Este miércoles se cumplen doce años del primer resto óseo hallado de un represaliado en Priaranza del Bierzo / El Gobierno elimina 60.000 euros de los PGE
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Luis V. Huerga 31/10/2012
Exhumación de los trece cuerpos de la fosa de Priaranza en 2000.
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El 28 de octubre del año 2000 comenzaron los trabajos, pero no fue hasta el 31 de ese mismo mes, del que se cumplen ahora doce años, el día en el que la máquina excavadora se topó con los primeros restos óseos, los de un pie. Era la fosa de Priaranza del Bierzo, donde yacían los cuerpos de trece vecinos de Villafranca del Bierzo, que fueron asesinados el 16 de octubre de 1936, apenas tres meses después de que comenzara la guerra civil.
Esta fue la primera ocasión en la que en España se accedía con métodos científicos a la exhumación de restos de una fosa común de represaliados durante la guerra. Era también la primera actuación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que en este 2013 se ha visto perjudicada por los recrotes del Gobierno de España, que ha retirado de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la partida de 60.000 euros anuales que venía percibiendo como subvención para poder realizar las investigaciones de localización de fosa, las exhumaciones y la identificación de los restos a través del ADN.
Desde aquel año 2000, la asociación ha localizado y excavado 155 fosas comunes y ha recuperado los cuerpos de 1.400 personas, en su mayoría hombres, que fueron ejecutados durante la guerra. Desde el año 2007, al ARMH cuenta con ese apoyo económico, que no cubre los gastos, pero que hasta ahora permitía tantear el terreno para localizar lugares en los que se presuponía la existencia de cadáveres. Ahora, se verán obligados a realizar sólo los trabajos en que se cuenta con una alta certeza de éxito.
Diez duros por un cuerpo
Como aquella fosa de hace doce años y que supuso el germen de la labor de la asociación para tratar de dignificar la memoria de los represaliados. De Villafranca del Bierzo partió un camión de gaseosas, que se detuvo en un desvío de la comarcal 536, a las afueras de Priaranza, y donde cuatro hombres asesinaron a 14 de las 15 personas apresadas en un principio. Uno de ellos, Leopoldo Moreira, logró escapar y dejó testimonio de lo sucedido, aunque seis meses más tarde sería, igualmente, asesinado.
La familia de uno de los represaliados pagó diez duros para poder recuperar el cadáver. Por eso, aquella primera fosa que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica abrió, contaba con los cuerpos de trece de los quince hombres. El arqueólogo leonés Julio Vidal y la antropóloga forense María Encina Prada dirigieron los trabajos bajo la supervisión de Francisco Cubero, la persona que, con 85 años, todavía recordaba dónde enterró de forma obligada los cuerpos de sus vecinos. Una fosa que se detectó gracias al empeño del periodista Emilio Silva, nieto de uno de los asesinados.
Reducción en investigaciones
Desde aquel octubre de 2000 hasta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dispuso subvenciones para los trabajos de la ARMH, en 2007, esta asociación excavó un centenar de fosas simplemente con la colaboración de los voluntarios, con las donaciones y las cuotas de los socios. Eran 60.000 euros anuales que permitían poder ahondar más en las investigaciones y extender las labores de búsqueda de fosas en lugares poco concretos durante más tiempo. Eso se ha acabado.
“En vez de trabajar durante todo el año, tendremos que abrir fosas puntualmente, pero nunca dejaremos de reivindicar los derechos de los familiares y a la justicia de las víctimas que están enterradas”, comenta Marco Antonio González, vicespresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, consciente de que, probablemente, el ritmo de exhumación actual, de entre 35 y 50 cuerpos cada año, se deberá reducir por estas circunstancias económicas. “Tenemos casos, un montón de fosas localizadas, pero en muchos de ellos no sabemos exactamente dónde están los cuerpos. Tendremos que hilvanar más todavía, esforzarnos más y elegir fosas viables, que sepamos que están aquí y que, irrefutablemente, es este el lugar”.
Los gastos de la asociación pasan por el desplazamiento, manutención y alojamiento de de los voluntarios que acuden a los trabajos, así como para la contratación de las máquinas excavadoras. “Antes, los ayuntamientos nos las cedían, pero desde hace años se ha externalizado este tipo de servicios y los municipios no tienen excavadoras. A esos maquinistas hay que pagarlos”. Pero, sobre todo, el gasto principal, que ronda entre 450 y 600 euros por cuerpo, es el de la identificación mediante el cotejo de ADN.
Veinte cuerpos por indentificar
De hecho, en toda España están pendientes de identificar una veintena de cuerpos por cuestiones económicas. Según Marco Antonio González, lo prioritario es la localización y exhumación de los cuerpos, que se encuentran en parajes o cunetas donde se pueden realizar obras y dañar los restos. Una vez que se localizan y rescatan los cadáveres, se trasladan a lugares donde se encuentran en “óptimas condiciones de conservación”. “Aunque no sean identificados inmediatamente, los restos están mejor ahí que en cualquier cuneta”, ha indicado el vicepresidente.
Según González, “si el Estado quisiera” podría hacerse cargo de ese “coste irrisorio” que, sin embargo, para la asociación supone un gran esfuerzo. Pero el Gobierno “se desentiende de este asunto” y es la asociación o las propias familias las que tienen que pagar laboratorios privados para contrastar el ADN, ratificar la identidad del cuerpo y poder darle una digna sepultura. La ARMH, ahora que se ha retirado el apoyo público, valora firmar convenios de colaboración, buscar nuevos socios y encontrar nuevas vías de financiación para poder continuar rescatando la memoria.
Esta fue la primera ocasión en la que en España se accedía con métodos científicos a la exhumación de restos de una fosa común de represaliados durante la guerra. Era también la primera actuación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que en este 2013 se ha visto perjudicada por los recrotes del Gobierno de España, que ha retirado de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la partida de 60.000 euros anuales que venía percibiendo como subvención para poder realizar las investigaciones de localización de fosa, las exhumaciones y la identificación de los restos a través del ADN.
Desde aquel año 2000, la asociación ha localizado y excavado 155 fosas comunes y ha recuperado los cuerpos de 1.400 personas, en su mayoría hombres, que fueron ejecutados durante la guerra. Desde el año 2007, al ARMH cuenta con ese apoyo económico, que no cubre los gastos, pero que hasta ahora permitía tantear el terreno para localizar lugares en los que se presuponía la existencia de cadáveres. Ahora, se verán obligados a realizar sólo los trabajos en que se cuenta con una alta certeza de éxito.
Diez duros por un cuerpo
Como aquella fosa de hace doce años y que supuso el germen de la labor de la asociación para tratar de dignificar la memoria de los represaliados. De Villafranca del Bierzo partió un camión de gaseosas, que se detuvo en un desvío de la comarcal 536, a las afueras de Priaranza, y donde cuatro hombres asesinaron a 14 de las 15 personas apresadas en un principio. Uno de ellos, Leopoldo Moreira, logró escapar y dejó testimonio de lo sucedido, aunque seis meses más tarde sería, igualmente, asesinado.
La familia de uno de los represaliados pagó diez duros para poder recuperar el cadáver. Por eso, aquella primera fosa que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica abrió, contaba con los cuerpos de trece de los quince hombres. El arqueólogo leonés Julio Vidal y la antropóloga forense María Encina Prada dirigieron los trabajos bajo la supervisión de Francisco Cubero, la persona que, con 85 años, todavía recordaba dónde enterró de forma obligada los cuerpos de sus vecinos. Una fosa que se detectó gracias al empeño del periodista Emilio Silva, nieto de uno de los asesinados.
Reducción en investigaciones
Desde aquel octubre de 2000 hasta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dispuso subvenciones para los trabajos de la ARMH, en 2007, esta asociación excavó un centenar de fosas simplemente con la colaboración de los voluntarios, con las donaciones y las cuotas de los socios. Eran 60.000 euros anuales que permitían poder ahondar más en las investigaciones y extender las labores de búsqueda de fosas en lugares poco concretos durante más tiempo. Eso se ha acabado.
“En vez de trabajar durante todo el año, tendremos que abrir fosas puntualmente, pero nunca dejaremos de reivindicar los derechos de los familiares y a la justicia de las víctimas que están enterradas”, comenta Marco Antonio González, vicespresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, consciente de que, probablemente, el ritmo de exhumación actual, de entre 35 y 50 cuerpos cada año, se deberá reducir por estas circunstancias económicas. “Tenemos casos, un montón de fosas localizadas, pero en muchos de ellos no sabemos exactamente dónde están los cuerpos. Tendremos que hilvanar más todavía, esforzarnos más y elegir fosas viables, que sepamos que están aquí y que, irrefutablemente, es este el lugar”.
Los gastos de la asociación pasan por el desplazamiento, manutención y alojamiento de de los voluntarios que acuden a los trabajos, así como para la contratación de las máquinas excavadoras. “Antes, los ayuntamientos nos las cedían, pero desde hace años se ha externalizado este tipo de servicios y los municipios no tienen excavadoras. A esos maquinistas hay que pagarlos”. Pero, sobre todo, el gasto principal, que ronda entre 450 y 600 euros por cuerpo, es el de la identificación mediante el cotejo de ADN.
Veinte cuerpos por indentificar
De hecho, en toda España están pendientes de identificar una veintena de cuerpos por cuestiones económicas. Según Marco Antonio González, lo prioritario es la localización y exhumación de los cuerpos, que se encuentran en parajes o cunetas donde se pueden realizar obras y dañar los restos. Una vez que se localizan y rescatan los cadáveres, se trasladan a lugares donde se encuentran en “óptimas condiciones de conservación”. “Aunque no sean identificados inmediatamente, los restos están mejor ahí que en cualquier cuneta”, ha indicado el vicepresidente.
Según González, “si el Estado quisiera” podría hacerse cargo de ese “coste irrisorio” que, sin embargo, para la asociación supone un gran esfuerzo. Pero el Gobierno “se desentiende de este asunto” y es la asociación o las propias familias las que tienen que pagar laboratorios privados para contrastar el ADN, ratificar la identidad del cuerpo y poder darle una digna sepultura. La ARMH, ahora que se ha retirado el apoyo público, valora firmar convenios de colaboración, buscar nuevos socios y encontrar nuevas vías de financiación para poder continuar rescatando la memoria.
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