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El director científico-técnico del Fondo Documental de la Memoria Histórica, Emilio Majuelo, cree que con una mayor implicación del Gobierno Foral se podría crear un centro, no necesariamente físico, en esta materia.
Este fondo, compuesto por fichas sobre personas asesinadas, que sufrieron agresiones de género u otro tipo de represiones, fue una petición de la Cámara en 2011.
Por el momento, esta herramienta, que se puede consultar por Internet, cuenta con 5.696 documentos validados.
¿Navarra quiere, de verdad, impulsar la recuperación de la memoria histórica o solo plantear medidas para salir del paso? Esta es una de las reflexiones que se han planteado asociaciones vinculadas a la memoria, tras el escaso presupuesto destinado, por ejemplo, a la realización de exhumaciones, la demora en la retirada de símbolos o los actos que aún se realizan en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona en honor a los responsables del alzamiento. Desde la UPNA, el director científico-técnico del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra, Emilio Majuelo, se plantea una reflexión similar mientras pide un impulso a esta tarea, y poder contar con un centro (no necesariamente físico) que, además de investigación que ya se está realizando, pueda centrarse en este ámbito.
La creación de este fondo documental virtual fue una petición realizada por el propio Parlamento de Navarra (se aprobó en 2009 y se tramitó en 2011), que encargó a la Universidad Pública (UPNA) agrupar la información correspondiente a las personas represaliadas entre 1936 y 1975. El objetivo es que, a través de Internet, cualquier persona pueda encontrar información sobre sus familiares. Ya sea con el nombre y apellidos, el lugar de nacimiento o de residencia, se puede buscar en las fichas elaboradas (y contrastadas, que es la clave), su filiación política o, incluso, buscar por qué tipo de represión sufrió la persona en cuestión: asesinato, agresión de género, desplazamiento, muerte en cautividad, represión económica y laboral…
Para ello, un equipo de cuatro personas (Fernando Mendiola, Gotzon Garmendia, Juan Carlos García y el propio Majuelo) busca entre archivos provinciales, militares, judiciales, penales o privados (hasta ahora, han tenido problemas para acceder a todos los registros de la cárcel, que se hacen mediante peticiones individualizadas y no llegando a todos los registros en su totalidad, algo que complica la búsqueda, y a los de la Guardia Civil, que según Majuelo ha asegurado que carece de ellos), los prepara, contrasta, codifica e inserta en esta base de datos. En la actualidad, y aunque no siguen un orden cronológico, la mayoría del trabajo se ha centrado en la Guerra Civil y cuentan con 5.696 documentos validados. En próximas fechas, esperan acceder a más información que aumentará esas cifras, algo que Majuelo señala como una prueba del ingente volumen de documentación que gestionan en la universidad. Han investigado en torno a 80.000 documentos (algunos quedarán en nada, pero otros pueden ofrecer nuevos detalles) y tienen unas 1.200 fichas, por el momento, a la espera de comprobarse la veracidad de su contenido.
“Si completamos este trabajo, será una herramienta genial para la investigación”, defiende Majuelo. No obstante, este doctor en Historia Contemporánea (que ha realizado publicaciones como Luchas de clases en Navarra 1931-1936 o Historia del sindicato LAB) es consciente de que “hablamos de 36 años de régimen” y que el proyecto es más que ambicioso. De hecho, cuenta en la actualidad con un presupuesto que ronda los 48.000 euros, y calcula que para impulsarlo como un centro apropiado, en el que este fondo fuera únicamente su parte investigadora, debería recibir unos 120.000 euros al año de las arcas forales. Para lograrlo, por tanto, cree que “el Gobierno debería tomar cartas en el asunto e implicarse”. UPN, por cierto, se abstuvo en la aprobación de la Ley foral de Memoria Histórica, clave para reivindicaciones como esta y la financiación de la investigación de fosas.
Sobre las exhumaciones
Preguntado sobre esta falta de avances (el Ejecutivo de Yolanda Barcina, al final de la legislatura, anunció que destinaba a la financiación de fosas una ayuda de 25.000 euros), Majuelo defiende que el Gobierno debería, simplemente, invertir el dinero para investigar las fosas pendientes: “Ya tenemos un mapa de fosas, sabemos por testimonios cuántas personas están y el problema podía resolverse de forma rápida destinando fondos”. Estas reivindicaciones, junto a, por ejemplo, qué puede hacer Navarra con el Monumento a los Caídos, ubicado en el Segundo Ensanche de Pamplona (en campaña, Izquierda-Ezkerra propuso demolerlo y EH Bildu, convertirlo en un centro de estudio sobre la memoria) y que para Majuelo es “una barbaridad”, son varios de los temas pendientes que esperan soluciones por parte del futuro Parlamento de Navarra.
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