diumenge, 21 de febrer de 2016

La AMH se lanza a denunciar «el expolio» franquista de más de 5.000 represaliados.


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I. Ballestero | Ciudad Real - domingo, 21 de febrero de 2016


    Responsabilidad civil y dinero republicano. La asociación sigue la pista de las sentencias de los consejos de guerra de alrededor de 5.000 represaliados y la incautación de bienes durante la contienda
    La última petición del Ayuntamiento de Herencia a los Mercedarios de la localidad para la retirada de dos placas de la entrada de su convento ha devuelto el debate de los vestigios de la dictadura a la actualidad de la provincia. En el foco se ha puesto a la Asociación Memoria Histórica (AMH) de Ciudad Real, de la que partió la petición inicial a instancias de un vecino de Herencia, pero desde el propio colectivo se subraya que el tema de la retirada de calles y símbolos con alusiones al franquismo es «terciario». De hecho, el esfuerzo de la asociación se centra en documentar el «expolio» del régimen franquista en la provincia, un trabajo ingente que pretende desembocar en una demanda de responsabilidad patrimonial en la que se señalen los bienes incautados por el régimen, y a través de la cual se solicite la reversión de los mismos a los herederos de aquellos a los que un día se les retiraron.
    El presidente de la AMH de Ciudad Real, José Antonio Millán, reconoce que lleva trabajando en el tema, a título individual, desde 2005, y la asociación centra sus esfuerzos en la labor desde el año 2009. «Las administraciones nos ponen muchas trabas y cada vez tenemos menos acceso a los documentos», aseguró Millán, que ofrece algunas cifras para cuantificar la labor. «Ahora mismo estamos trabajando a fondo con 50 consejos de guerra, y estimamos que en la provincia hay entre 4.000 y 5.000 fusilados con sentencia, más aquellos casos en los que no existió papel alguno».
    Para tratar de desentrañar el tamaño del «expolio», la asociación trabaja con dos procedimientos distintos. «Uno de ellos era la sentencia de responsabilidad civil ilimitada que seguía a los fusilamientos o a las penas de prisión tras los consejos de guerra, en los que no sólo se condenaba a la persona sino que a su viuda se la expulsaba». El segundo de los supuestos tuvo lugar durante la Guerra Civil, con el avance de las tropas sublevadas y el llamado dinero republicano. «Se instaba a todo el mundo a depositar sus bienes y su dinero en los bancos o se les quitaba casa por casa», afirmó Millán, «y se les entregaba un recibo». Con ese dinero, «financiaban la Quinta Columna o lo usaban para intercambiar divisas extranjeras». La realidad era «que no podían hacer efectivo el cobro del recibo, porque necesitaban tres avales del régimen». «Casi nadie recuperó su dinero», enfatizó.
    José Antonio Millán huye del discurso de que la asociación se mueve por venganza. «La gente comprometida con la memoria histórica es gente muy civilizada, estamos reclamando que se reconozca lo que sucedió y que haya reparación, porque hay gente que sigue en la pobreza por los bienes que un día quitaron a sus familiares», explicó, al tiempo que subrayó que «no defendemos posturas que tuvieran que ver con la violencia».
    El trabajo está en marcha pero es difícil poner una fecha para su finalización. «Los fusilamientos se redujeron en 1941 pero se mantuvieron hasta 1948, momento en el cual el franquismo dio por acabada la Guerra Civil», y la cifra de entre 4.000 y 5.000 fusilados con sentencia «puede ser pequeña, porque hay que añadir los desaparecidos». Decir una cifra total «sería especular», y aunque Millán reconoció que «no se puede juzgar a un muerto», enfatizó que la pista de los bienes incautados «sí se puede seguir, se puede ver de quiénes eran, quiénes los heredaron y quiénes los tienen ahora, para revertirlos».

    callejero. Para la AMH, el asunto del callejero es un asunto «terciario», pero el Foro por la Memoria Histórica trabaja para llevar a los municipios el cumplimiento de la ley. Su presidente regional, Emilio Sales, aseguró que en este asunto «ha habido muy poca voluntad política», y consideró que la ley articulada en su día «es muy laxa y poco concreta, porque en realidad no da plazos para la retirada de estos nombres y símbolos». Sales afirmó que este tema «es una cuestión de higiene democrática», y consideró que es «fácil» cambiar el nombre de las calles, «porque muchas tenían otro nombre antes y los pueblos las siguen conociendo así en muchos casos».
    En el Ayuntamiento de Ciudad Real, Ganemos impulsó una moción para la creación de una mesa en la que se estudie el callejero y se dé cumplimiento a la ley. Junto a calles como el pasaje Gutiérrez Ortega o las viviendas Vicente Galiana podrían estar otros nombres como José Antonio Aparicio Arce, Gregorio Sánchez Puerta o Fernando Merry Val. «Desde que impulsamos la moción no hemos tenido noticia de que se haya avanzado nada, pero claro que lo vamos a reclamar», explicó la portavoz del grupo, Nieves Peinado.