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Reportaje
La neoyorquina Asociación de los Archivos de la Brigada Lincoln (ALBA) concedió el Premio Derechos Humanos a la Asociación para la Memoria Histórica para que continuara su trabajo
El grupo español ha realizado 156 exhumaciones de fosas comunes y ha recuperado los restos de 1.334 víctimas
La ausencia de subvenciones había obligado a despedir a los trabajadores del centro en el que se realizan las investigaciones y las identificaciones de los restos humanos
"El PP sacó de la agenda política el tema de la memoria histórica asfixiando a las asociaciones", asegura Marcos González, uno de los voluntarios de la ARMH
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Huesos en una caja. Teñidos de marrón por tantos años hundidos en la tierra, enterrados en el olvido. Sobre la tapa, una foto en blanco y negro, castigada también por el paso del tiempo. Y un nombre. Apenas unas letras; un antes y un después. "Ahora para mí ya ha acabado la guerra. Me puedo morir tranquilo". Ese momento en que un anciano agradece la entrega de los restos de su padre desaparecido durante el franquismo es una especie de instante mágico que compensa todos los esfuerzos que Marco González y los otros voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) llevan años haciendo en su laboratorio de Ponferrada. Un laboratorio al que casi echan el cierre hace unos meses por falta de financiación. Pero que seguirá vivo gracias a un premio de 100.000 euros que les ha otorgado hace unas semanas la Asociación de los Archivos de la Brigada Lincoln (ALBA), una institución con sede en Nueva York
En el laboratorio –unas instalaciones cedidas por la Universidad de León en 2008– se realiza todo el trabajo previo y posterior a la exhumación de una fosa. Desde su creación, en el año 2000, la ARMH ha abierto con éxito 156 fosas comunes. Y en las instalaciones de Ponferrada se han recuperado e identificado ya dos centenares de cuerpos. Pero sin dinero esa labor es imposible. La escasez había obligado hace más de dos años a rescindir el contrato a las cuatro personas que trabajaban a tiempo parcial en el laboratorio. Pero todos –un coordinador, un arqueólogo, un auxiliar de arqueología, un historiador– han seguido en sus puestos sin cobrar por el simple empeño de no bajar los brazos.
"Se nos acabó el paro y la situación se hizo insostenible", explica González, vicepresidente de la ARMH y parte de este grupo de irreductibles voluntarios. "Así que tuvimos que dejar en suspenso unos 50 casos que estábamos estudiando, hasta que la situación mejorara. Poner un punto y aparte y buscarnos la vida hasta que pudiésemos volver", relata. Y esa oportunidad ha llegado en el último momento, cuando ya no tenían casi esperanzas. El Premio de Derechos Humanos concedido de ALBA reconoce la labor de la ARMH y, a la vez, permitirá mantener abierto el laboratorio de El Bierzo al menos durante dos años.
"Nos hemos acostumbrado a trabajar con tan poco, a ahorrar hasta en lo mínimo, que podemos estirar ese dinero más de lo imaginable", ironiza González. "Se calcula que recuperar un cuerpo tiene un coste de unos 3.500 euros. Lo estábamos haciendo por 300", resume. ¿Cómo? Apelando a la solidaridad, tirando de voluntarios, negociando cada euro del alquiler de una retroexcavadora... "Es terrible que tengamos que hacer en estas condiciones un trabajo que es responsabilidad del Estado", defiende.
Omisión de deberes del Estado
Para Emilio Silva, presidente y fundador de la ARMH, este premio "evidencia la omisión de sus deberes humanitarios por parte del Gobierno español". Un vacío que también ha señalado el relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, Pablo de Greiff, en el informe que presentó en agosto. En el resumen este especialista expresó su "preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación del los restos" y critica que esta tarea se haya dejado en manos de familiares y asociaciones.
De Greiff explicó que, ante sus preguntas, el Gobierno despachó el tema refiriéndose al mapa de fosas y las subvenciones para exhumaciones. "Aunque desde 2011 el presupuesto para la ley de Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado", puntualizó el relator. Además, aseguró que el desentendimiento del Estado en este asunto provoca que en las exhumaciones no participen autoridades judiciales y que no existan registros oficiales sobre lo que encierran las 2.382 fosas que hay localizadas en España, y que contendrían más de 45.000 restos de personas.
De ambas cosas saben Marco y sus compañeros de Ponferrada. Del dinero evaporado y de la falta de información centralizada. De hecho, en los primeros años del laboratorio las cosas funcionaron gracias a las subvenciones; unos 60.000 euros anuales que recibían durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con Mariano Rajoy en La Moncloa las cosas cambiaron, las subvenciones para investigación se eliminaron y las destinadas a las exhumaciones no se sacaron a concurso. "El PP sacó de la agenda política el tema de la memoria histórica asfixiando a las asociaciones", asegura González.
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