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REDACCIÓN
Domingo 18 de noviembre de 2012
Convocadas por la Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, un nutrido grupo de personas se reunió frente a la puerta de la Embajada de la República Argentina, para acompañar a la delegación que hizo la entrega de más de cinco mil adhesiones a la querella que se está tramitando en Buenos Aires.
A través de la firma de estas adhesiones, las personas que por diversas razones no pueden presentarse como querellantes, porque no son represaliados directos o ninguno de sus familiares ha sido víctima de la represión franquista, han podido manifestar su apoyo a la causa abierta en la Argentina en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de la jueza Doña María Servini de Cubría.
La delegación fue recibida por María Belén Bogado, jefa de Cancillería, y Carlos María Duhalde, consejero de Derechos Humanos de la Embajada acompañados de otros funcionarios de esa representación diplomática. Hicieron entrega de las adhesiones, junto a los dos letrados argentinos residentes en Madrid que integran el equipo de abogados que lleva adelante esta causa, Carlos Slepoy y Ana Messuti, representantes de diversas asociaciones, que organizan distintos sectores de la población que han sido particularmente victimizadas por la dictadura: Carmen Luque Delgado, por la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, Pepe Casado por el sindicato Comisiones Obreras, Felisa Echegoyen por la asociación de presos(as) del franquismo La Comuna, Fausto Canales Bermejo, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Julián Rebollo, por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo y Lila Parrondo, por las Abuelas de Plaza de Mayo (esta asociación se ha unido a la querella desde que fue presentada, el 14 de abril de 2010).
La importancia de este acto es evidente: pone de manifiesto, además de un amplio respaldo por parte de importantes sectores de la sociedad española, la voluntad de colaboración del Gobierno argentino en la tramitación de esta causa. En efecto, dado que de momento no ha sido posible concretar el viaje de la jueza a España, se ha previsto que el Juzgado Federal competente en Argentina tome declaraciones desde España por videoconferencia, para lo cual la buena disposición de las autoridades diplomáticas argentinas es fundamental.
El acto tuvo lugar el pasado día 12 y contó con la presencia de periodistas de numerosos medios escritos, radio y TV. A día de hoy, ninguno de ellos ha difundido esta noticia. Razón de más para darla a conocer a nuestros lectores y lectoras.
A través de la firma de estas adhesiones, las personas que por diversas razones no pueden presentarse como querellantes, porque no son represaliados directos o ninguno de sus familiares ha sido víctima de la represión franquista, han podido manifestar su apoyo a la causa abierta en la Argentina en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de la jueza Doña María Servini de Cubría.
La delegación fue recibida por María Belén Bogado, jefa de Cancillería, y Carlos María Duhalde, consejero de Derechos Humanos de la Embajada acompañados de otros funcionarios de esa representación diplomática. Hicieron entrega de las adhesiones, junto a los dos letrados argentinos residentes en Madrid que integran el equipo de abogados que lleva adelante esta causa, Carlos Slepoy y Ana Messuti, representantes de diversas asociaciones, que organizan distintos sectores de la población que han sido particularmente victimizadas por la dictadura: Carmen Luque Delgado, por la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, Pepe Casado por el sindicato Comisiones Obreras, Felisa Echegoyen por la asociación de presos(as) del franquismo La Comuna, Fausto Canales Bermejo, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Julián Rebollo, por la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo y Lila Parrondo, por las Abuelas de Plaza de Mayo (esta asociación se ha unido a la querella desde que fue presentada, el 14 de abril de 2010).
La importancia de este acto es evidente: pone de manifiesto, además de un amplio respaldo por parte de importantes sectores de la sociedad española, la voluntad de colaboración del Gobierno argentino en la tramitación de esta causa. En efecto, dado que de momento no ha sido posible concretar el viaje de la jueza a España, se ha previsto que el Juzgado Federal competente en Argentina tome declaraciones desde España por videoconferencia, para lo cual la buena disposición de las autoridades diplomáticas argentinas es fundamental.
El acto tuvo lugar el pasado día 12 y contó con la presencia de periodistas de numerosos medios escritos, radio y TV. A día de hoy, ninguno de ellos ha difundido esta noticia. Razón de más para darla a conocer a nuestros lectores y lectoras.
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