dijous, 25 de febrer de 2016

CyL. El PSOE denunciará a pueblos y obispos que no cumplan con la Memoria Histórica.


http://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-psoe-denunciara-pueblos-y-obispos-no-cumplan-memoria-historica-201602231037_noticia.html


Pide a la Junta que en un año lleve a cabo la medidas necesarias para quitar la simbología franquista y reclama un banco de ADN sobre las víctimas

La retirada de un símbolo franquista a golpe de martillo en Sepúlveda no gustó en el pueblo - ABC
I. JIMENOValladolid - 23/02/2016 a las 10:37:51h. - Act. a las 10:41:59h.Guardado en: Castilla y León
Ayuntamientos, diputaciones y obispados figuran en el punto de mira del PSOE que, en su intención de situar a Castilla y León a la «vanguardia» de España en el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, está dispuesto a llegar a los tribunales contra ellos. Ya está elaborando un catálogo con los carteles de calles, monolitos, escudos estatuas, símbolos... alusivos a la Guerra Civil y al Franquismo que será su base para «denunciar» a las corporaciones locales e Iglesia que «no hacen nada para cumplir la ley». Así lo anunciaron ayer el procurador Álvaro Lora y la secretaria regional del Juventudes Socialistas, Andrea Carrascal, quienes también criticaron a la Junta de Castilla y León porque, a su juicio, está «dando la espalda» a las «víctimas» de esa época y es «cómplice de perpetuar la humillación».
Lo hacen con el cronómetro ya en marcha. En un año quieren que no quede sobre el terreno de la Comunidad vestigio alguno de aquella época. Si para entonces prosiguen, interpondrán denuncias.
Los socialistas no han cuantificado el coste para las arcas públicas de sus medidas
Para que mueva ficha la administración regional, el Grupo Parlamentario Socialista presentará en las Cortes regionales una Proposición No de Ley(PNL) en la que insta a la Junta a llevar a cabo más de media docena de medidas «revolucionarias» en este sentido, entre las que incluye, por ejemplo, una base de datos de ADN o becas de investigación, pero para las que no cuantificó el coste económico para las arcas públicas. «Igual» que dedica una partida a memoria histórica, que la destine «para esto», se limitaron a decir.

Doce meses de plazo

Exige que en un plazo «máximo de doce meses» hayan llevado a cabo las medidas «necesarias» dentro de sus competencias para que «se produzca la retirada» por parte de las corporaciones locales de la Comunidad de los escudos, placas y otros símbolos en que se «exalte el golpe de 1936 y el Franquismo». Pide también en este sentido que se arbitren los mecanismos pertinentes para que si no sea el Gobierno autonómico el que subsidiariamente lo lleve a cabo. Además, reclama un catálogo de lugares de memoria histórica en Castilla y León en el que reclama incluir los espacios, inmuebles o parajes «de singular relevancia vinculados con la represión y violencia por la resistencia al golpe de 1936 y la dictadura», para los que exige, además, que se garantice su conservación.

Pruebas genéticas

El tercer punto insta a la realización de pruebas genéticas para la identificación de los restos óseos de las víctimas y construir con estos un banco de ADN. Colaborar con las asociaciones en este ámbito, la puesta en marcha de becas universitarias para investigadores sobre memoria histórica en Castilla y León o la colaboración con documentales, publicaciones y otras de teatro en los que ésta sea la temática central son otras de las peticiones de la PNL. Y «fundamental», explicó Álvaro Lora, también considera elaborar un listado de víctimas a modo de «homenaje y recuerdo».
Quieren que con estas actuaciones Castilla y León se sitúe a la «vanguardia»
Su ofensiva también llegará a los ayuntamientos y diputaciones, donde el PSOE presentará mociones con un cuádruple objetivo. El primero y doble, retirar de «forma inmediata» la simbología franquista y dar a esos espacios públicos nombres de personas o hechos «que sirvan de ejemplo a esta social». «Favorecer» el estudio y facilitar la recopilación de datos a través de los archivos, instar a los obispados a retirar esa misma simbología y a la Junta a que establezca medidas «en favor de quienes sufrieron persecuciones o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura» completan sus peticiones.
Si a través de esta vía no lo logran, llegarán a los tribunales a través de denuncias a ayuntamientos, diputaciones y obispados que estimen que vulnera la ley. «Es el momento de que se cumpla la ley», recalcó Lora, quien consideró que «no creo que sirva para abrir heridas, sino para cerrarlas».