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Parece que ha pasado mucho tiempo desde entonces pero fue ayer y podría ser hoy. El juez Baltasar Garzón fue expulsado el día 20 de febrero de 2012 de la carrera judicial al ser declarado culpable de prevaricación, por haber ordenado escuchas en la cárcel entre los acusados de una red de corrupción que afectaba a exmiembros del Partido Popular y a sus abogados, conocida como trama Gurtel. Aquel día, ya había finalizado el juicio celebrado en su contra, acusado de prevaricación por haberse declarado competente en 2008 para investigar los crímenes del franquismo. Este juicio se hizo famoso porque fueron citados a declarar ante el Supremo como testigos de su defensa, algunas víctimas del franquismo, como María Martín de Pedrobernardo, Fausto Canales, Pino Sosa u Olga Alcega. Toda España pudo comprobar aquellos días el inconmensurable espanto de la impunidad de los crímenes de los que habían sido víctimas las personas que defendieron la legalidad republicana.
Sin embargo,en aquella fecha Garzón estaba suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010 por la misma causa, iniciada a partir de sendas denuncias de Manos Limpias y Falange Española en 2009. Como consecuencia de la persecución ideológica al juez Garzón, las víctimas del franquismo organizaron numerosos actos de protesta desde una performance en la entrega de los Goya de 2010, pasando por la multitudinaria manifestación contra la impunidad de abril de 2010, encierros, actos públicos de condena y apoyo, etc.
Sin temor a exagerar se puede concluir por tanto que Baltasar Garzón es desde entonces la última víctima del franquismo y que en consecuencia el franquismo permanece.
Cronología: Garzón y la causa por los crímenes del franquismo
EL PAÍS Madrid 28 ABR 2010 - 13:42 CET
El 16 de octubre de 2008 Baltasar Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil española y el franquismo por considerarlos un delito dentro del contexto de crímenes contra la humanidad. Su juzgado admitió a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista y autorizó exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, en la que supuestamente se encontrarían los restos del abuelo de una denunciante.
La decisión del juez fue muy contestada por ciertos sectores que se oponían además a la ley de "Memoria Histórica" aprobada por el Gobierno del PSOE en 2007 y que tachaban de provocar el enfrentamiento entre españoles. La investigación también contó con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que interpuso recurso de apelación -por tanto, ante la Sala de lo Penal y no ante el juez Baltasar Garzón- contra la decisión de éste de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
El juez se inhibió en un auto del 18 de noviembre de 2008 a favor de los juzgados territoriales donde se encuentren las fosas. El 28 de noviembre de 2008 el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó, por catorce votos a favor y tres en contra, que el juez carecía de competencia para investigar las desapariciones.
El asunto acabó en el Tribunal Supremo, ante quien el sindicato ultraderechista "Manos Limpias" presentó una querella por prevaricación contra el juez, que fue admitida a trámite por el Alto Tribunal el 27 de mayo de 2009 . Como respuesta a la querella, el juez Garzón presentó el 30 de mayo de 2009 en la sala segunda del Tribunal Supremo un recurso en el que negaba haber prevaricado al declararse competente para investigar los hechos. El recurso fue rechazado por el Supremo el 17 de junio de 2009 , en contra de la opinión de la fiscalía.
A la querella presentada por "Manos Limpias" se unió el 24 de junio de 2009 una nueva interpuesta esta vez por la asociación "Libertad e Identidad". En el auto la sala de lo penal del Alto Tribunal se declaró competente para instruir la causa y acordó acumular la querella a la presentada con anterioridad.
Finalmente el juez declaró ante el Alto Tribunal el 9 de septiembre de 2009 . Dos días antes, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) había expresado su apoyo al juez Garzón y su preocupación por una decisión, la investigación abierta por el Tribunal Supremo, contraria a "los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura". La defensa del juez Garzón presentó ante el Supremo el 15 de septiembre de 2009 una nueva resolución judicial en la que se considera competente para investigar.
Una nueva querella, presentada esta vez por Falange Española de las JONS, fue admitida a trámite el 13 de enero de 2010 al reconocer el Alto Tribunal que la querella era coincidente con las previamente presentadas y admitidas a trámite. En un auto notificado el 4 de febrero de 2010 por el instructor de la causa, Luciano Varela, el Supremo rechazó archivar la causa. Según Varela, Garzón "decidió conscientemente ignorar u orillar" la Ley de Amnistía al declararse competente para investigar.
El CGPJ decidió el 9 de febrero de 2010 iniciar los trámites para decidir la suspensión cautelar de funciones del juez por esta causa y por la segunda causa que tiene abierta ante el Tribunal Supremo: los emolumentos recibidos por parte del Banco de Santander durante su periodo de excedencia en Nueva York.
Garzón presentó el 10 de febrero de 2010 un recurso contra la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de rechazar el archivo de la causa abierta contra él por investigar los crímenes del franquismo, al considerar sus argumentos como insostenibles, incomprensibles y sin fundamento jurídico.
El 25 de marzo el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de apelación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la negativa del instructor del propio alto tribunal Luciano Varela a sobreseer el procedimiento, lo que daba luz verde a este para sentar en el banquillo al magistrado. El auto no solo avala "la muy técnica y bien construida motivación" del instructor, sino que viene a anticipar una probable condena al señalar que en las actuaciones "ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación".
El 7 de abril el magistrado del Supremo, Luciano Varela, deniega las pruebas solicitadas por Garzón y comunica que lo procesará por abrir sin competencias una causa contra la dictadura sin contar con competencias legales. Varela transforma las diligencias en un procedimiento abreviado y da un plazo a las partes (Manos Limpias, Falange Española de las JONS y Libertad e identidad) para formular un escrito de acusación. El auto admite recurso, aunque todos los recursos presentados hasta la fecha han sido rechazados por el Supremo.
Falange, finalmente, fue expulsada de la causa por errores de forma, decisión que ya ha sido recurrida.
El 28 de abril, Varela admite a trámite la recusación presentada por Garzón y se aparta del caso. Aunque posteriormente, la recusación es rechazada.
El juez Luciano Varela ordenó el 12 de mayo la apertura de juicio oral contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo.
El Consejo General del Poder Judicial suspende al magistrado de sus funciones.
Elaborado por el Servicio de Documentación de El País con informaciones propias y de la agencia EFE
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