 25 kilómetros. Y que en 1959 , por orden del Régimen, aquella fosa común fue abierta para trasladar en secreto los restos al Valle de los Caídos. “Todo eso he averiguado, pero no lo sé con certeza. Quiero que se aclaren los hechos en sede judicial. Que Estrasburgo obligue a España a localizar y si es posible, devolverme, los restos de mi padre. No estoy obsesionado con esto, pero sí determinado a seguir”, asegura Fausto. “Y cuando yo muera, si no lo he conseguido, seguirán mis hijos”.
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