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Rafael GuerreroPeriodista y escritor
El adelanto electoral en Andalucía ya es un hecho tras el anuncio de la disolución del Parlamento andaluz efectuado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el doble pretexto oficial de la “inestabilidad” política en el Gobierno de coalición y de los “intereses generales de todos los andaluces”.
Ambos argumentos resultan cuando menos cuestionables, ya que la próxima composición del Parlamento autonómico —que puede pasar de 3 a 6 grupos políticos— no facilitará ni la estabilidad ni la gobernabilidad. Los tiempos de las cómodas mayorías absolutas para el PSOE pasaron ya a la historia. En cuanto al siempre socorrido pretexto paternalista de que “es por vuestro bien”, es más que discutible cuando parece que el otro motivo para hacer efectiva la prerrogativa presidencial, de poner fin precipitadamente a la legislatura, viene dado por la evolución de las encuestas, que sitúan ahora mismo al PSOE en la posición menos mala si se tiene en cuenta lo que puede pasar con los contrincantes hasta dentro de un año, el plazo normal de un mandato cuatrienal.
Expuesta la crítica a los pretextos oficiales de la presidenta Díaz, podemos entrar en otras consideraciones que deberían estar más presentes en la mente responsable de un estadista. Pongamos por caso la gestión política relacionada con algo tan fundamental como los derechos humanos, en un tema tan sensible como la memoria histórica, sobre el que los organismos internacionales están llamando tanto la atención —por su incumplimiento— al Estado español.
Bien es sabido que Andalucía fue el territorio español más masacrado por la represión franquista. Así lo avalan los más de 50.000 asesinatos políticos y las más de 600 fosas comunes, siendo una de ellas, la de Málaga, la más grande de toda Europa después de la de Sebrenica, en la antigua Yugoslavia. No pocos historiadores y analistas políticos consideran que la configuración sociológica andaluza, marcada por una hegemonía de la ideología progresista y de izquierdas mantiene con lo anterior una relación causa-efecto.
Sin embargo, Susana Díaz, en su discurso de investidura de septiembre de 2013, se olvidó de hablar de la memoria histórica, pese a la fuerte pujanza social que este movimiento memorialista mantiene en Andalucía, gracias a los nietos de las víctimas. Sólo se le vio empática e implicada con esta problemática en los pasados cursos de verano de la Fundación Garzón sobre derechos humanos en Torres (Jaén), donde alardeó de la inminente aprobación de una Ley de Memoria Democrática que reforzaría el papel de referente estatal y vanguardista de Andalucía en políticas memorialistas.
Entonces era un anteproyecto de ley que, tras un amplio proceso de participación de numerosas asociaciones de familiares y de expertos, tenía que dotarse de una memoria económica y pasar por el Consejo Consultivo. Era, además, una de las bazas más emblemáticas del socio de Gobierno —Izquierda Unida— en el paquete legislativo pactado para la coalición.
Pues bien, el pasado martes , 20 de enero, se aprobó por fin el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, un ambicioso texto legal inspirado en los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos que iba a pasar al Parlamento para su tramitación. Con la disolución anticipada de la Cámara, ya nunca podrá ser debatido ni aprobado.
Un texto producto del consenso de un Gobierno de izquierdas sensible a las demandas sociales, que facilita las exhumaciones desde las instancias públicas; que amplía el concepto de víctimas a familiares, niños robados y deportados en los campos nazis; que obliga a retirar la simbología fascista de nuestras calles; que quiere completar el mapa de fosas y elaborar un censo de las víctimas; que persigue llevar la memoria histórica a los institutos; que promueve la señalización de lugares de la memoria y crear un banco de ADN para la identificación de miles de desaparecidos. Que, en definitiva, pretende sustentar, reforzar y consolidar la justa reivindicación del movimiento memorialista sobre los tres grandes pilares homologados a nivel internacional de Verdad, Justicia y Reparación. Una ley de referencia nacional con proyección exterior que contrasta con la desactivación de facto por parte del Gobierno de Rajoy de la tímida Ley de Memoria Histórica de Zapatero.
Esa Ley de Memoria Democrática tan importante para situar la defensa de los derechos humanos desde Andalucía hacia España en sus justos términos será condenada al olvido por un adelanto electoral de dudosa justificación general y comprensión por parte de las familiares de las víctimas del franquismo. Dos años de intenso trabajo, de estudios, de preparación, de encajes jurídicos, de investigaciones, de análisis comparados, etc., que se van al garete de un plumazo. Una gestión política para avanzar que al final no ha servido para nada, salvo para crear frustración. La Ley de Memoria Democrática de Andalucía pasa así a formar parte de lo que pudo ser y no fue. Pasará al olvido, de donde tratan de salir las víctimas a las que pretendía amparar.
¿Adelanto electoral por el bien de Andalucía? Que se lo pregunten a las víctimas del franquismo, de nuevo condenadas al olvido.
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