divendres, 22 de juliol del 2016

80 años después, Argentina es el único país dispuesto a dar justicia a las víctimas del franquismo.


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Un familiar de las víctimas de la dictadura franquista participa en una manifestación


© AFP 2016/ Miguel Ropa
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Los crímenes cometidos por el franquismo cumplen 80 años de impunidad. Al día de hoy continúan desaparecidas 114.226 personas. Sigue habiendo 2.382 enterramientos clandestinos en fosas comunes, y cerca de 30.000 bebés robados aún no tienen su identidad restituida. Lo insólito es que estos delitos de lesa humanidad no son juzgados en España, sino en Argentina.
El 14 de abril de 2010, se interpuso una querella ante los tribunales de justicia argentinos con el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos por la dictadura franquista, se identifique a sus responsables y se los sancione penalmente.
Carlos Slepoy, el abogado que está al frente de la querella argentina, dijo, en entrevista exclusiva a Sputnik, que para ello "se aplica el principio de Justicia Universal, el mismo que aplicó España cuando investigaba los crimines cometidos por las dictaduras militares en Argentina, Chile y Uruguay. Este fundamento se basa en la idea de que los crímenes de lesa humanidad deben ser perseguidos por distintos países del mundo. Hay quienes sostienen que esto tiene que ser autorizado por la legislación interna, y otros que opinamos que esto no es necesario, pues es una norma de derecho internacional que debe ser aplicada. En todo caso, la ley española establecía que había crímenes contra la humanidad, concretamente crímenes de genocidio y terrorismo de Estado que podían ser perseguidos por la jurisdicción española aunque estos hechos se cometieran fuera del territorio español", explicó.
Mientas que la justicia argentina busca avanzar para resolver los crímenes contra la humanidad perpetrados a partir de la Guerra Civil española iniciada el 18 de julio de 1936, España impone una resistencia. "La propia Constitución argentina establece que los crímenes contra derechos de gentes serán perseguidos por juzgados argentinos. El fundamento de la querella argentina está en la propia Constitución. España no niega el fundamento jurídico, pero dice que estos crímenes no se pueden perseguir en España por la ley de amnistía y porque están prescriptos. Por tanto, no hacen caso a los pedidos de la justicia argentina, que ha solicitado en varias ocasiones la extradición de varias personas", agregó Slepoy.
Para el abogado, las instituciones españolas no han colaborado con la justicia argentina cuando ha pedido extradiciones, aunque la jueza María Servini de Cubría, a cargo de la investigación, sí ha viajado a España a tomar declaraciones y se han habilitado juzgados para que ella tome declaraciones con jueces españoles en los mismos juzgados.
Hubo dos momentos, según Slepoy, en los que se puede identificar la mayor resistencia por parte de España: "El primero fue cuando se pidió la extradición de dos torturadores muy conocidos y el Gobierno español aceptó el pedido y lo trasladó a la justicia, pero decidieron que no podían ser extraditados porque los delitos estaban prescriptos, y consideraron que no eran delitos contra la humanidad sino delitos aislados. Eso, a pesar de que había una cantidad de personas que denunciaban que las torturas se produjeron en el marco de una violación sistemática de los derechos humanos".
El segundo hecho fue en 2015, "cuando la justicia argentina pidió la extradición de 20 personas, muchos de ellos ministros del franquismo, que firmaron sentencias de muerte u ordenaron represiones donde hubo muertos. El Gobierno español directamente negó de plano la extradición", agregó Slepoy, quien admite que, a pesar de las trabas del Gobierno ibérico, la querella argentina ha conseguido y seguirá consiguiendo importantes progresos.
Sin embargo, estima que aún queda mucho camino por recorrer, y que la extradición sería un paso clave para lograr condenas efectivas. "De acuerdo con la ley argentina, solamente se puede juzgar a una persona en presencia. Por lo tanto, para que pueda haber una condena, tendrían que ser extraditados. Esa realidad por ahora está un poco lejana", concluye.
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